Supersolidaria denuncia al alcalde de Santa Marta por presunta presión electoral a contratistas y uso de estructura administrativa con fines políticos
La Superintendencia de la Economía Solidaria llevó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia que involucra al alcalde de Santa Marta, Carlos Alberto Pinedo Cuello, así como a funcionarios, contratistas y particulares que eventualmente puedan estar relacionados con presuntas conductas que afectarían las garantías democráticas y la libertad del sufragio.
La actuación fue presentada por la superintendente María José Navarro Muñoz, quien radicó una denuncia penal ante la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y el Grupo de Delitos Electorales de la Fiscalía. Paralelamente, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación para que determine si existen posibles responsabilidades disciplinarias.
La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro. Foto:Supersolidaria
Según el documento radicado, la denuncia busca que las autoridades investiguen presuntos delitos relacionados con constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, intervención en política de servidores públicos, uso indebido de datos personales y otras conductas que puedan surgir durante el desarrollo de las investigaciones.
De acuerdo con la información recibida por la superintendente, existiría una presunta estructura organizada al interior de la Alcaldía Distrital de Santa Marta mediante la cual contratistas, funcionarios y personal vinculado a distintos programas de la administración habrían sido convocados o presionados para participar en actividades de carácter político-electoral.
La denuncia señala que estas actividades estarían relacionadas con el apoyo a una candidatura presidencial de sectores de derecha y que incluirían plantones, jornadas de volanteo, caravanas, ocupación de espacios públicos, recorridos comunitarios, denominados “tomas de barrios” y “tomas de semáforos”, así como actividades de registro de potenciales votantes.
Uno de los puntos centrales del documento radicado ante la Fiscalía es la afirmación de que la participación en estas actividades no habría sido voluntaria. Según la denuncia anónima anexada al expediente, algunos contratistas habrían recibido mensajes en los que se advertía que quienes no participaran activamente en las actividades políticas previstas para las semanas previas a la elección podrían quedar excluidos de futuras contrataciones o no ver renovados sus contratos.
La denuncia señala que contratistas habrían sido presionados para hacer proselitismo. Foto:iStock
La denuncia sostiene que las presiones estarían relacionadas con la continuidad contractual, la renovación de órdenes de prestación de servicios y el pago de honorarios o salarios presuntamente pendientes. De comprobarse tales hechos, señala el documento, podría configurarse una afectación directa a la libertad de participación política y al ejercicio libre del voto.
Entre los elementos probatorios entregados a la Fiscalía aparecen dos documentos denominados “Toma de Barrios” y “Toma de Semáforos”. Según la denuncia, dichos listados contienen cronogramas, fechas, horarios y sectores específicos de Santa Marta donde debían desarrollarse actividades de movilización política.
En esos documentos figurarían diversas dependencias de la administración distrital. La denuncia menciona secretarías y oficinas como Salud, Gobierno, Seguridad, Promoción Social, Educación, Desarrollo Económico, Mujer, Hacienda, Rentas, Catastro, Cultura, Infraestructura, Comunicaciones, Jurídica, Contratación, Paz, TIC, DADSA e INDETUR, entre otras.
Para la Superintendencia, la presencia de múltiples dependencias administrativas en estos cronogramas podría constituir un indicio que amerita verificación por parte de los organismos investigadores, con el fin de establecer si existió algún tipo de coordinación institucional para el desarrollo de actividades electorales.
La denuncia también incorpora capturas de conversaciones de WhatsApp. Una de ellas hace referencia a una supuesta presión ejercida sobre integrantes de los Equipos Básicos de Salud de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend.
Carlos Pinedo se posesionó como alcalde de Santa Marta el 1 de enero de 2024. Foto:Cortesía: Alcaldía de Santa Marta
Otro de los elementos entregados a la Fiscalía corresponde a capturas de pantalla en las que aparece un enlace a una plataforma denominada “votaciones.xyz”. Según la denuncia, en los mensajes se impartían instrucciones para compartir usuarios y contraseñas, registrar información de ciudadanos, verificar puestos y mesas de votación y cumplir con un supuesto compromiso de realizar veinte registros por persona antes del 13 de junio de 2026.
La superintendente advierte que estos elementos podrían sugerir la existencia de una estructura de seguimiento y control electoral sobre contratistas, funcionarios y ciudadanos. Sin embargo, enfatiza que corresponde a la Fiscalía determinar la autenticidad de las pruebas y establecer si efectivamente existieron conductas ilegales.
Dentro de las solicitudes formuladas al ente acusador se encuentra la apertura formal de una noticia criminal, la identificación de las personas responsables de coordinar las actividades descritas en los anexos y la verificación de si se utilizaron recursos públicos para fines políticos.
Asimismo, se pidió requerir información a la Alcaldía Distrital de Santa Marta sobre las actividades denominadas “Toma de Barrios” y “Toma de Semáforos”, así como solicitar a las distintas dependencias involucradas correos electrónicos, chats institucionales, listados de asistencia, órdenes internas, registros fotográficos y demás documentos que permitan esclarecer los hechos.
La denuncia también solicita verificar si fueron utilizados funcionarios públicos, contratistas, vehículos oficiales, programas sociales, bases de datos institucionales, recursos logísticos o tiempo laboral para apoyar actividades político-electorales.
Navarro aclaró en la denuncia que varios de los elementos aportados provienen de una denuncia anónima y de capturas de conversaciones recibidas por terceros, razón por la cual insistió en que será la Fiscalía la encargada de adelantar las labores de autenticación, trazabilidad digital y verificación de cada una de las evidencias.
La funcionaria sostuvo que la gravedad de los hechos denunciados exige una actuación urgente de las autoridades debido a que, de comprobarse, podrían representar una afectación a la transparencia electoral, a la libertad del sufragio y al deber de neutralidad que debe caracterizar a la administración pública durante los procesos electorales.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
En la sección: EL TIEMPO.COM -Colombia
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