Los nombres de Álvaro José Salazar Romero, José Eduardo Cortés González y José Olmedo Manjarrez Valencia, hoy como imputados de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación «por sus posibles responsabilidades individuales, por los delitos de concierto para delinquir, administración desleal, hurto agravado por la confianza, estafa en la modalidad masa y falsedad en documento privado.
Conforme a los criterios de
En otras palabras, por una gran estafa superior a los $ 85.000 millones, cuyas 91 víctimas son personas naturales y empresas.
Estos imputados no aceptaron cargos y por ello, el proceso continúa, entre demandas que han llegado, además, a la Corte Suprema de Justicia, no solo a la Fiscalía General de la Nación.
Los hechos investigados por la Fiscalía están relacionados con «la promoción de un proyecto de construcción de un centro comercial en Cali (Valle del Cauca), entre 2013 y 2018, y la venta de locales y distintas áreas sin contar con los recursos económicos para ese fin».
El megaproyecto contaría con hotel, restaurantes, bancos, consultorios médicos, entre otros establecimientos, además de 1.800 parqueaderos. En total fueron ofertados 340 inmuebles para diferentes usos.
«Hasta el momento han sido acreditadas 91 víctimas, entre ellas personas jurídicas y empresas reconocidas, prestamistas o inversores de capital y fideicomitentes que compraron y no vieron el fruto de su inversión, pues los hoy imputados habrían usado de manera indebida los bienes y recursos confiados para otros fines distintos a la ejecución del complejo comercial», indicaron en la Fiscalía General de la Nación.
Una de las demandas contra los imputados llegó a la Corte Suprema de Justicia y es así que en la jurisprudencia se indicó que «en el año 2014, se vinculó como inversionista al
proyecto inmobiliario, desembolsando un total de $ 789.826.250.oo, monto destinado a los aludidos encargos fiduciarios, firmados el 11 de diciembre de 2014, que tenían por objeto adquirir los locales BC1-7, L1-4, BC2-7 y 1-051″, en un centro comercial de Cali.
«El negocio fiduciario consistía en que las sumas entregadas, como inversionista, a la fiduciaria para su administración, serían transferidas a la promotora (…), en su condición de constructora, y una vez alcanzara el equilibrio en la obra y en las ventas, se celebrarían las promesas de compraventa o las correspondientes escrituraciones sobre los inmuebles», se lee en el documento.
Según lo declarado en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia, Álvaro José Salazar
Romero era 2017, el entonces representante legal de una sociedad fiduciaria y quien habría certificado presuntamente que el demandante «era beneficiario de los referidos locales comerciales, con sus respectivos encargos fiduciarios y que los recursos aportados se garantizaron con el inmueble denominado «lote Baxter», sobre el cual se desarrollaría el centro comercial». En esa misma fecha, los representantes legales de la fiduciaria y de la promotora del centro comercial «le entregaron paz y salvo sobre el pago total de los encargos fiduciarios».
«Dado que no se logró el punto de equilibrio, el proyecto inmobiliario no se podía llevar a cabo, pero la fiduciaria, sin el previo cumplimiento de este requisito, entregó al promotor los recursos invertidos, además de estar vencidos los términos para el desarrollo del contrato, la construcción de los inmuebles y su posterior escrituración, situación que, según la cláusula 13 de los encargos fiduciarios, conlleva su terminación», dice la sentencia de la misma Corte Suprema.
Este demandante, en los 91 afectados, según la Fiscalía, pidió que le reembolsen la suma de $ 656.897.213, junto con los rendimientos financieros generados desde el 11 de diciembre de 2014, hasta que se efectúe el pago, «porque, pese a vincularse al proyecto inmobiliario, aportando $ 789.826.250 para ser administrados por la fiduciaria, ésta, sin haberse alcanzado el punto de equilibrio, entregó esos recursos al promotor del centro comercial, sumado a que estaban vencidos los términos de la ejecución contractual, construir los inmuebles y sus respectiva escrituración, imponiéndose la terminación de los encargos, según su cláusula 13».
Solo hasta el año pasado, de acuerdo con el proceso en la Corte, este ciudadano solo obtuvo la devolución de $ 131’833.183.85.
