¿Golpe al crimen o paño de agua tibia en el Valle? Reclutadores de menores enfrentarían hasta 50 años de cárcel con proyecto que avanza en el Congreso
📅 🕐 hace 1 h🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 8 min de lectura
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Detrás de las acciones terroristas que han sembrado zozobra en la región en los últimos años, hay un actor silencioso: menores de edad instrumentalizados por organizaciones criminales.
Esta macabra estrategia, que vincula a menores de edad mediante el reclutamiento forzado o falsas promesas de poder y dinero fácil, se ha convertido en un fenómeno difícil de sancionar. El marco legislativo actual limita la aplicación de penas severas, lo que facilita que estos jóvenes sigan siendo ‘carne de cañón’ en la primera línea de acciones delictivas cada vez más siniestras en la is región.
Militares rescatan a jóvenes que habían sido reclutados en zona rural de Argelia, Cauca. Foto:Fuerzas Militares
Es por eso que en Cali, uno de los municipios más golpeados por el terrorismo y los ataques armados de estructuras criminales, las autoridades destacaron el avance del Proyecto de Ley 517 de 2026 Cámara – 145 de 2024 Senado, conocido como ‘Por la Niñez y la Adolescencia Libre’, el cual busca endurecer las penas para quienes instrumentalicen o recluten menores de edad para actos delictivos.
El alcalde Alejandro Eder fue uno de los primeros en manifestarse y mencionó que espera ponerla en práctica lo más pronto posible.
Aunque en teoría esta iniciativa, que se alista para su segundo debate, representa una herramienta clave para frenar la criminalidad y el terrorismo, algunos sectores advierten que es solo un paliativo y no una solución de fondo a la inseguridad ciudadana.
Buena parte de los atentados terroristas en la región han tenido participación de menores. Foto:EL TIEMPO
Por las primeras capturas
Tras conocer el avance del proyecto de ley en el Congreso, el alcalde Alejandro Eder aseguró que aplicará esta iniciativa una vez entre en vigencia, destacando que contempla castigos ejemplares «para los delincuentes que reclutan y utilizan a niños, niñas y adolescentes para vincularlos a grupos ilegales, ya se trate de estructuras narcoterroristas o de cualquier organización que cometa delitos comunes».
“Como alcalde, le he dado la instrucción al secretario de Seguridad y venimos trabajando con el comandante de la Policía para lograr las primeras capturas con esta nueva ley, tan pronto sea sancionada por el presidente de la República”, aseguró el mandatario.
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El mandatario explicó que con esta iniciativa, la condena por el delito de reclutamiento ilícito pasa de un rango de 13 a 23 años a uno de entre 40 y 50 años de prisión.
Considera que el principal objetivo del proyecto de ley es “enfrentar una problemática que sigue afectando gravemente al país”.
“Colombia lleva décadas lidiando con el reclutamiento y la utilización de menores por grupos criminales. Cali y las familias caleñas también hemos sido víctimas de este flagelo. Vemos cómo grupos narcoterroristas reclutan menores para llevarlos al monte y cómo grupos delincuenciales organizados los utilizan para vender drogas o cometer actos criminales. Esta ley nos va a permitir capturar y sancionar a los adultos responsables de estos delitos”, resaltó el mandatario caleño.
Algunos menores fueron llevados a las filas de grupos armados, de manera violenta. Foto:Fuerzas Militares
¿Afectará realmente la criminalidad?
Uno de los cuestionamientos a este tipo de iniciativas es su efectividad de fondo para atacar la criminalidad en la ciudad.
El analista de conflicto y paz, Diego Arias, advierte que históricamente se ha cuestionado si el incremento de penas para delitos de alto impacto se traduce realmente en una reducción significativa de la criminalidad.
“Creo que en casos como el reclutamiento de menores o su instrumentalización es absolutamente necesario pero no es suficiente”, expresó Arias.
“Por un lado está la identificación oportuna de quienes operan estos mecanismos, su captura y aplicación efectiva de la pena, pero se requiere igualmente un gran esfuerzo institucional y como sociedad para hacer prevención y el signo clave aquí es la inclusión y oportunidades sociales, económicas y de escolaridad para esta población de niños y adolescentes”, anotó el analista.
