A mediados de este año, la gobernación de Antioquia presentó un proyecto ante la Asamblea Departamental con el que buscaba dar respuesta al incremento de la criminalidad en el departamento, especialmente en la llamada “ruralidad dispersa».
Conforme a los criterios de
Con esta propuesta, el gobierno de Andrés Julián Rendón buscaba establecer un impuesto para seguridad; en esencia, se pretendía gravar a los estratos 4,5 y 6 a través de los servicios públicos de manera proporcional según su capacidad de consumo.
De entrada la propuesta desató múltiples polémicas en el departamento, y, en ese entonces, precisamente en julio pasado, la propuesta fue rechazada tras una ponencia negativa en torno a la iniciativa, presentada por el diputado Juan Felipe Vélez, quien si bien dijo estar de acuerdo con el espíritu de la idea, señaló que no era el momento adecuado para su aplicación. Luego de esto, el proyecto fue rechazado en debate en la Asamblea.
Ahora, cuatro meses después, y luego de replantear la propuesta, posterior a la socialización con diferentes sectores del departamento, el gobierno de Andrés Julián Rendón presentó el proyecto nuevamente este viernes 8 de noviembre.
Recaudo e inversión
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.
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Andrés Julián Rendón explicó que se trata de una figura habilitada para todos los departamentos del país con la cual, se grava, precisamente la suscripción a un servicio público domiciliario, en el caso de Antioquia, la administración optó por la energía.
El gobernador explicó que se optó por adherirse a ese modelo puesto que el espacio fiscal del departamento es reducido: “Si yo quisiera hacer una tributaria no tendría cuáles tarifas incrementar, ni qué base gravable ampliar para tener más recursos. El departamento dispone de menos de 200 mil millones por año del rubro de libre destinación, para atender los innumerables problemas de 7 millones de habitantes en 63.000 kilómetros cuadrados”.
Además, el gobernador señaló que es un modelo ya probado y funcional en el país: “esto ya existe en el Atlántico y el Valle y ha demostrado buenos resultados. Esperamos recoger un poco más de un billón de pesos, de los cuales más de la mitad va a ser para darle un revolcón a la tecnología en favor de las seguridad”, aseguró el gobernador.
El mandatario entró en detalles y explicó cómo se destinará parte de la inversión en seguridad: “Antioquia tiene 5000 kilómetros de vías secundarias, en cada uno de esos kilómetros va a haber fibra óptica, eso nos permite que cualquier cámara que ponga un comercio, un estadero o restaurante se conecte a esa línea y eso va en modo de seguridad”.
Según las cifras entregadas por la gobernación en el proyecto, lo señalado por el gobernador tendría un costo de 230.000 millones de pesos. Además, entre ese billón de pesos, casi 200.000 millones serán destinados a fortalecer la estructura de seguridad de la región.
“Invertiremos en cámaras de mayor robustez y software que nos permita vincular las cámaras más sencillas instaladas por los pequeños comercios, para hacer analítica de datos y, además, ayudar a que la fuerza pública a que reaccione oportunamente”, señaló el gobernador Rendón.
En torno a este punto, el gobernador finalizó revelando que se espera poder conectar 80.000 establecimientos de comercio para favorecer una reacción eficiente de la fuerza pública.
Infraestructura y seguridad
Escuadrón Militar y Policial Antioquia Segura (EMPÁS)
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Además de las adecuaciones tecnológicas en los sistemas de seguridad del departamento de Antioquia, se proyecta que parte importante de lo recaudado a través de esta propuesta se invierta en infraestructura para la Fuerza Pública, dotación del Escuadrón Militar y Policial Antioquia Segura (EMPAS), la construcción de una cárcel departamental y la adecuación de alrededor de 5.000 escenarios deportivos en el departamento.
“Se contemplan 114.000 millones de pesos para lograr patrullajes disuasivos en cabeza del de los EMPÁS, para ello, buscamos darles las herramientas para intensificar su patrullaje en las 25 zonas de las nueve subregiones de Antioquia; se les proporcionarán vehículos blindados ‘cazadores’ en la ruralidad, tanto para la Policía como el Ejército, que ya están familiarizados con ellos”. explicó el mandatario del departamento.
Además de dichos vehículos blindados, los escuadrones recibirán vehículos normales, camionetas, motos y drones, sobre los cuales, en específico, el gobernador destacó su papel para patrullar la ruralidad dispersa.
5.000 placas deportivas en todo el departamento serán adecuadas.
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“En sitios donde no hay situaciones de orden público sino de seguridad ciudadana eso se puede hacer por drones hoy en día. Hace unos días yo hablaba con el general del Ejército en el departamento, y le decía ‘¿Por qué no llegamos más oportunamente a Plaza Nueva cuando hubo enfrentamientos entre grupos al margen de la ley? y el general me respondió que si bien estaban cerca de la zona de los enfrentamientos, mover un pelotón completo tomaba mucho tiempo y no permitía reaccionar a tiempo”, narró el gobernador.
Y continuó: “En 10 minutos le hago el patrullaje con un dron, es una cuestión de eficiencia. Con eso se generará disuasión del crimen en la ruralidad dispersa con buena tecnología y colaboración ciudadana, se gana mucha confianza”.
Al respecto, el gobernador concluyó señalando que “no está a nuestra discreción contratar más policías o soldados, pero sí está en nuestra capacidad hacer uso de la herramienta fiscal que no se está utilizando y que ha demostrado tener réditos importantes para mejorar la convivencia”.
Finalmente, sobre la adecuación de escenarios deportivos, el mandatario señaló que las malas condiciones de estos espacios, en términos infraestructurales y de preservación, permiten que se conviertan en sitios de expendio y consumo de drogas, y su intervención asegurará la mitigación del fenómeno.
¿Cómo se verá reflejado en la tarifa de servicios?
El valor dependerá del estrato y del consumo en el caso de los grandes establecimientos.
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Los directamente implicados en el recaudo de este impuesto serán los usuarios de sectores residenciales de estratos 4, 5 y 6, además de los establecimientos comerciales y las empresas.
“Se grava la suscripción del servicio público de energía para sector residencial con tarifas por estrato, por ejemplo, el estrato 4 paga 10.000 pesos mensualmente, el estrato 5 paga 14.000 pesos y el 6 paga 18.000 pesos. Por su parte, los pequeños comercios empiezan pagando en función del consumo. Los que consuman menos de 400 kilovatios hora/mes pagarían menos de 20.000 pesos, y la tarifa va subiendo hasta los grandes consumidores de energía que pagarán una cifra mayor, es muy progresivo en función de la capacidad económica de los hogares y sobre todo en función del consumo de energía de los negocios”, aclaró Rendón.
La gobernación aseguró que el 85 % de los suscriptores residenciales, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, están exentos de la contribución.
La iniciativa será presentada a la Asamblea Departamental mediante un Proyecto de Ordenanza, que se espera sea aprobado por la corporación para iniciar con su recaudación de cara al próximo año.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
Publicado el: 2024-11-08 19:01:00
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