Personero pidió celeridad en investigaciones por presuntos malos tratos en clínica

Ante las denuncias por las difíciles condiciones de vida en las que fueron encontradas 65 personas que adelantaban procesos de rehabilitación en la fundación Caminos Reales, ubicada en el sector de Montañitas, en Terrón Colorado, el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, realizó una visita a dicho establecimiento.

En compañía de agentes de la Policía Metropolitana de Cali y personal de la Personería, el titular del Ministerio Público en Cali expresó: “Salgo triste de este sitio que más parece una cárcel que uno de rehabilitación, donde se siente un estado de zozobra en el que presuntamente se cometieron hechos violentos, que tiene que ser motivo de esclarecimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación”.

El personero enfatizó que se realizó de manera formal una denuncia que tiene su respectivo número de radicación y despacho fiscal asignado.

Mendoza Castrillón hizo un llamado para que las autoridades adelanten una intervención de carácter urgente y que se esclarezca a nivel judicial las denuncias sobre violencia, maltrato, tortura y otros actos a los que habrían sido sometidos sus internos.

“Como personero no puedo permitir que funcionen esta clase de espacios indignantes, pues el ente de control que represento defiende los derechos de todos, máxime si está en vilo la salud y la vida, anotando que puede considerarse mejor el hacinamiento carcelario que he venido denunciando semanas atrás, y por tanto, en buen momento la intervención para que continúe cerrado y no siga prestando servicios de tortura y maltrato, que reitero deben ser esclarecidos con celeridad por parte de la Fiscalía”, dijo el director de este ministerio público en Cali

En relación al representante legal de la fundación, el personero aseguró que dicha persona “jamás ha dado la cara ante estos abominables hechos y he tratado de localizarlo de diferentes maneras y no hemos logrado comunicación alguna, solo hasta este momento que se venció el término preventivo que decretó la Policía, como Ministerio Público hemos observar las condiciones denunciadas, que apuntan a que efectivamente hay responsabilidad que requiere esclarecimiento”.

Agregó: “Si bien el sitio fue cerrado por diez días por parte de la Policía, como lo establece la normatividad, se requiere la clausura total del lugar bajo las facultades que le asisten a la inspección de Policía, perteneciente a la secretaría de Seguridad y Justicia”.