El dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Miguel Paz no llevaba ni dos meses desde que fue a trabajar en la cárcel de Cartago hasta que ser víctima de un atentado que lo tiene hospitalizado en el norte del Valle del Cauca.
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El atentado sucedió el pasado 16 de agosto. Hombres armados le dispararon cuatro veces, dejándolo grave por heridas en brazos y en el tórax.
«El funcionario está estable en un centro hospitalario, y estamos adelantando y desarrollando las actividades investigativas para ubicar y dar con el paradero de los responsables de este hecho», informó el comandante (e) de la Policía Valle, coronel Santiago Garavito.
Ante la situación, volvió el clamor de sindicalistas del Inpec y los mismos dragoneantes y guardias sobre robustecer más la seguridad a estos trabajadores.
El presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Óscar Robayo, señaló: «Siguen las amenazas por panfletos a funcionarios de la cárcel de Cartago».
Indicó que habría una ‘guerra’ entre las bandas que se disputan rutas del narcotráfico: ‘Los Flacos’ y ‘Nueva Generación’ (una facción de la primera por desacuerdos en el mismo grupo criminal armado).
«Quieren coaccionar a los funcionarios que están haciendo bien su labor y crear ese espacio de dominio y monopolio por parte de estos privados de la libertad», añadió.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el Valle del Cauca es uno de los departamentos del país con incidentes en contra de la vida e integridad de guardianes del Inpec.
«Desde el 2023, sus funcionarios en esa zona del occidente del país están en máxima alerta, toda vez que empezaron a ser amenazados de muerte por organizaciones que delinquen en el departamento; algunas de las intimidaciones han sido consumadas», informaron en el Ministerio Público.
«Además de las medidas de protección es necesario el fortalecimiento de la presencia institucional, especialmente en el Valle, donde la espiral de violencia contra los servidores públicos de ese organismo pareciera ir en aumento», anotaron en la entidad.
La Defensoría le solicitó este año al ministerio de Justicia implementar medidas urgentes, con carácter real y efectivo, que protejan la vida e integridad de funcionarios del Inpec como también le solicita garantizar las condiciones de seguridad para que puedan desempeñar sus labores.
“Es apremiante adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional, especialmente en el Valle del Cauca, donde se evidencia una espiral de violencia en contra de funcionarios del Inpec. El ministerio de Justicia, como cabeza del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, debe dar las garantías para que el personal del Instituto pueda desempeñar sus labores de vigilancia y custodia”, es el llamado.
La solicitud se hace debido a trágicos hechos en el año cuyas víctimas fueron algunos de los integrantes del personal de custodia en el departamento del Valle del Cauca.
Uno de esos casos sucedió el 9 de abril pasado, cuando hombres armados asesinaron en la entrada del penal en Buga al dragoneante Léider Romo Rojas, quien se disponía a realizar sus labores.
Ese mismo día, pero en el municipio de Tuluá, fue herido de gravedad con arma de fuego el dragoneante Nicolás Torres Noreña. Un día antes, en el municipio de Palmira, también fue ultimado Néstor Quevedo Díaz, quien era pensionado del Inpec.
«La situación que afrontan los guardianes del Instituto en el departamento es crítica. Así quedó evidenciado desde el 2023, cuando sus voceros advirtieron que se encontraban en riesgo por realizar sus labores misionales, puesto que empezaron a ser amenazados de muerte por organizaciones criminales que delinquen en esa zona del occidente de la geografía nacional», indicaron en la Defensoría.
También, dos funcionarios del Inpec fueron víctimas de atentados en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad del municipio de Jamundí.
«Lo que está ocurriendo se agrava con amenazas que se concretan a través del envío de coronas fúnebres y panfletos amenazantes a guardianas y guardianes en diferentes centros penitenciarios y carcelarios», señalaron en la Defensoría.
“Los derechos a la integridad, a la vida y al trabajo deben ser garantizados para los servidores públicos que en este momento son objeto de intimidaciones. La presión de los grupos armados ilegales no puede doblegar el aparato estatal”, anotaron.
El pasado 5 de marzo, la Defensoría dio a conocer que 63 personas adscritas al Inpec fueron asesinadas en los últimos siete años en Colombia, basada en datos oficiales del ministerio de Justicia, con corte a agosto del año pasado.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
Publicado el: 2024-08-18 09:04:21
En la sección: EL TIEMPO.COM -Colombia