Desde agosto de este 2024, en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le habrían solicitado, de nuevo, recursos adicionales al Gobierno Nacional para la obra 4G de la vía Mulaló – Loboguerrero que aún no despega, pese a un contrato cuyo inicio apuntaba a que arrancaría en 2015, en casi 32 kilómetros de extensión, en el Valle del Cauca y con una inversión hoy de $ 3,4 billones. Sin embargo, la respuesta habría sido que no hay más dinero, como también lo fue cuando la misma solicitud se elevó en 2022.
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A su vez, la Concesionaria Nueva Vía al Mar (Covimar) le envió una carta a la ANI, en la cual, indica que está respondiendo con «todas sus obligaciones contractuales con aportes de capital de los socios que han sido usados para los temas ambientales, compra de predios, consultas con las comunidades, pagos de la interventoría designada por la ANI, elaboración de estudios y diseños incluido el estudio de impacto ambiental, entre otras actividades que hoy superan el monto mínimo del contrato”.
Es un pronunciamiento de Covimar, señalando que la empresa está dispuesta a que las obras de la vía Mulaló – Loboguerrero, que siguen en el papel desde hace una década y que se enredaron por la demanda hace tres años por parte del concesionario contra la ANI y que pese al fallo a favor de la entidad estatal, la nueva apelación puso en veremos los trabajos y más recientemente, la Contraloría General de la República (CGR) lanzó una alerta sobre la eventual liquidación del contrato con graves pérdidas millonarias para el Valle del Cauca.
Ahora la situación se pone más compleja, pues el Gobierno Nacional ha indicado que n habría más recursos para la obra vial considerada 4G y que no ha arrancado en esta región del país, al tiempo que toda una comunidad del corregimiento de Pavas, en el municipio de La Cumbre, donde está el también corregimiento de Mulaló, para comunicar esta zona con Buenaventura y Dagua, acortando distancias en una hora, teme que el trazado afecte su fuente de acueducto.
Por ahora, las obras siguen paralizadas, pues se anunciaron hace más de 10 años y debían arrancar en 2015, mientras que en Covimar, según la carta, se señala que los retrasos de siete años obedecieron a las demoras en los trámites de la licencia ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). De acuerdo con Covimar, estas circunstancias fueron ampliamente explicadas a la ANI, repercutiendo en el incremento de los costos de la obra con pérdidas para este privado, en operación, así como en capital y con indicadores que superaron los índices de inflación. Recalcaron en el concesionario que tal situación hizo que los aportes de la ANI no tuvieran valor.
Asimismo, se conoció que el pasado 14 de agosto, en la ANI habrían solicitado recursos adicionales al ministerio de Hacienda y que la respuesta del Estado habría sido negativa.
La Contraloría General en su alerta de hace una semana indicó que si hay una eventual cancelación del contrato, el Estado tendría que pagar alrededor de $ 700.000 millones por una obra que no existe. La Nación quedaría con activos sin valor tangible, como los estudios de diseño de la fase III, que podrían desactualizarse con el tiempo y terrenos adquiridos para la construcción de la vía. Estos terrenos están en un trayecto de 32 kilómetros, pero no tendrían ningún uso.
Es importante mencionar que para la región este proyecto es fundamental, que queremos que se haga, necesitamos que se haga. El llamado al concesionario, pero también sobre todo, al Gobierno Nacional es que logremos la mejor solución para que tengamos nuestra vía Mulaló – Loboguerrero
La directora de ProPacífico, María Isabel Ulloa, dijo: «En estos últimos días hemos tenido varias noticias sobre la vía Mulaló – Loboguerrero. La semana pasada, la Contraloría General de la República emitió un concepto que si se da la terminación del contrato habría un detrimento patrimonial. Hemos tenido algunos comunicados, reacciones del concesionario, contando lo que ya sabemos. Este proyecto por las demoras que se tuvieron de ya casi siete años, pues efectivamente se tiene que ajustar porque ya no vale lo que valía hace siete años. Eso lo hemos sabido y justamente ese contrato está en este momento en un tribunal de arbitramento, donde se está definiendo efectivamente si se se liquida el contrato o si se puede avanzar, haciendo un ajuste. Es importante mencionar que para la región este proyecto es fundamental, que queremos que se haga, necesitamos que se haga. El llamado al concesionario, pero también sobre todo, al Gobierno Nacional es que logremos la mejor solución para que tengamos nuestra vía Mulaló – Loboguerrero».
La vía de 4G o cuarta generación que se mantiene en el papel
La vía de Mulaló es de cuarta generación y es la única en su tipo en el país que no ha podido tener avances. Esta es una de las obras que lleva décadas de promesas y trámites enredados en los últimos 10 años para que se pueda construir a lo largo de 31,8 kilómetros, con el fin de reducir el tiempo de desplazamiento del transporte de carga entre Cali y Buenaventura. Con la carretera se podrían acortar más de 50 kilómetros en ese trayecto.
