Gremios y bloque corporativo del Caribe prenden alertas tras anuncio del presidente Petro de liquidar Air-e
📅 🕐 hace 1 h🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 10 min de lectura
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El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la liquidación definitiva de Air-e y su posterior absorción por parte de Gecelca desató una tormenta de desconfianza institucional en el sector empresarial del norte del país.
“Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”, anunció el presidente Petro en su cuenta de X, en las últimas horas.
La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e, un bloque corporativo que agrupa a los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena, la ANDI regional y las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, calificó la declaración del mandatario colombiano como «irresponsable, imprudente y carente de sustento jurídico».
“El programa Colombia Solar que ya arrancó en Barranquilla, donde estuve personalmente en su arranque barrial, tiene 8 billones de presupuesto aprobado en vigencias futuras listo para extenderse en el Caribe transformando las casas, hoy fuente de pérdidas empresariales por falta de pago en autogeneradoras de energía eléctrica limpia”, agregó el mandatario.
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Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña
Gustavo Petro Presidente de la República
Trasladar la operación a GECELCA propone Petro. Foto:Prensa Air-e Intervenida
Sin embargo, lejos de ver el anuncio de la Casa de Nariño como una solución estructural, el gremio empresarial del Caribe denunció de manera unificada que el severo agravamiento de la crisis financiera, operativa y administrativa que sepultó a la compañía es de responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional, que tomó el control absoluto de la operadora en septiembre de 2024 a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
“Miro con buenos ojos que las regalías que se distribuyen en el Caribe sean fuente de financiación de energías limpias, pero creo que la empresa que se debe configurar debe ser nacional para garantizar la inversión cuantiosa de Colombia Solar”, manifestó el presidente Petro.
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Gustavo petroPresidente de la República
El fantasma de un apagón nacional
Gustavo Petro Foto:Gustavo Petro
Pero la principal alerta de los líderes gremiales e industriales trasciende las fronteras de los departamentos afectados.
La Veeduría reveló que el periodo de intervención pública se ha caracterizado por un sistemático incumplimiento en los pagos de Air-e hacia las empresas generadoras de energía del país.
Esta mora acumulada en la cadena de transacciones del mercado mayorista, según el empresariado, ha puesto a Colombia entera bajo el riesgo inminente de un apagón, lo que rompe la confiabilidad del sistema eléctrico interconectado.
Para el sector productivo de la costa, la prioridad de cualquier maniobra del Estado debe centrarse en el blindaje de los usuarios residenciales y comerciales de Atlántico, Magdalena y La Guajira, garantizando que el flujo eléctrico no se suspenda por razones de insolvencia fiscal.
Miro con buenos ojos que las regalías que se distribuyen en el Caribe sean fuente de financiación de energías limpias, pero creo que la empresa a configurar debe ser nacional para garantizar la inversión cuantiosa de Colombia Solar
Gustavo petroPresidente de la República
Los gremios insistieron en que antes de lanzar propuestas de liquidación en redes sociales, el Ejecutivo tiene la obligación legal de sanear las deudas acumuladas durante sus 21 meses de administración provisional y diseñar una hoja de ruta que sea técnica, jurídica y financieramente sostenible, y para ello, ponen la lupa en 9 puntos fundamentales.
1. Anunciar la liquidación de Air-e sin contar con un operador de reemplazo, sin plan de pago a generadores y sin garantías de continuidad, el Gobierno Nacional viola el artículo 365 de la Constitución y las leyes 142 y 143 de 1994, y desconoce que existen alternativas idóneas para asegurar la prestación del servicio público esencial y domiciliario, como la administración temporal, la capitalización o la transferencia condicionada.
2. Air-e se encuentra actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante un proceso de toma de posesión que se adelanta de conformidad con la Ley 142 de 1994 y el Decreto 990 de 2002. Cualquier decisión sobre la liquidación de la compañía debe respetar las etapas y condiciones previstas en ese procedimiento.
3. En esta medida, no resulta procedente que el Gobierno Nacional anuncie la fusión o liquidación de Air-e sin que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio hayan verificado el cumplimiento de los requisitos que el ordenamiento jurídico exige para adoptar esa decisión.
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«Es un acto irresponsable»: Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia (ANDEG), se refiere al anuncio del presidente Gustavo Petro de liquidar la empresa Air-e.
4. Trasladar la operación a GECELCA sin resolver previamente las deudas de Air-e con los generadores de energía agravaría la crisis actual, porque:
– Jurídicamente, cualquier proceso de fusión o integración empresarial debe respetar los límites a las integraciones verticales, los derechos de los acreedores y el cumplimiento de múltiples requisitos legales y regulatorios. Los acreedores cuentan con mecanismos para oponerse o controvertir operaciones que puedan afectar la satisfacción de sus créditos, lo que podría llevar a controversias y retrasos significativos.
