Funcionarios, abogados y particulares capturados en Atlántico por millonario fraude con títulos judiciales que habría desviado más de $2.000 millones
Un juez, un funcionario de la Procuraduría, dos abogados y dos particulares fueron capturados en el Atlántico en el marco de una investigación por un millonario fraude con títulos judiciales, que habría causado un detrimento patrimonial superior a los 2.000 millones de pesos.
De acuerdo con un reporte publicado por diario barranquillero El Heraldo, la operación fue liderada por el Grupo de Investigaciones Especiales del Área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín).
Tras varios meses de indagaciones, se logró la captura de seis personas señaladas de conformar una red criminal que operó durante más de cinco años, manipulando procesos judiciales para ordenar pagos fraudulentos.
Cómo funcionaba la red
Las autoridades documentaron que, entre 2016 y 2022, el juez y el entonces secretario del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barranquilla habrían autorizado más de 2.500 pagos judiciales a terceros sin legitimación, entre ellos familiares y allegados. Los montos superaron los 2.000 millones de pesos, recursos que salieron irregularmente de procesos que permanecían inactivos o cuyos títulos no habían sido reclamados.
El esquema ilícito habría operado entre 2016 y 2022. Foto:iStock
“El esquema consistía en ordenar el pago de títulos en procesos que permanecían inactivos o no habían sido cobrados, beneficiando a dos abogados y dos particulares ajenos al proceso judicial y sin poder legítimo para actuar. Uno de los beneficiarios era familiar directo del exsecretario judicial y figura como uno de los principales receptores de pagos fraudulentos”, detalló una fuente judicial citada por el diario local.
Pruebas y delitos imputados
La investigación permitió recopilar pruebas técnicas y documentales, incluidas huellas dactilares y firmas en órdenes de pago que coincidían con las de los funcionarios involucrados. Con este material, la Fiscalía imputará a los capturados los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, en calidad de coautores.
Los investigadores de la Dijín explicaron que este tipo de fraudes afectan directamente la credibilidad de la justicia, ya que manipulan recursos que debían ser destinados a procesos legítimos y que terminan desviados en favor de particulares sin derecho alguno.
El caso ha generado preocupación en el Atlántico, pues se trata de un esquema prolongado en el tiempo que involucró a operadores judiciales en ejercicio de sus funciones. El detrimento, calculado en más de 2.000 millones de pesos, representa uno de los fraudes judiciales más grandes detectados en la región en los últimos años.
Las autoridades no descartan nuevas capturas, ya que la investigación continúa para establecer si hubo más beneficiarios o funcionarios que facilitaron los pagos.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
En la sección: EL TIEMPO.COM -Colombia
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