La lucha contra los delitos sexuales hacia menores de edad se ha convertido en uno de los temas prioritarios de la agenda de seguridad en Colombia. En los últimos cuatro años, casi nueve de cada diez extranjeros que han sido denunciados ante la Fiscalía colombiana por delitos sexuales lo han hecho por haber explotado sexualmente a niñas y niños menores de 14 años. Pero no solo eso. En cuatro de cada cinco casos o noticias criminales abiertas ante el ente acusador no se ha presentado avance judicial alguno.
«Se requiere más gestión por parte de la Fiscalía y la Policía Judicial para la investigación, impedir la llegada de extranjeros reconocidos pederastas, y sancionar a los que logran entrar y realizar estas actividades ilícitas. Como los extranjeros vienen de entrada por salida, es indispensable agilizar las investigaciones y tomar medidas a tiempo para evitar la impunidad«, explicó Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
Parque Lleras, en Medellín, uno de los puntos más críticos. Foto:Andrés Álvarez / EL TIEMPO
Este escalofriante panorama está contenido en los datos abiertos oficiales que maneja la Fiscalía General de la Nación. EL TIEMPO revisó la base de datos en la que se cuentan en número los indiciados por este tipo de delitos entre 2020 y 2024, y encontró que, en total, en los últimos cuatro años, han sido denunciadas 3.257 personas de nacionalidad extranjera y solo se han presentado 135 condenas.
Y esta baja cifra de resultados se da no porque los indiciados hayan sido exonerados en juicio o porque las investigaciones hayan arrojado que no había motivos para avanzar en una imputación. Por el contrario, los casos ni siquiera avanzan de forma significativa. En cifras concretas, de los 3.257 casos de delitos sexuales cometidos por extranjeros en Colombia en los últimos cuatro años, 2.616 no han pasado de la fase preliminar de investigación. Esto equivale al 80 por ciento del total. Mientras tanto, el 19 por ciento restante ha mostrado algún tipo de avance legal distribuido de la siguiente forma: 459 casos en etapa de juicio (14 por ciento), 135 en ejecución de penas (4 por ciento) y 44 en etapa de investigación (1,35 por ciento). En tres casos, además, se aplicó la terminación anticipada (0,09 por ciento).
Los huecos en la lucha contra la explotación sexual
«Nos falta más compromiso desde Migración con la devolución de la gente que llegue a este país y que tenga antecedentes de violencia sexual. Creo que también los sistemas de información no están siendo analizados porque, si uno revisa la información turística para Medellín, uno se da cuenta de cuál es la edad de los que más viajan, cuánto gastan, dónde se quedan, a qué vienen, por dónde vienen, que otra ciudad visitaron, cuánto gastaron, y yo creo que de ahí uno podría deducir muchas cosas y entender cuáles deberían ser las políticas para el ingreso de estos personajes«, aseguró al respecto Jazmín Santa Álvarez, docente investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro del secretariado técnico de la Mesa Intersectorial en contra de la ESCNNA Medellín.
En cuanto a las nacionalidades, los tres primeros países con más extranjeros indiciados en Colombia son Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. Sin embargo, el primero se lleva, por lejos, la mayor cantidad de noticias criminales abiertas, con el 89 por ciento del total de indiciados, correspondientes a 2.903 personas. Le siguen los ecuatorianos con 61 casos (1,87 del total) y los ciudadanos de Estados Unidos que representan el 1,72 por ciento del total, es decir, 56 indiciados por delitos sexuales en cuatro años.
Andy Asselin, quien violentó y abuso de niña indígena en Taganga. Foto:Redes sociales de Andy Asselin
Y en cuanto al rango etario de quienes fueron señalados de abuso sexual, las cifras dejan ver que son los hombres entre los 27 y los 59 años los que más son denuncias por estos delitos han recibido. En total, 1.353 ciudadanos extranjeros que están entre esas edades fueron indiciados por delitos sexuales, lo que equivale al 41 por ciento del total, mientras que los jóvenes de entre 16 y 26 años representaron el 16 por ciento, con 604 casos. Hay que decir, sin embargo, que en el 26 por ciento de las denuncias no se especificó la edad del presunto victimario.