– Operativa y logísticamente, una integración de esta magnitud requiere autorizaciones, trámites regulatorios, procesos corporativos, financieros y administrativos que normalmente toman años. Pretender ejecutar una operación de esta complejidad en las pocas semanas que restan al actual Gobierno Nacional resulta poco realista y aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la prestación del servicio.
Una y otra vez esta propuesta de socialización nacional de pérdidas de energía en el Caribe ha sido bloqueada en el Congreso por los propios congresistas caribeños…»
gustavo petroPresidente de la República.
5. Antes de iniciar cualquier proceso de liquidación, el Gobierno Nacional tendría que garantizar la existencia de un operador idóneo que asuma la prestación del servicio para más de 1,3 millones de usuarios. Ese operador debe contar con experiencia comprobada, capacidad técnica, solidez financiera y la infraestructura necesaria para atender uno de los mercados eléctricos más importantes del país.
6. Una eventual transición exige el cumplimiento de múltiples requisitos regulatorios, financieros, contractuales y operativos, entre ellos la identificación y transferencia de activos, la cesión de contratos, la constitución de garantías, la aprobación de cargos regulatorios, la adecuación de plataformas tecnológicas y la implementación de todos los mecanismos requeridos para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios.
En la audiencia pública ‘Crisis tarifaria y justicia energética’, convocada por el presidente del Senado @Lidiosenado
Proponemos:
🔹 Un mecanismo nacional y transitorio de solidaridad tarifaria.
🔹Distribuir parte de la costos asociados a las pérdidas no técnicas mientras… pic.twitter.com/Gfyw9PE03F
7. La liquidación de Air-e intervenida sin una solución previa para las obligaciones acumuladas durante la administración del Gobierno Nacional, enviaría una señal profundamente negativa a los agentes del mercado. Actualmente existen deudas superiores a los $2,5 billones con generadores, transmisores y otros proveedores esenciales para la operación del sistema. El Gobierno Nacional no puede desconocer su responsabilidad en el pago de esas deudas ocasionadas durante la intervención, ni trasladar esta incertidumbre al sector eléctrico.
8. Más preocupante aún es que este anuncio se produzca en medio de los crecientes desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad energética. La incertidumbre ocasionada por este tipo de mensajes afecta la confianza de inversionistas, acreedores, entidades financieras y proveedores, exactamente cuando el sistema requiere estabilidad para afrontar el incremento de la demanda y las presiones asociadas al fenómeno de El Niño, que reducirá la capacidad de las hidroeléctricas para generar energía.
9. Las consecuencias de este ambiente de incertidumbre no son menores. Debilitar la confianza en la cadena de suministro eléctrico pone en riesgo las condiciones necesarias para garantizar el abastecimiento de energía y aumenta los riesgos que hoy enfrenta el sistema eléctrico nacional y que pueden conducir a un apagón en todo el país.
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Convocatoria a entes de control
Uno de los negocios es la reconocida pescadería Mar Azul. Foto:Cortesía Comunicaciones Air-e
«Es un acto irresponsable», señaló también Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia (ANDEG) en su cuenta de X.
«Al día de hoy, el Gobierno no ha hecho la gestión para buscar algún operador que tenga las mismas características para prestar el servicio a esos tres departamentos que representan 1,3 millones de hogares», agregó el directivo, quien fue enfático en que ninguna empresa del Estado tiene el músculo financiero para generar esa operación.
Frente a la profunda incertidumbre regulatoria que ha generado el anuncio en vísperas de la segunda vuelta presidencial, la Veeduría formuló un enérgico llamado al Ministerio de Minas y Energía y a la Superservicios para que abandonen las decisiones motivadas por coyunturas políticas y actúen con responsabilidad institucional, transparencia y estricto rigor técnico.
Según el bloque caribeño, la estabilidad del mercado energético es demasiado frágil como para someterla a improvisaciones de propiedad común pública.
En un movimiento orientado a judicializar y vigilar la actuación de los delegados del Gobierno Nacional en la empresa, la alta dirigencia gremial solicitó formalmente la intervención prioritaria de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República.
El objetivo es que ambos entes de control fiscal y disciplinario activen sus facultades constitucionales para auditar el flujo de caja de la intervención y determinar de quién es la responsabilidad penal del descalabro financiero de un servicio que afecta la productividad de millones de colombianos.
El pulso por el control y el futuro de las redes eléctricas del Caribe entraría así en su capítulo más dramático, superando, incluso, la crisis que dejó la desaparecida Electricaribe.
