más de 600 predios y contratos con anomalías

Luego de que la Procuraduría General de la Nación anunció a finales de julio de este 2024, la indagación a presuntos ‘carteles de la corrupción’ en las Empresas Municipales de Cali (Emcali) por cobros del servicio de energía a negocios, moteles, colegios y particulares con supuestas reducciones, el concejo de la ciudad fue epicentro de un control político.

La Procuraduría ha recibido denuncias sobre presuntos acuerdos para rebajar los cobros de energía a empresas, así como establecimientos comerciales, entre ellos, moteles y viviendas en estratos 5 y 6.

Al hemiciclo asistieron los gerentes general y de Energía y Telecomunicaciones de la empresa pública de la capital del Valle.  El debate fue citado el 5 de agosto y se extendió hasta este 6 de agosto.

De acuerdo con la Procuraduría, se busca determinar “responsabilidades frente a un presunto megarrobo de energía que se viene presentando en la ciudad y que se calcula en $ 50.000 millones mensuales en pérdidas para la empresa”.

El pasado 5 de agosto, el gerente general de Emcali, Roger Mina, y los dos gerentes de unidades de negocios, asistieron a la plenaria, pero no pudieron hacer uso de la palabra dada la exposición que hizo el citante Roberto Ortiz, lo que llevó a que por estrado, fueran nuevamente convocados para este martes 6 de agosto, en el Concejo.

El concejal Ortiz hizo referencia a «la obsolescencia de equipos, alquiler de inmuebles improductivos, adjudicación de contratos previamente direccionados sin que el gerente general ni los gerentes de área tomen acciones contundentes y lo que sería la presunta existencia de ‘carteles’ que permean la entidad».

Ortiz afirmó que ha venido sosteniendo que al interior de la empresa existiría una presunta mafia compuesta por 11 ‘carteles del componente de Energía’, otro tanto en el componente de Acueducto y lo mismo con la empresa de Telecomunicaciones.

Ortiz dijo que a pesar de las denuncias presentadas ante la Fiscalía desde 2018 y de haberse consumado situaciones fatales contra empleados de Emcali que han denunciado la corrupción adentro y afuera de la empresa, “no se han tomado medidas correctivas ni investigativas para judicializar a los responsables”.

Entre tanto, la concejal María del Carmen Londoño solicitó a la Contraloría General de la Nación suspender los efectos de la adjudicación que hizo la empresa de energía para entregar un contrato de $ 93.000 millones para el alumbrado público, donde se deberá hacer la reposición de las luminarias de sodio por tecnología LED.

Dijo que lo paradójico e insólito es que un contratista, a través de Megaproyectos, «tuvo esta responsabilidad durante 24 años y por ineficiencia e inoperancia solo pudo actualizar el 34 % del alumbrado y ahora se le adjudica de nuevo el mismo contrato para que en seis meses actualice el 66 % restante que no pudo hacer durante más de dos décadas”.

El concejal Sergio Mauricio Zamora se unió a la voz de protesta y recordó a la gerencia de Emcali que varios concejales habían advertido que el contratista de Megaproyectos habría estado impedido moralmente para contratar con el Estado y haber incumplido los contratos que ha suscrito con Emcali a lo largo de los años.

Por ello, los concejales instaron a los organismos de control locales y regionales, así como a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría Nacional y a la Fiscalía General de la Nación suspender todos los efectos del contrato e investigar si fue un contrato planeado, construido y direccionado para que se le diera a un contratista determinado, tal como ellos lo habían vaticinado.

En julio de este 2024, el procurador delegado para la Vigilancia Administrativa, John Harvey Pinzón, dijo que se estaban evaluando documentos, así como declaraciones de algunos trabajadores y otras evidencias, inclusive para determinar si han habido alteraciones en medidores de energía. 

“Conforme con la designación de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hemos adelantado una inspección disciplinaria con expertos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, hemos recaudado pruebas documentales y recibimos testimonios que permitirían afirmar que las irregularidades que se han registrado en diferentes medios de comunicación son ciertas”, dijo Pinzón, en ese momento.

Asimismo, según la misma Procuraduría, en estos ‘carteles fraudulentos’ se habrían cometido alteraciones de los medidores de energía y otros dispositivos electrónicos, para reducir el consumo y, por ende, los pagos.

«Existen varias irregularidades en el control, la instalación y en el funcionamiento de algunos medidores de energía con posible afectación o beneficio de algunos de los usuarios. Algunas líneas de investigación permitirían indagar que existen algunas organizaciones denominadas ‘carteles’, donde estarían involucrados posiblemente trabajadores de Emcali», dijo el procurador delegado.

“Analizaremos la información, recaudaremos otras evidencias y seguramente adoptaremos decisiones de investigación disciplinaria. No descartamos que tengamos que acudir a figuras excepcionales dentro de la actuación, como la de suspensión provisional”, sostuvo el delegado de la Procuraduría.

Predios y un restaurante en el barrio Alameda; denuncian un asesinato

Ortiz afirmó que al menos 600 predios en el sector de La Buitrera estarían consumiendo servicios públicos de manera fraudulenta, al igual que un restaurante del barrio Alameda, de Cali, una situación alarmante que requiere acción urgente.

Además, el concejal denunció que Emcali no cuenta con tecnología inteligente para controlar la pérdida de energía ni ha adquirido infraestructura para prevenir estos robos, dejando a la empresa vulnerable ante el fraude.