Las cifras de 2024
Preocupa que el 2024 fue prácticamente un calco de las tendencias de los últimos años. De acuerdo con las cifras de la Fiscalía, el año pasado hubo 513 extranjeros denunciados por delitos sexuales en Colombia. De esos casos, 450 (el 87 por ciento del total) fueron por abusos en los que la víctima fue una o un menor de 14 años. Y de todos esos casos, apenas han entrado en avances judiciales el 15 por ciento del total de los casos distribuidos así: 11,7 por ciento en etapa de juicio (60 casos), el 2, 53 en investigación (13 casos) y tan solo seis condenas, correspondientes al 1,17 por ciento del total. Es decir que 433 procesos, correspondientes al 84 por ciento del total, están en etapa de indagación, o sea, sin avances judiciales significativos, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de la Nación. Y al igual que en los años anteriores, el escalafón lo lideran los ciudadanos venezolanos (413 casos), ecuatorianos (15) y de Estados Unidos (13 casos).
Dos casos de absolución que generaron polémica en Medelín
Las capitales del país han sido el epicentro de una serie de capturas en contra de ciudadanos extranjeros que llegan con fines de explotación sexual, problemática que ha llamado la atención de las autoridades y de los colectivos que velan por los derechos de los niños. Según las cifras recopiladas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la ciudad, en 2023 cinco extranjeros fueron capturados por delitos sexuales en Medellín, mientras que en 2024 se registraron 23 capturas por estos crímenes. Se trata de una variación del 360 por ciento entre un año y otro.
En 2023, en los meses de agosto y septiembre, respectivamente, EL TIEMPO reportó los casos de las capturas de dos ciudadanos extranjeros, un estadounidense y un indio, que, posteriormente, fueron vinculados a procesos judiciales, por delitos de demanda de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Testigos y víctimas denunciaron que los hombres las habían contactado a través de redes sociales para ofrecerles dinero a cambio de tener relaciones sexuales. Los extranjeros fueron procesados e incluso uno de ellos, el ciudadano de origen estadounidense, había sido enviado a prisión en la ciudad.
Utilizaban las redes sociales para contactar a la jóvenes. Foto:iStock
Sin embargo, ambos casos dieron un giro completo en 2024, recibieron sentencias absolutorias. En el caso del ciudadano estadounidense, su defensa argumentó que una ONG les pagó a los testigos para que rindieran falso testimonio en su caso. EL TIEMPO consultó al vocero de la ONG y este aseguró que eso no sucedió; mientras que, en el caso del ciudadano asiático, fue la misma Fiscalía la que solicitó la medida de preclusión, en tanto, tras la investigación, el ente judicial concluyó que el procesado no intervino en los hechos y un juez aprobó esta solicitud luego de la revisión del material probatorio correspondiente.
No obstante, en ambos casos llaman la atención los antecedentes que los hombres presentaban al momento de su captura, y los elementos probatorios que habían sido vinculados en su contra. En el caso del estadounidense, las autoridades habían determinado que contactaba por redes sociales a adolescentes de Medellín, entre los 14 y los 17 años, para sostener relaciones sexuales a cambio de dinero, una cifra que según testimonios ascendía a los 250.000 pesos colombianos.
Además, se conoció, en ese entonces, que una de sus presuntas víctimas denunció los hechos ante las autoridades y la información dio pie para que se avanzara en la investigación. También, los testimonios indicaban que el hombre les habría impuesto a sus víctimas exigencias en términos de vestimenta, aseo personal y comportamiento durante los encuentros que ocurrieron en una propiedad en Bello.
Razones por las que llegan depredadores sexuales
La investigadora Jazmín Santa afirma que hay varias razones que atraen a este tipo de depredadores a la capital antioqueña: «Se ha vendido un estereotipo de mujer paisa que es llamativo. También tenemos que reconocer que esta ciudad tiene muy fácil acceso a las sustancias psicoactivas. Se ha naturalizado su consumo, los precios y las calidades varían, y eso es como un gancho que trae a los extranjeros acá. Nos hemos posicionado como la capital del reguetón. La gente uno escucha que viene porque quiere conocer una discoteca que menciona Bad Bunny en una canción o un sector donde rumbea Karol G, que es Provenza«.
