Los detalles del decreto de conmoción interior que emitió el presidente Gustavo Petro | Gobierno | Economía

Finalmente y tras casi una semana de incertidumbre y debates sobre los caminos que podría tomar el Gobierno para atender la crisis social que se vive en el Catatumbo, por los conflictos entre el ELN y las disidencias de las Farc, desde la Casa de Nariño se dio a conocer el decreto que declara el estado de conmoción interior en esta región.

Esta es una decisión que se basó en las facultades que le da la Constitución de 1991 al Presidente de la República, para atender emergencias, ya sea por desastres naturales, crisis de seguridad o recesión económica, entre otras causas, ya sea en un territorio específico o en toda la geografía nacional.

El último antecedente de una declaración de conmoción interior se dio en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en 2008, por un prolongado paro judicial que amenazaba con una excarcelación masiva y antes de eso, el mismo Uribe había decretado la conmoción al llegar al poder en 2002, en el periodo más violento del conflicto armado interno colombiano.

¿Dónde aplica?

Lo primero que hay que decir al respecto es que la normativa deja clara su aplicación y descarta los rumores de aquellos sectores que denunciaban que se impondría el estado de excepción en todo el territorio nacional, al decir que será por el término de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander.

“La cual está conformada por los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San. Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La! Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”, reseña el documento.

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De esta forma, se dejan atrás las alertas de ciertos sectores que manifestaron en su momento que dicha declaratoria iba a servir de excusa para alterar el orden natural de los poderes en Colombia, mediante su aplicación en todo el territorio nacional. Así mismo, se descartó que vaya acompañado de un decreto de emergencia económica.

¿Qué implica esta medida?

Según se lee en el Decreto 0062 de este 24 de enero de 2025, en el que se declara conmoción interior, la medida responde a la magnitud del desafío derivado del restablecimiento del orden público en la región del Catatumbo y que se requiere solicitar la cooperación de organismos internacionales y gobiernos aliados, para el financiamiento de programas humanitarios y de estabilización, lo cual implica llevar a cabo los ajustes presupuestales correspondientes.

De igual forma, busca contrarrestar la grave crisis de orden público derivada de la presencia de grupos armados ilegales como el ELN, los GAO, los ‘Pelusos’ y el Clan del Golfo, responsables de actividades delictivas en estas zonas estratégicas y que desde hace semanas tienen azotada la región.

“Es necesario adoptar medidas extraordinarias en materia contractual con el objeto de agilizar la ejecución de los recursos requeridos para garantizar la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana en la región del Catatumbo y en el área metropolitana de Cúcuta”, dice el decreto.

¿Cómo se financiará?

Por último, hay que decir que tras la declaración del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, en el área metropolitana de Cúcuta y en los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar, el Gobierno creará “una demanda de recursos no prevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para conjurar la perturbación e impedir la extensión de sus efectos».

Teniendo en cuenta que se necesitará una plata que no estaba proyectada, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, confirmó a Portafolio que se adoptarán varias medidas para generar los recursos, entre las que destaca el IVA a los juegos de suerte y azar en línea, una iniciativa que se hundió en el Legislativo en 2024, ya que se era parte del proyecto de ley de financiamiento.

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Sumado a ello, el ministro Guevara dijo a este medio, que también se está contemplando la posibilidad de realizar traslados presupuestales para priorizar la atención, no obstante, fue enfático en que todavía no hay medidas concretas, pero que se analiza cómo mover los recursos -que son insuficientes-, para poder atender la emergencia humanitaria.

El jefe de la cartera económica aclaró que las medidas adoptadas para enfrentar la crisis del Catatumbo serán temporales y no tienen como objetivo reemplazar al Legislativo ni implementar cambios estructurales de largo plazo, dado que buscan responder a la coyuntura nacional con soluciones inmediatas, manteniendo el marco institucional y respetando los procesos legislativos vigentes.

Desplazados por la violencia acuden a solicitar ayuda en la alcaldía de Cúcuta.

Andrés Carvajal / Portafolio

Asimismo, señaló que los recursos del Sistema General de Regalías podrían utilizarse para atender la situación en el Catatumbo, aunque destacó que esta propuesta generará importantes debates y que la discusión sobre cómo priorizar estos fondos será crucial para equilibrar las necesidades locales con el marco normativo que regula su uso.

Por último, Guevara sostuvo que se dará prioridad al gasto social en esta coyuntura y puso como ejemplo el aumento del impuesto a los juegos de azar, que podría recaudar $600.000 millones en un plazo de 90 a 180 días. Sin embargo, enfatizó que la Ley Orgánica del Presupuesto limita la redistribución de recursos entre sectores en la misma vigencia, por lo que será necesario priorizar cuidadosamente el gasto social.

Luego de esta declaratoria de conmoción interior, el siguiente paso del Gobierno Nacional será la emisión de los demás decretos que reglamentarán dicha decisión, en un proceso muy similar al de la declaratoria de emergencia económica y social en La Guajira, a comienzos del año pasado.