Polémicas resoluciones de Minambiente prenden alertas en la Procuraduría | Gobierno | Economía

Ante la polémica que se ha generado en el país, por el proyecto de resolución que alista el Ministerio de Ambiente para establecer los lineamientos obligatorios para los planes de ordenamiento territorial en dos regiones estratégicas del país, la Procuraduría General de la Nación se pronunció y pidió más tiempo para dar un buen debate.

En un reciente comunicado, el Ministerio Público solicitó ampliar los plazos para la presentación de comentarios en dos procesos ambientales de gran relevancia para el país: el proyecto resolución para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá y el proyecto resolución para la declaratoria de Zona de Reserva en el Suroeste Antioqueño.

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“Se pidió a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una ampliación de 45 días hábiles para la consulta pública del Proyecto de Resolución «por medio de la cual se establecen los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá», considerando el impacto de esta normativa y la necesidad de otorgar un tiempo adicional para que los actores interesados puedan realizar un análisis técnico-jurídico riguroso y presentar observaciones que fortalezcan el proyecto”, dijo en su misiva.

Asimismo, según contó esa entidad, solicitó información georreferenciada en formato Shapefile, utilizada en el estudio técnico que sustenta la propuesta, con el fin de facilitar su evaluación detallada, teniendo en cuenta que el Gobierno alude que busca la protección de humedales y bosques secos, límites al uso del agua y restricción de urbanización en suelo rural y evaluación ambiental para nuevas infraestructuras.

Cabe resaltar que el proyecto de resolución no cayó para nada bien en diversos sectores, políticos y económicos y que fue rechazado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien amenazó con llegar a instancias judiciales si no se retira.

“Tener coherencia (…) hablan mucho de cuidar el agua de Bogotá, pero no hacen nada, hablan mucho de mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, pero le quitan la posibilidad de tener vivienda poniendo en riesgo el hábitat de más de 200 mil familias con esta resolución», afirmó el mandatario recientemente.

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El lío del Suroeste antioqueño

En su pronunciamiento y en aras de garantizar una participación más informada de las comunidades, sectores productivos y organizaciones ambientales, garantizando un análisis detallado y su impacto en el territorio, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios también pidió tiempo para otra importante iniciativa.

Se trata del Proyecto de Resolución «por la cual se declara una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada, del Suroeste Antioqueño», en el que se solicitó al Minambiente, una prórroga de 30 días hábiles para la presentación de comentarios.

Ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

EFE

“Ambas solicitudes se fundamentan en el derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales, consagrado en la Constitución Política de Colombia y el Acuerdo de Escazú, para garantizar procesos de consulta más abiertos, inclusivos y accesibles”, dijo la Procuraduría.

Según el Gobierno, esta normativa es el resultado de 18 meses de trabajo mancomunado con los diferentes sectores de la región, municipios, campesinado y movimientos ambientales y busca proteger el agua y las cuencas abastecedoras en los municipios hacen parte de la región, además de fortalecer la vocación agrícola y ambiental del territorio.

Si bien este segundo proyecto de resolución no ha causado tanto revuelo como el primero, para el ente de control es importante que se genere un debate abierto con todos los colombianos y las partes interesadas puedan intervenir, exponiendo los pro y los contra de ambas iniciativas, ya que pese a que la finalidad es loable y busca cuidar el medio ambiente, también tendrá serias implicaciones económicas.