‘Niñas y adolescentes reclutadas se vuelven cocineras, enfermeras o esclavas sexuales de grupos armados’: panorama en el suroccidente del país
📅 🕐 hace 2 h🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 10 min de lectura
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Milena* ha venido recibiendo asesoría psicológica desde que tres hombres esperaron a esta menor afuera de su colegio en el barrio La Independencia, uno de los disputados a sangre y fuego por las bandas ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ con herencia narcoparamilitar en Buenaventura. Fue raptada y luego fue llevada a un inmueble abandonado en el mismo sector donde fue abusada sexualmente. La menor tenía 16 años, cuando la violación sucedió hace nueve meses.
Tres jóvenes reclutados fueron rescatados por el Ejército en Cauca. Foto:Fuerzas Militares
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Fue uno de los casos en los que la comunidad de la ciudad puerto del Valle del Cauca pudo advertir a la Policía para que uniformados llegaran a la vivienda y capturaran a los tres presuntos agresores, pues siguen en la cárcel luego de que no aceptaron el cargo de abuso sexual con menor de 14 años.
Gabriela* es una niña de 13 años. Casi a diario la esperan hombres de ‘los Espartanos’ cerca de su casa en el vulnerable sector de baja mar de Monte Chino para que distribuya droga afuera de su colegio o haga mandados para este grupo con la amenaza de atentar contra su familia.
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La menor y otras niñas de esta edad son blancos de ambas bandas para que cumplan las temidas e impuestas tareas como un mecanismo que las hará reclutas sin otro camino, donde suelen ser abusadas sexualmente con tocamientos o violaciones. Debido al miedo, como lo ha venido señalando la Defensoría del Pueblo, las denuncias son pocas.
Reclutamiento forzado de menores. Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO.
Además, adolescentes varones, que están en estas bandas porque siguen los pasos de tíos, primos y otros familiares que han tomado las armas como ‘Shottas’ o ‘Espartanos’, seducen a las niñas para atraerlas. Así lo hacen también los disidentes en la zona rural de Buenaventura, como el frente ‘Jaime Martínez’ de ‘Iván Mordisco’ y otros grupos, entre ellos, la ‘Segunda Marquetalia’ y el Eln.
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Defensores de derechos humanos en la ciudad puerto señalan que una de las tácticas es el enamoramiento para que aparentemente se vuelvan novias de los alzados en armas y terminen siendo víctimas estando ya dentro de esos grupos armados.
Esta táctica también la utilizan ‘los Shottas’ en la zona rural y de playas turísticas de Juanchaco y La Bocana, en Buenaventura. Lo hacen también sus aliados del Eln. ‘Los Espartanos’ que están con disidentes de las Farc del frente ‘Jaime Martínez’ tampoco se quedan atrás en la ruralidad, donde hay comunidades indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes.
Plata, armas, coca y mujeres: los ‘anzuelos’ para el reclutamiento de menores. Foto:Archivo
El jefe de la delegación del Gobierno Nacional en el llamado Espacio Sociojurídico entre ‘Shottas’ y ‘Espartanos’, Fabio Cardozo, para alcanzar una hasta ahora diluida paz total, lanzó un llamado de alerta sobre la explotación sexual y reclutamiento de niñas, adolescentes y jóvenes por estas bandas que han venido incumpliendo promesas de no más violencia e incluso de no forzarlas a estar con estos criminales ni someterlas a más riesgos de abusos.
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A finales de julio del año pasado, en el foro ‘Un pacto por la niñez de Buenaventura: implementación del acuerdo de paz urbana’, se firmó un acuerdo de voluntades entre sectores de la sociedad civil de la ciudad puerto, con la participación de líderes y lideresas, y delegados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), para «sustraer a los niños de las violencias y ofrecerles otros horizontes», como lo dijo Cardozo en ese entonces.
Reclutamiento de menores. Foto:Reclutamiento
Sin embargo, la realidad es otra: «Tenemos denuncias de niñas que se las llevan un fin de semana. Eso se llama esclavitud sexual; de niñas que reclutan a la fuerza en las bandas, que las ponen a hacer mandados o que las violentan directa y físicamente», afirmó el jefe del equipo negociador del gobierno del presidente Gustavo Petro en Buenaventura.
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Ya en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y en la Comisión de la Verdad habían dado campanazos desde mucho antes sobre la situación de reclutamiento de las menores de edad, pero no solo en bandas locales como estas de Buenaventura o las de Nariño en alianzas con la disidencia de la ‘Segunda Marquetalia’ de la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’.
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También por parte de los disidentes de las Farc, al servicio de ‘Iván Mordisco’ en zona rural de Jamundí, en el sur del Valle, además de los departamentos de Cauca y Nariño, donde cada día, tres menores, entre niños y niñas, son reclutados en esas dos regiones del suroccidente del país. Así lo señalan informes de la Defensoría del Pueblo. En el último año, de los 257 menores reclutados en Colombia, 107 correspondieron a Cauca y Nariño. De esa cifra, 93 fueron forzados a dejar sus hogares en el Cauca y los otros 14, en la región nariñense.