Otra grave alerta se centró en la presunta intención de nombrar a un contratista, «conocido por comportamientos nocivos que amenazan la integridad de la entidad. La seguridad de los trabajadores también fue un punto crítico, destacándose las amenazas y asesinatos de varios funcionarios sindicalizados».

Denunció que un atentado contra  Jairo Valderrama, pensionado de Emcali y padre de Mauricio Valderrama, quien ha trabajado como contratista durante 20 años «y cuya muerte se sospecha habría sido una represalia por denunciar el robo de energía. La madre de Mauricio también resultó gravemente herida en el ataque ocurrido el pasado mes de mayo del 2024», dijo Ortiz.

Ortiz también señaló la presunta ineficiencia de la Unidad Estratégica de Negocio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (GUENTIC y antes Telco), que posee 24 edificios generando más gastos que rentabilidad.

Según Ortiz, habría 1.000 predios involucrados en total, entre ellos instituciones educativas públicas.

Tensión entre concejales y  Emcali

El gerente general de Emcali, Roger Mina, dijo sobre los presuntos ‘carteles de fraude’ en la empresa, denunciados por el concejal Roberto Ortiz: «Frente a los fraudes el artículo 417 del Código Penal establece un delito que se llama abuso de poder por omisión de denuncia. Es obligación de los funcionarios hacer la denuncia, yo concejal me presto a hacer denuncias en conjunto. Estamos trabajando con la Fiscalía. Nos sentamos con la Fiscalía esta avanzando, le agradezco nosotros también queremos en nuestro propósito que no se cometa fraude». 

El concejal Ortiz dijo que le hará llegar las denuncias, las cuales hizo de manera directa ante los organismos de control.  

El gerente Mina continuó reiterando: «Tuvimos una actuación con la Fiscalía, los funcionarios de Emcali han proporcionado información». Pero indicó. «No se pueden tratar a los trabajadores de bandidos, habrá personas que habrán cometido falta y deberán responder».

Durante la exposición, hubo tensión luego de la intervención de Mina, quien se refirió a la concejal María del Carmen Londoño sobre una propuesta de un oferente de energía que supuestamente la cabildante habría sugerido. 

La concejal Londoño expresó: «Que se traten las cosas como son, si algo he hecho es hacer las cosas con transparencia y bien hechas. Lo que exijo es que este proceso tienen muchas irregularidades. Ustedes verán, pero vamos a exigir a los entes de control, no los locales, los nacionales, tanto Procuraduría, como Contraloría».

El concejal Ortiz dijo luego al gerente: «Usted es muy ingenuo». Dijo que a la concejal Londoño y a él les han dado respuestas diferentes. Añadió que las respuestas han debido ser más concretas.

Ortiz instó al gerente Mina a tomar correctivos e inclusive mencionó una investigación de la Fiscalía, de 2018 que «está dormida». 

«Usted va a dejar pasar, que encontremos de dónde sale la corrupción, quisiera que contestara si va a tomar la decisión de denunciar a estos funcionarios públicos», afirmó Ortiz. «En este debate amplio, las cifras (…) con documentación, un trabajo bien hecho no puede quedar en el olvido». Ortiz dijo que espera que Emcali pida los documentos para luchar unidos contra la corrupción. «La llegada de ustedes a Emcali es para salvar la empresa o para que las cosas sigan amañadas. Emcali hoy en día no presenta un buen estado, pero para que tampoco se persiga a los funcionarios honestos que son capaces de poner el pecho». 

El gerente de Energía de Emcali, José David Insuasti, dijo sobre qué se está haciendo por la empresa. «Estamos salvándola». Manifestó que los problemas de la entidad no se deben a la actual administración, sino la pasada. Enfatizó en sacar adelante una política por la empresa basada en sostenibilidad, rentabilidad e integridad y transparencia.

El funcionario dijo que aumentó la participación de Emcali en el mercado regulado en un 89 %. «Somos rentables para asegurar una oferta con cobertura».

Insuasti dijo que se busca que Emcali combata la corrupción, buscando energía para poder garantizar una buena cobertura y añadió que la empresa tiene una de las tarifas más bajas. Señaló al responder a la concejal Londoño que en estos siete meses de la alcaldía de Alejandro Eder «no se puede hacer un proyecto a la loca», al asegurar que están analizando las mejores opciones en materia de energía. 

Explicó que hay pérdidas técnicas con cambios de voltajes, hay elementos que hace se pierda, se reconoce en la tarifa. 

«En las pérdidas no técnicas aquí hay un dolor de cabeza». Dijo que las pérdidas de este tipo no se miden mensualmente sino anualmente, pero hay indicadores. Dijo que se deben hacer balances de energía, revisar barrios. Pero hay una falla, Emcali no tiene certeza en sus bases de información sobre cómo los usuarios están conectados a los transformadores. 

Señaló que hay 24.000 procesos y 32.000 suspensiones, además de cerca de 1.500 tutelas. ¿Qué estamos haciendo? Poniéndonos al día. Yo no puedo señalar si algún funcionario está robando, no es mi competencia, pero sí denunciar. Seguramente hay carteles, lo que leyó son las causas de las pérdidas de energía. ¿Cómo atacar? Cambiando el modelo».

Insuasti sostuvo que en efecto hay robos de energía en toda la ciudad y en estratos desde el 1 al 6.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali