En medio de la urgencia fiscal que enfrenta Colombia, el Gobierno Nacional ha señalado que parte del ajuste vendrá por la vía de la reducción del gasto tributario, es decir, por la eliminación progresiva de exenciones, tarifas reducidas y beneficios especiales que erosionan la base gravable. Todo con el fin de generar recursos adicionales que alivien la crisis de caja que vive el país desde hace meses.
Sin embargo, un reciente análisis del Centro de Estudios Económicos Anif sostiene que lo que podría sonar como una política de eficiencia fiscal es, en realidad, una medida con alto riesgo político y social si no se implementa con una estrategia adecuada; que tenga en cuenta que habrá un faltante de recursos a suplir.
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En el documento, titulado “Reducir gasto tributario implica mayores impuestos: ¿es viable en el corto plazo?”, este equipo plantea que desmontar exenciones no es una simple corrección técnica del sistema tributario, ya que en la práctica, significa subir impuestos, especialmente a los hogares más vulnerables, si no se acompaña de mecanismos de compensación social focalizada y de alto impacto.
Por eso, el centro de pensamiento considera que esta estrategia no solo enfrenta limitaciones institucionales, sino también un enorme costo político y recuerda que el gasto tributario en Colombia sigue siendo elevado, luego de que en 2023 alcanzara los $135,4 billones, equivalentes al 8,5% del PIB.
“De esa cifra, el mayor componente corresponde al IVA, con un gasto estimado del 5,6% del PIB. Particularmente, los bienes y servicios excluidos del impuesto representaron un hueco fiscal de 4,3 puntos del PIB. El resto se reparte entre beneficios en el impuesto de renta a personas naturales y jurídicas”, reseñaron.
Impuestos y gastos en Colombia.
Un problema de vieja data
Una comparación regional refuerza esta alerta y muestra que según datos del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Colombia ha tenido históricamente el mayor gasto tributario en IVA de América Latina y que a pesar de reformas tributarias recientes, este patrón persiste, limitando la capacidad recaudatoria del Estado sin aplicar aumentos generales en las tarifas impositivas.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la lógica del Gobierno consiste en cerrar esta brecha, en su Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025, el Ministerio de Hacienda prevé aumentar el recaudo en $19,6 billones a partir de 2026, apalancado principalmente en una nueva reforma tributaria que tocaría parte de estas exenciones.
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Sin embargo, ANIF considera que estas metas son poco realistas si se parte únicamente de medidas simbólicas o de difícil aplicación, como gravar iglesias o eliminar exenciones a bienes sensibles.
“Más allá de los números, el fondo del debate es social. Desmontar beneficios tributarios, en especial aquellos que hoy excluyen del IVA productos de la canasta básica o reducen el pago de renta a ciertos grupos, puede afectar de manera directa a millones de hogares que hoy apenas logran cubrir sus necesidades esenciales. Sin una política clara de compensación, el impacto regresivo de estas medidas podría agudizar la desigualdad”, indicaron.
Subsidios e impuestos.
Es por esto que el informe acota que “eliminar beneficios sin una estrategia social robusta es, en esencia, trasladar la carga fiscal a los más pobres” y dicen que la solución no pasa por frenar la reducción del gasto tributario, sino por diseñar mecanismos de redistribución modernos, eficientes y progresivos. En otras palabras, el Estado debería anticiparse con tecnología que permita focalizar las transferencias, como ocurre con el sistema de devolución del IVA, pero con mayor cobertura y menor burocracia.
El centro de estudios también recuerda que en 2021 se intentó una reforma estructural que proponía ampliar la base del IVA y eliminar exenciones, compensando a los hogares de menores ingresos. Sin embargo, la falta de respaldo político y el rechazo ciudadano sepultaron ese intento, lo que demuestra que este tipo de reformas requieren no solo fundamentos técnicos, sino también consenso social y legitimidad política.
En este contexto, Anif propone repensar la narrativa y tener en cuenta que no se trata solo de recaudar más, sino de construir un sistema más justo y sostenible y sostiene que para lograrlo, el país necesita un amplio pacto fiscal que combine mayor eficiencia en el gasto público, progresividad en la tributación y estrategias claras para proteger a la población más vulnerable, recordando que sin respaldo político ni herramientas efectivas de mitigación, la reducción del gasto tributario podría convertirse en una bomba social de tiempo.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2025-06-24 12:08:00
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