El investigador Leonardo González, director de Indepaz, sostiene en un informe de la entidad que las niñas y adolescentes son víctimas de reclutamiento con propósitos múltiples: no solo son incorporadas como combatientes, sino también como parejas forzadas, cocineras, enfermeras o esclavas sexuales, lo que constituye violencia de género en el marco del conflicto armado.
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La Comisión de la Verdad también ha advertido desde hace más de cuatro años hasta ahora que existe un componente de violencia sexual como el sometimiento afectivo y los abortos dentro del fenómeno del reclutamiento infantil y de adolescentes, cuya mayoría son niñas.
Según el director de Indepaz, «las niñas son obligadas a mantener relaciones con mandos medios o altos, a interrumpir embarazos de forma forzada, y a silenciar estos abusos bajo amenaza de muerte.
Además, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) ha documentado casos en los que las niñas reclutadas son instrumentalizadas como “medios de control” dentro de las filas, es decir, se las utiliza para asegurar la permanencia de los varones en la estructura, a través de vínculos emocionales.
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Menores LGBTIQ+
El mismo informe de Indepaz también da cuenta de que aunque es menos documentado, algunos llamados del Cinep y de Temblores ONG han denunciado «la persecución y estigmatización de adolescentes LGBTIQ+ en zonas de control armado, donde son obligados a ocultar su identidad o expulsados de sus comunidades, quedando expuestos al reclutamiento como forma de supervivencia o castigo social».
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El empleo de la tecnología y las redes sociales son otro método para atraer a los menores, en especial, en hogares disfuncionales, con ausencia de la figura materna o paterna, utilizando música de moda en videos que simulan ser la opción ideal, comenzando con regalos de cuadernos desde que están en primaria, como ha sucedido en planteles del Naya, en límites entre Valle y Cauca, por las disidencias ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’, y en zona rural de Nariño por parte del frente ‘Franco Benavides’.
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Niñas cuidan campamentos
Al componente militar de buscar niños y adolescentes varones para empuñar armas se suma el logístico en el que entran las niñas para cuidar los campamentos, encargarse de los alimentos para las filas, transportar víveres y vigilar rutas rurales. Si hay menores, entre niños y niñas con adolescentes que muestran destreza con la tecnología en el manejo de redes sociales también son reclutados. En todo este contexto, las menores son abusadas sexualmente y obligadas a abortar si quedan en embarazo.
Existe «una denuncia que se ha presentado en Buenaventura y, por eso, el delegado de la mesa sociojurídica creada por el Gobierno Nacional (Fabio Cardozo) hizo un pacto con estas bandas para lograr que esto no se siga presentando», dice la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. «Instrumentalizan a las muchachas, les ofrecen recursos, pero además se las llevan y pues ellas les toca ir, entonces esto prácticamente es un abuso sexual que cometen contra estas niñas», manifiesta la mandataria.
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La gobernadora del Valle también ha venido rechazando otras modalidades de reclutamiento como fiestas de los disidentes en Jamundí, a tan solo 15 minutos del sur de Cali.
Para la gobernadora Toro, fiestas ilegales con tortas en coliseos o polideportivos en corregimientos de Jamundí «disfrazan el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, buscando normalizar su presencia en el territorio».
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Esperan a Maira en Jamundí, Valle
Una de esas desaparecidas cuando era una niña es Maira Daniela Rosero Erazo. Era un jueves cuando nadie la volvió a ver. Ese día, el 22 de septiembre de 2016, Maira, que en mayo de la época había cumplido 15 años, no pudo ser recogida por el padre, como solía hacerlo, en la puerta del plantel.
Don Arturo Rosero es mayordomo en una finca con su esposa, Silvia Erazo, ayudando en los oficios del lugar.
A este trabajador le habían robado su moto una semana antes de la desaparición de su hija, después de terminar su jornada habitual de clases en el colegio. Ni la institución educativa Simón Bolívar de Jamundí ni en el humilde hogar de sus padres en las afueras de este municipio agitado por la violencia tienen noticias de ella después de 10 años sin conocer su paradero.
La menor nació en el seno de una familia oriunda de Nariño, que llegó a buscar empleo en Jamundí y que trabaja con tesón para sacar adelante a sus otras dos hijas. Ese 22 de septiembre solo llevaba su maleta escolar con un par de cuadernos.
La mamá y otros familiares le dijeron a EL TIEMPO que no cargaba ropa, ni dinero, ni tampoco documentos. Su habitación hoy sigue intacta después de no conocer su paradero. Maira solo salió del colegio, caminando, acompañando primero a una amiga hasta su casa y después tomó rumbo hacia su hogar en la vía que va de Jamundí al municipio caucano de Santander de Quilichao. En ese trayecto desapareció.
Defensores de derechos humanos en Jamundí señalan que muchas de las desapariciones de niños y niñas en una década tienen que ver con los reclutamientos. En una década, unos 60 menores han desaparecido en Jamundí.
En 2022, las familias de 18 menores en esta población del sur del Valle denunciaron el drama de no tenerlos en sus hogares. En 2021 fueron otros siete; en 2020, ocho más y en 2019, seis. Estas son cifras de denuncias del Instituto Nacional de Medicina Legal.
*Nombre cambiado por protección a las menores de edad.
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La Fiscalía General ha judicializado a nueve personas. Foto:
