A dos meses de cumplirse el trágico colapso de un edificio en el barrio Campo Alegre, de Barranquilla, las familias que resultaron afectadas por el hecho continúan en medio de la incertidumbre y la molestia.
Además de sufrir la pérdida de su propiedad, ahora enfrentan otra preocupación: la inseguridad en el lugar. Denuncian que delincuentes ingresaron en medio de las ruinas y accedieron a los apartamentos que aún quedan en pie para llevarse objetos de valor.
Hay que recordar que la caída de la torre 4 del conjunto residencial Privilegios ocurrió el pasado 28 de noviembre, en horas de la tarde. El suceso dejó una persona muerta y cuatro habitantes heridos.
La víctima mortal fue identificada como Nelly Luz Insignares, de 63 años, quien tenía una semana de estar en el lugar, visitando a su hijo y a sus cuatro nietos, quienes fueron rescatados entre los escombros.
A sus seres queridos, el Distrito indicó en ese entonces se les otorgó el auxilio funerario que cubre el ciento por ciento de los gastos asociados a esta lamentable pérdida.
Mientras que a los demás afectados por el colapso, la administración distrital los trasladó a un hotel de la ciudad y los acompañó en el retiro de solo los elementos básicos, como documentos y dinero, por riesgo del colapso del resto de la estructura.
Alrededores del conjunto residencial Privilegios. Foto:Vanexa Romero/ El Tiempo
Inconformismo por seguridad en el edificio
Un mes y medio después, las familias han manifestado su inconformismo por los robos que han sufrido en sus apartamentos, a los cuales ellos no tienen permitido el acceso por seguridad. Dicen que los ladrones se han robado hasta los inodoros.
“Todo se frenó en diciembre. Dijeron que el 15 de enero retomaban. Además de darnos un auxilio de 700 mil pesos por tres meses, nos dejaron dos semanas en un hotel”, cuenta una de las afectadas, quien prefirió no revelar su identidad.
La ciudadana cuenta que no está conforme con la suma que recibieron por parte de las autoridades, toda vez que es “insuficiente” para lo destinado, según considera. De igual manera, cuestiona el “poco acompañamiento” desde que ocurrió la emergencia.
“Cuando recién pasó eso, le pusieron un candado al edificio y decir que no podíamos entrar. Lo dejaron con poca vigilancia, solo había vigilancia en una de las entradas del edificio. Luego ya ni siquiera había vigilancia. Empezaron a saquear todos los apartamentos. En mi apartamento ni siquiera hay una puerta”, expresa la mujer.
La afectada añade que no tiene sentido que no le permitieron, según asegura, sacar a su mascota. Confiesa que ingresó al lugar a escondidas en horas de la noche para recuperarla. Sin embargo, los ladrones “sí tuvieron la facilidad” para llevarse sus pertenencias.
“No tienen más excusas para alargar el proceso legal, que lleva más de 18 años en pie sobre la indemnización de dichos apartamentos”, manifiesta la afectada.
Aguardan por concepto técnico sobre infraestructura
Alrededores del conjunto residencial Privilegios. Foto:Vanexa Romero/ El Tiempo
EL TIEMPO consultó a la Alcaldía de Barranquilla para conocer cómo avanza el proceso, pero hasta el momento no ha recibido un pronunciamiento oficial.
Lo último que se supo de manera oficial fue 24 horas después de la tragedia, cuando el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo determinó que “se realizará un análisis estructural de las edificaciones del conjunto Privilegios, tras el cual se emitirá un concepto técnico preciso sobre la estabilidad de esa infraestructura, que permitirá adoptar las medidas oportunas en el corto y mediano plazo”.
El proceso legal que podrían seguir los afectados
Este medio también habló con el abogado Fernando Borda, socio de la firma apoderada de las víctimas del complejo habitacional Colina Campestre, donde el Tribunal Administrativo del Atlántico falló a favor de demoler 27 torres por su grado de deterioro.
Borda analizó, en términos legales, lo que viene en este proceso, tras casi dos meses del colapso de una torre de Privilegios.
La emergencia se registró la tarde del 28 de noviembre. Foto:Captura de video
“La administración distrital, en el colapso de la torre 4 del Edificio Privilegios, a pesar de que hay una orden administrativa de desalojo que dio el Distrito, no se exonera de responsabilidad con el solo acto administrativo. Tiene probatoriamente que demostrar, en proceso de reparación directa, que hizo todo lo posible cuantas veces fue necesario por materializar en la práctica ese desalojo por motivos de riesgo inminente”, explicó el especialista.
Añadió que, si no prueba los actos de desalojo realizados en su momento, estará “condenada al pago de una indemnización plena y no compartida” por omisión del desalojo.
En cambio, si logra demostrar fehacientemente que sí hizo la tarea podría alegar culpa compartida, con base en la jurisprudencia que toca este tema, según indicó Borda.
Víctimas tienen dos años de plazo
“Para obtener esta indemnización, las victimas deberán demandar en reparación directa en dos años, a partir de los hechos. De lo contrario caducará la acción. Esa indemnización saldrá finalmente del contribuyente y podrá haber acción de repetición contra los alcaldes y funcionarios comprometidos en la omisión”, manifestó el abogado.
Fernando Borda concluyó: “Por experiencia, lo mejor que puede hacer la administración distrital es comprar esas unidades residenciales por avalúo comercial actualizado y después demoler esas torres en riesgo inminente lo más rápido posible, a fin de evitar nuevas tragedias que tendrían efectos negativos para las finanzas públicas y la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y hasta penal con los actuales administradores del Distrito”.
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Deivis López Ortega
Corresponsal de EL TIEMPO
Barranquilla
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Publicado el: 2025-01-10 15:45:00
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