El sector de los servicios públicos se encuentra en medio de alertas por posibles cambios a las leyes que rigen este sector, las 142 y 143 de 1994. Algunos cambios, como ha anunciado el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, incluyen modernizaciones al sector, puesto que muchos cambios tecnológicos han ocurrido desde que se emitió la legislación hace unos 30 años.
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Los cambios, según Camacho, también incluyen temas como el planteamiento de un mínimo vital para los servicios públicos.
En este contexto, los gremios que agrupan a las empresas de electricidad y gas natural, señalaron que hay una serie de retos, que deben ser afrontados, por medio de la regulación, más que por medio de la ley de servicios públicos.
De hecho, Camilo Marulanda, gerente de Isagen, expuso que las situaciones coyunturales no deben ser trabajadas por medio de la reforma a las leyes de servicios públicos, sino por medio del fortalecimiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
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Los gremios y empresas del sector de gas natural llamaron la atención sobre las dificultades que tienen para abastecerse de este energético para el próximo año. En diciembre de este año se vencen contratos por 129 GBTU diarios, que supone un reto porque no se conocen las declaraciones de producción, y podría evidenciarse una falta de gas.
De hecho, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, advirtió que para el próximo año están notando un faltante de 83 GBTU día. Esto es el equivalente a 8% de la demanda del país y que continuaría creciendo en los siguientes años hasta ser de 355 GBTU diarios en 2029.
Esto, para Luz Stella Murgas, significa que se necesitan respuestas rápidas para la incorporación de gas en el corto y mediano plazo. Dentro de los aspectos de mediano y largo plazo que se deben tener en cuenta que las reservas del país deben incrementarse, “la única manera de incrementar reservas es incrementando la actividad exploratoria”, señaló en el marco del Congreso de Andesco.
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El más reciente informe de recursos y reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) muestra que las reservas volumétricas probadas (1P) de gas cayeron, lo cual hace que el país tenga gas natural para 6,1 años. Vale la pena recordar que con corte a 2022, el país contaba con 2,82 terapiés cúbicos (Tpc) de gas natural, mientras que en 2023, el dato fue de 2,37 terapiés cúbicos.
Presidentes de gremios de energía y gas durante Andesco
Andesco
Esto implica que para este momento se debe analizar fuentes externas de abastecimiento, como la posibilidad de traer gas desde lugares como Venezuela. Esto es uno de los temas que presentó Ecopetrol como parte de su estrategia, que señala que para 2025 se podría traer gas desde el vecino país, que se sumaría a otras formas de importación, como el gas natural licuado (GNL).
“Es claro que hay que dar prioridad a los hallazgos de gas en Colombia y habilitar las fuentes viables de importación”, dijo Murgas.
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De forma similar, el mercado eléctrico está evidenciando una presión entre la oferta y la demanda, que hace que el balance sea estrecho para los próximos años. Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, expresó que no han entrado al sistema cerca de 4 gigavatios de energía, que se supone que deberían haber ingresado.
Destacó que a pesar de eso el sistema eléctrico logró superar el fenómeno de El Niño, “gracias a la gestión de los embalses y las plantas térmicas”.
Sin embargo, para los próximos eventos climáticos fuertes puede ser complejo para el sistema responder. De acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, parte de la capacidad de respuesta ante el fenómeno climático se explicó porque el marco regulatorio “que funcionaba”, pues se habían hecho ajustes en los pasados momentos críticos.
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Todos los gremios fueron enfáticos en la necesidad de que ingrese más energía al sistema, para lo cual es crucial que se dé la licencia en firme de la línea de transmisión Colectora, en La Guajira. Esta infraestructura eléctrica conectaría 1,05 gigavatios de energía renovable en los próximos dos años.
Línea de transmisión Colectora, de GEB, obtuvo la licencia ambiental
Anla
Otro de los retos para la prestación de este servicio está relacionado con temas financieros, de las empresas. En este sentido, el anuncio de que la Nación pagará el saldo de opción tarifaria correspondiente a la deuda de los estratos 1, 2 y 3. Esto serían unos $2,7 billones que asumiría el Gobierno.
José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, expuso que este es un enorme esfuerzo que se reconoce, porque será beneficioso, pero “falta un camino más largo por recorrer”.
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Los gremios de ambos sectores destacaron que es prioritario nombrar a los comisionados de la Creg en propiedad, que podrían asumir una gran parte de las necesidades que tienen los sectores para los próximos años.
Destacaron que sí hay temas que se deben revisar por medio de la ley de servicios públicos, pero debe hacerse bien, como estimó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2024-07-01 22:02:34
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