A finales de abril estaría listo el primer borrador del proyecto de ley que complementará la reforma al Sistema General de Participaciones, mediante una transferencia de competencias del Gobierno central a las regiones. Todo esto con el fin de abrir el debate y la meta de que el 20 de julio de este año se radique ante el Congreso, de forma oficial.
En este trabajo participan diversas carteras del Gobierno Nacional, en el marco de un comité técnico que está a cargo de Darío Indalecio Restrepo, el exdirector de la Misión de Descentralización que finalizó en 2024 y en diálogo con Portafolio explicó que buscan que todo el país haga parte de esta conversación.
Puede interesarle: Arroceros rechazan propuesta económica del Gobierno y se mantienen en paro
¿Cómo va el proceso?
El Gobierno Nacional ha estructurado el proceso de la siguiente manera: se creó un comité técnico integrado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación. Este comité, que actúa como un equipo de trabajo clave, es responsable de redactar la propuesta de la Ley de Competencias. El Ministerio de Hacienda ejerce tanto la secretaría técnica como la dirección técnica del comité.
Este comité mantiene una relación de coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Viceministerio de Agua, adscrito al Ministerio de Vivienda. En total, son cinco ministerios y el Departamento Nacional de Planeación los encargados de formular la propuesta de la Ley de Competencias. La reforma constitucional estableció un plazo de hasta 12 meses para terminar, pero trabajamos para tener un primer borrador en abril.
Darío Indalecio Restrepo, exidrector de la Misión de Descentralización.
Cortesía – A.P.I.
¿Por qué la premura?
Responde a la necesidad de abrir un amplio debate nacional sobre la Ley de Competencias. Dado que esta iniciativa implica una transformación en la descentralización del país, es fundamental que sea discutida con todos los sectores de la sociedad. Por ello, el Gobierno busca presentar un proyecto de ley que pueda ser analizado y debatido con los gobiernos territoriales, así como las organizaciones sociales, sindicales y étnicas y expertos.
Actualmente, ya se han iniciado acercamientos con estos sectores. Por ejemplo, con Naciones Unidas se conformó un equipo de expertos nacionales e internacionales que contribuirán con propuestas para el desarrollo de la ley. Asimismo, se han realizado primeras reuniones con las federaciones territoriales.
Otras noticias: Concluyeron las pruebas en proyecto ‘offshore’ Sirius: ¿qué viene tras los hallazgos?
¿A qué le apuntan con el proyecto?
Empecemos por el equilibrio alcanzado en el acto legislativo con tres palabras: autonomía, solidaridad y responsabilidad. Creo que ese es el balance fundamental que se logró, y me parece excelente. La autonomía significa que una entidad territorial tiene la capacidad de gestionar sus propios intereses y asuntos con independencia y responsabilidad.
Es un principio fundamental que rompe con la tendencia centralista del país, donde históricamente se han uniformado las políticas en los territorios, sin reconocer sus diferencias y necesidades particulares. La autonomía es un reconocimiento de la diversidad territorial y es el derecho que tienen las regiones a asumir competencias de acuerdo con sus atributos y decisiones.
Regiones
Julián Espinosa
¿A qué se refiere con solidaria?
Este es uno de los países más inequitativos de América Latina y del mundo. No estamos impulsando una ley que proclame el principio de «sálvese quien pueda y tenga los medios para ello». Por el contrario, buscamos un proceso de autonomía y descentralización que permita extender el Estado Social de Derecho a todos los territorios. Para ello, es fundamental cerrar las grandes brechas que existen entre las regiones.
El acto legislativo se centra en tres brechas principales: social, institucional y económica. El cierre de brechas sociales abarca desigualdades en salud, educación, agua potable y saneamiento básico, para la brecha institucional nos referimos a la baja capacidad administrativa y fiscal de la mayoría de los municipios y la brecha económica aborda las grandes desigualdades en desarrollo entre regiones y dentro de los propios departamentos.
Consulte también: ‘Para fomentar una mayor inversión, se requiere revisar la regulación vigente’: Claro
¿Hay ejemplos de las brechas?
En la brecha social, podemos señalar la mortalidad materna, que varía según la región, con más de 300 municipios sin hospitales ni especialistas. Además, el 55% de los colegios carece de agua potable y la infraestructura educativa tiene un retraso de 40 años. En la brecha institucional, hay diferencias enormes entre Bogotá y municipios pequeños como Chigorodó, con capacidades administrativas y tecnológicas muy distintas.
La brecha económica se refiere a las desigualdades dentro de los departamentos. Por ejemplo, aunque Antioquia, Atlántico y Santander tienen zonas desarrolladas, otras áreas dentro de estos mismos territorios permanecen rezagadas. Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos de América Latina, a pesar de 35 años de descentralización y éstas falencias tienen un componente geográfico.
Pesos colombianos
iStock
¿De qué trata el principio de responsabilidad?
El principio de responsabilidad implica que no se pueden desequilibrar las cuentas de la nación. Fortalecer el Sistema General de Participaciones hasta el 39,5% significa que el gobierno central transferirá recursos a departamentos y municipios para que asuman competencias y funciones, en lugar de que la nación siga ejecutando ciertos programas. No se trata de un gasto adicional, sino de una redistribución de recursos que debe garantizar el equilibrio fiscal entre los distintos niveles del Estado.
Este principio asegura que la descentralización no genere desorden financiero ni en la nación ni en los territorios. No es simplemente entregar recursos y desentenderse, sino velar por un balance fiscal entre el gobierno central y los entes locales. Así, el acto legislativo se basa en tres pilares clave: autonomía, solidaridad y responsabilidad.
¿Las regiones están preparadas?
Creo que más allá de si estamos listos o no, hay que hablar de que habrá unos criterios de distribución. Las regiones presentan distintos niveles de preparación para asumir competencias, por lo que la distribución de recursos debe priorizar a aquellas con mayores brechas sociales, institucionales y económicas.
Por eso se aplicará un criterio de discriminación positiva, destinando más recursos a los territorios con mayor precariedad, pobreza y necesidades específicas, como municipios afectados por el conflicto, con alta prevalencia ambiental, densidad étnica y una población predominantemente rural, garantizando una asignación más equitativa.
Además, se busca fomentar la asociatividad territorial para que los municipios trabajen conjuntamente en proyectos supramunicipales, optimizando el uso de los recursos. Asimismo, se implementarán estrategias de fortalecimiento institucional, asegurando que las entidades locales mejoren su capacidad de gestión.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2025-03-10 21:11:00
En la sección: Sección