El Parque Lleras, en Medellín, es uno de los puntos críticos. Foto:Andrés Álvarez / EL TIEMPO
Asegura que estos lugares frecuentados por extranjeros en busca de ‘la experiencia paisa’ suelen presentar un contexto tanto de trabajo sexual como de explotación sexual, que no son lo mismo. El primero no es un delito en Colombia, el segundo sí lo es. Pero también hay muchos que llegan a la ciudad con paquetes de turismo con fines de explotación sexual ya adquiridos: «Muchos de estos paquetes ofrecen menores de edad y estos ya son de explotación, cuando se trata de menores de edad ya es explotación».
Juan Carlos Gutiérrez, director para Colombia de Anti Trafficking Bureau (ATB), explicó que la trata y explotación de menores en Colombia no solo funciona en modalidad de turismo con estos fines, sino que también se ha ampliado al ámbito virtual: «Hoy por hoy, venimos haciendo un arduo trabajo en Cúcuta, donde se han identificado pequeñas redes de explotación sexual, especialmente en la modalidad de webcam».
‘El demonio de Taganga’: grave caso de impunidad
Corría el año 2019, cuando EL TIEMPO reportó la captura en Lisboa, Portugal, del ciudadano israelí Assi Moosh, señalado como cabecilla de una red de proxenetas en Colombia, que operaba desde el balneario de Taganga, en Santa Marta, donde el también llamado ‘Demonio de Taganga’ vivió durante más de una década. Assi Moosh, que había sido expulsado del país en noviembre de 2017, fue solicitado en extradición por el gobierno colombiano por los delitos de homicidio agravado, trata de personas, proxenetismo, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.
Era el propietario del afamado hostal ‘Benjamín’, donde se hacían fiestas y bacanales incluidas en los planes turísticos que ofrecía a jóvenes militares de Israel que llegaban de vacaciones a Colombia. Los negocios de drogas, prostitución y trata de personas (se sospecha que, entre ellas, menores de edad) de Moosh se movían entre Santa Marta, Cartagena, Bogotá y Medellín.
El exmilitar israelí Assi Moosh tiene abiertos procesos en Colombia. Foto:archivo particular
En 2019 se conoció que fue liberado. «Las audiencias se complicaron por el cambio de horario y porque solo hay un traductor en Colombia y él decía que no entendía español. Todo eso ha hecho complejo el proceso, incluso logramos que le asignaran un abogado de oficio. Quedó en libertad porque se venció el término para hacer las imputaciones», explicó en su momento un alto funcionario de Colombia cercano al caso. Aún no ha pagado un solo minuto de prisión en territorio colombiano. Lo último que se supo es que se estaba indagando si había regresado al país, pero habría enviado una carta en la que aseguraba que se encontraba en su país natal.
Falta de control por parte de Migración Colombia
Para Francisco Bernate, profesor de la Universidad del Rosario, Colombia debe mejorar su capacidad para verificar los antecedentes judiciales de los visitantes extranjeros: «El control migratorio que nosotros podemos hacer frente a este tipo de situaciones es muy escaso, de manera que hay una vulnerabilidad sin perjuicio de que nuestro país se ha convertido en un destino con estos propósitos y así lo ven otros países, también se trata de la percepción que tienen de nosotros en el mundo».
Migración Colombia informó de la inadimisión del ciudadano de origen estadounidense. Foto:Migración Colombia
Migración Colombia tiene una alianza con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), rama del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos y un trabajo mancomunado con la Policía Nacional que consiste en una serie de alertas que genera la entidad norteamericana para informar que en un vuelo que se dirige hacia el territorio colombiano se encuentra un depredador sexual. Esta herramienta se llama Angel Watch y permite que el país genere una inadmisión contra el sujeto en cuestión. Pero estas medidas no han sido suficientes, se siguen presentando estos casos. La pregunta es: ¿qué pasará con esos miles de casos no resueltos y los que aún faltan por ser denunciados?
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Redacción Nación y Datos
EL TIEMPO
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
Publicado el: 2025-02-15 01:00:00
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