Exhumación en Córdoba podría resolver desaparición forzada de seis miembros de una misma familia ocurrida en 1987: eran de una zona rural de Montería
📅 🕐 hace un momento🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 5 min de lectura
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El hallazgo de restos óseos en el cementerio de Ayapel, en el sur de Córdoba reactivó el caso de seis integrantes de la familia Polo Ramos desaparecidos en 1987. Además, volvió a poner en evidencia un patrón que ha marcado al departamento durante décadas, como lo son desapariciones forzadas, entierros clandestinos y búsquedas que tardan generaciones en arrojar resultados.
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La Fiscalía General de la Nación confirmó que avanza en la identificación de los restos que corresponderían a Teodoro José Polo Ramos y cinco de sus hijos, sacados de su vivienda por hombres armados en el corregimiento La Manta, zona rural de Montería. Desde entonces, su rastro se perdió.
La única pista que sobrevivió en el tiempo fue una versión que decía que habrían sido trasladados hacia Ayapel. Hoy, casi 40 años después, hay una respuesta en una fosa común dentro del cementerio municipal.
Una fosa en un cementerio
La intervención estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE), que llegó al lugar con un equipo técnico para realizar excavaciones controladas.
Ayapel, Córdoba. Foto:Oswaldo Díaz Pupo
El resultado inicial fue la recuperación de cinco estructuras óseas en reducción esquelética, es decir, restos con alto nivel de degradación, lo que implica un proceso complejo de identificación.
En distintos municipios del Caribe, estos espacios fueron utilizados durante el conflicto para realizar inhumaciones sin registro o con identidades falsas, lo que hoy obliga a reabrir expedientes a partir de intervenciones forenses.
Un caso reciente en el mismo departamento refuerza esa línea, cuando la Unidad de Búsqueda recuperó seis cuerpos en el cementerio de Bijagual, en Valencia, asociados a hechos violentos ocurridos en 2002.
Desapariciones en Córdoba
El caso de la familia Polo Ramos encaja en un contexto más amplio. Córdoba es uno de los departamentos del Caribe con mayor número de personas desaparecidas, llegando aproximadamente a 3.500 casos registrados por la Unidad de Búsqueda.
En muchos casos, las víctimas fueron personas o pequeñas unidades familiares. Foto:UBPD
Durante los años 80 y 90, la expansión de estructuras paramilitares coincidió con prácticas como retenciones de civiles en zonas rurales, desapariciones, traslado de víctimas a otros municipios, enterramientos clandestinos, entre otras.
La geografía del departamento —con zonas selváticas, ciénagas y corredores fluviales— también dificultó la ubicación de cuerpos, prolongando la incertidumbre durante años. Uno de los casos más representativos ocurrió en enero de 1990, cuando paramilitares se llevaron a 43 campesinos del corregimiento Pueblo Bello.
Las víctimas fueron retenidas, desaparecidas y asesinadas. Muchos de sus cuerpos nunca fueron encontrados. El caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en los hechos.
Casos individuales y familiares
No todas las desapariciones en Córdoba fueron colectivas. En muchos casos, las víctimas fueron personas o pequeñas unidades familiares.
Los restos recuperados fueron trasladados a laboratorios forenses. Foto:UBPD
En el sur del departamento, por ejemplo, se documentó la desaparición de tres hermanos cuyos restos fueron recuperados y entregados a sus familiares 15 años después.
En Tierralta, otro caso reciente es el de Miguel Ortega Chová, desaparecido en 2000 tras ser sacado de su vivienda por hombres armados. Su cuerpo fue entregado a su familia en 2025, luego de un proceso de búsqueda e identificación.
Estos casos muestran que la desaparición forzada operó tanto en acciones masivas como en hechos más selectivos, pero bajo una misma lógica de control territorial. En Córdoba, muchas desapariciones estuvieron vinculadas a disputas por tierra.
En municipios como Ayapel, se documentaron casos de familias que fueron desplazadas o víctimas de violencia luego de negarse a vender sus predios. En algunos episodios, estas presiones derivaron en homicidios o desapariciones, como parte de una estrategia de control económico por parte de actores armados.
Por eso es que este hallazgo en Ayapel representa un avance, pero no un cierre. Los restos recuperados fueron trasladados a laboratorios forenses donde serán sometidos a análisis antropológicos y genéticos.
La identificación plena dependerá del cotejo con muestras de ADN de familiares, un proceso que puede tomar meses o incluso más tiempo, dependiendo del estado de conservación y de la disponibilidad de referencias biológicas.
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Además, la Fiscalía deberá confirmar si los restos corresponden a las seis víctimas reportadas o si hay más cuerpos en la zona, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación. El caso de la familia Polo Ramos es parte de un proceso más amplio que sigue en marcha.
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Una gran estructura se vino abajo en operativo de búsqueda. Foto:EL TIEMPO