Fue el 12 de agosto de 2021, cuando en la Concesionaria Nueva Vía al Mar (Covimar), encargada de los trabajos, demandó a la ANI en primer un tribunal de arbitramento. En ese ‘cuadrilátero’, el concesionario pidió la liquidación del contrato de una obra que en este 2024 superó los $ 3,4 billones de inversión de llevarla a cabo. En una fiducia están unos $ 2 billones que se han ido acumulando en estos años de parálisis.
Debido a la alerta de la CGR, gremios, en especial, el Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca (CIEV), así como otros, entre ellos, Procaña, la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), entre ellos, la vía Mulaló – Loboguerrero emitieron un llamado a la Nación, tras la alerta de la Contraloría General de la República.
«El CIEV y los gremios productivos del departamento expresan su preocupación ante el reciente informe de la Contraloría General de la República que advierte sobre una posible pérdida millonaria, debido a la cancelación del proyecto Mulaló – Loboguerrero», dice un comunicado de los empresarios, entre los que también figuran la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) o la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi). «Este proyecto, que cuenta con una inversión asignada de $ 3,48 billones, de los cuales, $ 2,56 billones corresponden al CapEx (capital expenditures en inglés o gastos de capital -inversiones para adquirir, mejorar o mantener activos a largo plazo-), y $ 0,92 billones al opex (operating expenses o gastos operativos), es crucial para la conectividad del Valle del Cauca», dice la misiva.
Los gremios reiteraron: «La eventual cancelación de esta obra no solo generaría pérdidas financieras para el Estado y el sector privado, sino que también tendría un impacto negativo en la competitividad del suroccidente colombiano. Este proyecto reducirá en 52 kilómetros y en una hora, el tiempo de viaje entre Cali y Buenaventura. Su ejecución es crucial para el desarrollo sostenible, pues disminuye las emisiones de carbono y promueve el bienestar social de la población».
«Subrayamos que las diferencias contractuales existentes pueden resolverse dentro del marco vigente, evitando así el riesgo de pérdidas millonarias, tanto para el Estado como para el sector privado», continúa el comunicado. «Respaldamos al contralor general (de la República) y acompañamos su llamado al Gobierno Nacional para que mantenga su compromiso con la ejecución del proyecto, asegurando la conservación de los recursos ya asignados y complementándolos, según los ajustes por el tiempo transcurrido y las variaciones en los precios actuales», dice el comunicado.
Propuestas de la gobernación del Valle y de otros empresarios
“La vía Mulaló – Loboguerrero está en un comité de arbitramento (tribunal), lo que pide el concesionario es que se aumenten los recursos, pero la Nación no está de acuerdo y quiere hacer una liquidación. Desde la Cámara Colombiana de Infraestructura se ha presentado una propuesta que después de la liquidación se debería hacer otra concesión. Sin embargo, no hubo acuerdo y desde la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo se presentó otra propuesta de adicionar unos recursos al concesionario”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro sobre este proyecto.
«Se habló de la posibilidad de incluir en un solo paquete este proyecto y el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura». De esta manera, precisó “lo importante es presentar las diferentes propuestas al Gobierno nacional y que decidan, lo que nos interesa como vallecaucanos es que las obras se hagan, ya sea por obra pública o por concesión, pero que los recursos que ya tenemos en la fiducia no se vayan para ningún otro departamento, sino que se queden en el Valle y que sirvan para que estas obras puedan ser ejecutadas”, dijo Toro.
La primera propuesta presentada desde la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). planteó una posible liquidación del contrato. “Lo que estamos buscando es una especie de consenso, la realidad es que el contrato actual está en proceso de liquidación, si eso es así, estamos mirando que le conviene al Valle del Cauca, una nueva obra pública o eventualmente una nueva APP (alianza pública y privada), en la que el concesionario diseña, ejecuta, pero también hace el mantenimiento, es bueno tener esos dos escenarios para escoger el que más le convenga al Valle”, explicó Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la CCI.
También se expuso la propuesta encabezada por la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo. Su director, Germán Jaramillo, explicó: “Tenemos un contrato que se ha demorado mucho, pero tiene una ventaja enorme y es que se han honrado los compromisos financieros del Gobierno y el concesionario, tenemos $ 2 billones en las fiducias. Ya es un tema de modelación financiera para garantizar, hay muchas fuentes para completar el costo, por ejemplo, los rendimientos financieros que ya suman casi $ 350.000 millones y a futuro en los próximos cinco años podrían ser casi $ 400.000 millones de intereses, pero hemos hablado de la opción de ampliar el plazo de la concesión”.
La mandataria insistió en que la obra reducirá el desplazamiento desde Buenaventura a Cali en hasta 50 kilómetros, generando beneficios para la competitividad del Valle del Cauca y el país, por lo que el llamado a la Nación es a definir el arranque de esta obra.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
Publicado el: 2024-11-20 14:56:00
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