Un paso importante, pero…
Jamundí, especialmente su zona rural que limita con el departamento del Cauca, es uno de los municipios vallecaucanos más afectados por el crimen organizado. Allí funciona un clúster de producción y transporte de economías ilícitas que aceita el engranaje de violencia y terror de las estructuras criminales. En este territorio, muchos jóvenes se dedican desde el cultivo de coca y la producción de alcaloides, hasta integrar las filas de las disidencias o realizar labores de inteligencia para perpetrar actos terroristas.
Stuart León, analista de seguridad en Jamundí, considera que se deben atacar temas de fondo. Foto:Particular
Stuart León, analista en temas de seguridad y habitante del municipio, considera que el impacto de esta iniciativa puede ser «importante, porque estamos hablando de uno de los principales mecanismos de sostenimiento de las estructuras armadas ilegales».
“El reclutamiento de menores no es un delito accesorio; es parte de la capacidad de supervivencia de grupos como el frente ‘Jaime Martínez’, con presencia histórica en la zona rural alta del municipio y el norte del Cauca. En territorios donde existe presión armada sobre comunidades rurales, los menores terminan siendo utilizados no solamente como combatientes, sino como informantes, campaneros, transportadores de droga, armas o explosivos”, comentó el analista de seguridad.
Para ilustrar la magnitud del problema, Stuart León cita cifras de la Defensoría del Pueblo que hablan por sí solas: 409 menores víctimas de reclutamiento forzado en 2024 y 257 casos en 2025. El Cauca lidera esta triste lista con 93 víctimas, precisamente el territorio donde opera el frente ‘Jaime Martínez’, estructura que mantiene una conexión operacional directa con Jamundí a través del corredor norte del Cauca – sur del Valle.
“En Jamundí no existe una cifra oficial consolidada de reclutamiento municipal, pero sí múltiples alertas tempranas y denuncias sobre instrumentalización de menores. Incluso en 2025 hubo denuncias públicas por actividades de adoctrinamiento y acercamiento de disidencias a niños y adolescentes en corregimientos rurales, lo que evidencia que el riesgo no es hipotético, sino real”, agregó.
Panorama del reclutamiento forzado en el país. Foto:Particular
¿Reducción del crimen?
Para Stuart León, el aumento de penas para reclutadores de menores representa un primer paso; considera que no es el definitivo: “Técnicamente, golpear el reclutamiento significa afectar una de las principales fuentes de sostenimiento de estructuras armadas ilegales. Ningún grupo sobrevive sin renovación de integrantes, especialmente en regiones atravesadas por economías ilícitas”.
“Aquí hay algo fundamental: el endurecimiento penal por sí solo no derrota estructuras armadas. Se necesita una estrategia integral que combine inteligencia, judicialización efectiva, control territorial permanente, presencia militar sostenida, recuperación social del territorio y protección real de niños y adolescentes rurales”, detalló el analista.
Por último, sintetiza que en el fondo, la discusión resulta simple: “Si el Estado no evita que una organización armada siga reclutando menores, está perdiendo el control del futuro de esos territorios. Y en municipios como Jamundí, donde ya existe una disputa territorial evidente, recuperar la seguridad también significa evitar que una nueva generación termine creciendo dentro de la lógica de la guerra”.
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Reclutamiento, un mal que carcome en silencio
Aunque no genera el estruendo de un atentado con cilindros o drones, el reclutamiento de menores se ha convertido en una preocupación creciente en la región, agravada por los constantes enfrentamientos y la disputa de intereses entre los grupos armados.
A finales del 2025, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, advirtió sobre un incremento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados.
“Esta grave situación que también afecta al Valle del Cauca y a la capital del departamento – dijo – exige respuestas urgentes, coordinadas y sostenidas entre las instituciones del Estado y la sociedad civil”.
El jefe del Ministerio Público indicó que entre 2017 y 2025, al menos 2.949 menores de edad han sido reclutados por grupos armados ilegales en el país, de acuerdo con las cifras de la Fiscalía General de la Nación.
“Esta cifra refleja la magnitud y la persistencia de este delito y Cali, por su ubicación estratégica y su condición de ciudad receptora de población desplazada, se encuentra en un punto crítico que demanda atención prioritaria”, expresó.