El proceso ante la Corte arrojó que «las pruebas arrimadas al proceso descubren los actos fraudulentos, deshonestos y maliciosos desplegados por algunos empleados» de la fiduciaria para manejar los recursos destinados a un proyecto inmobiliario.
También se indicó que la representante de dicha fiduciaria, posterior al cargo que había ocupado «reconoció la conducta fraudulenta realizada por los propios empleados de la fiduciaria, que afectaron el buen desarrollo del proyecto (…), sin que sea de recibo, como equivocadamente lo afirmó el Tribunal, que la mencionada representante legal, al absolver su interrogatorio, solamente emitió su opinión, cuando lo advertido son sus respuestas claras a preguntas asertivas, que dieron expresa cuenta del proceder deshonesto de quienes laboraban en Cali (…).
En la misma fiduciaria reconocieron presuntos manejos irregulares
El 2 de abril de 2018, el apoderado judicial de la fiduciaria aquí demandada, formuló, ante la Fiscalía General de la Nación Santiago de Cali, denuncia penal con el siguiente asunto: ‘Descripción de los delitos concierto para delinquir art. 340, hurto agravado art. 230 y 241; falsedad en documento privado, art. 289; transferencia no consentida de activos, art. 269; destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado, art. 293; administración desleal, art. 250B; estafa, 246, y peculado por apropiación en favor de tercero, art. 397′».
La Fiscalía señaló que los tres imputados «habrían obtenido préstamos de inversores de capital, comprometido el patrimonio de fideicomitentes, entre otras conductas, a través de las cuales defraudaron al público que respondió a la propuesta de inversión».
«Los cálculos preliminares indican que la defraudación por estas conductas punibles superaría los $ 85.000 millones, de los cuales, $ 24.000 millones presuntamente quedaron en manos de Manjarrez Valencia y $ 4.000 millones, al parecer, fueron apropiados por Salazar Romero», dice el comunicado de la Fiscalía.
Un solo demandante como empresa reclama $ 7.970 millones
En otra sentencia de la misma Corte Suprema de Justicia, del 10 de abril de este 2024, este estamento analizó el recurso de casación interpuesto por la fiduciaria frente a la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Este trámite se adelantó dentro del proceso que instauró la empresa Invgroup 18 S. A., la cual «presentó acción de protección al consumidor financiero, con el fin de que se ordene a la demandada la devolución total de los recursos depositados por la sociedad Invgroup 18 S. A., esto es la suma de $ 7.970 millones».
Ese proceso también señala: «El 17 de diciembre del 2013, la demandada celebró
«contrato de encargo fiduciario de preventas promotor (…), con el objeto de
constituir encargos fiduciarios para la inversión de los recursos recaudados por parte de la fiduciaria, bajo el esquema de preventas, los cuales serán aportados por los inversionistas al proyecto».
Este proceso de la empresa por los $ 7.970 millones tuvo como fallo de la Corte «no casar la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de la referencia». Además, condenar en costas a la recurrente. Inclúyase, en la liquidación de las costas, la suma de
$ 10’000.000 por concepto de agencias en derecho que fija el magistrado ponente».
A su vez, el departamento de Hacienda de Cali señaló que estafadores están a la caza de incautos y personas que obran de buena fe, entregando su dinero en proyectos que al final no cuentan con permisos legales.
Asimismo, sobre estafas que tendrían que ver con el pago de impuestos. Es así que personas inescrupulosas están empleando la antigua línea de atención al contribuyente, 321 3115623 para solicitar pagos de forma fraudulenta.
Según la Alcaldía, esa línea que anteriormente era para atención al contribuyente fue desactivada.
En este octubre de 2024 hubo denuncias sobre una estafa a más de 60 personas en Cali por haber confiado en un establecimiento, cuyos promotores señalaron es de compraventa de carros. De acuerdo con algunos de los denunciantes, los estafadores solían abrir locales para venta de carros, luego decían que estaban bajo insolvencia económica y se desplazaban a otro sitio para abrir un nuevo establecimiento con una razón social distinta.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
Publicado el: 2024-10-16 16:09:50
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