En Norte de Santander, la región del Catatumbo se mantiene inmersa en una espiral de violencia que, tras meses de confrontaciones, ha dejado a su paso el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas, confinamientos masivos y un incremento de tácticas de guerra que incluyen minas antipersonales, secuestros y reclutamiento de menores.
Desde enero de este año, el Catatumbo ha registrado la peor crisis humanitaria de las últimas décadas en Colombia. El choque entre las disidencias del frente 33 de las extintas Farc y el Eln ha dejado, hasta finales de mayo de este año, más de 100 muertes confirmadas, alrededor de 65.000 desplazados internos y cerca de 23.000 personas confinadas en sus veredas por amenazas y enfrentamientos armados. Estas cifras oficiales y reportes humanitarios reflejan un incremento sostenido de la violencia en la región.
Ambos grupos mantienen un control territorial significativo. Las disidencias buscan consolidar rutas de narcotráfico hacia Venezuela, mientras que el Eln intenta preservar su influencia política y financiera mediante extorsiones y alianzas con redes criminales locales. El Ejército y la Policía, desplegados con más de 10.000 efectivos, han impulsado operativos que, si bien han neutralizado explosivos e incautado armas, no han logrado desarticular de manera integral a las estructuras armadas ilegales ni prevenir los desplazamientos masivos.
Miles de desplazados en el Catatumbo han buscado refugio mientras huyen de la guerra. Foto:Cámara de Representantes
La expresión de violencia en su máximo esplendor durante cinco meses
En los últimos 15 días, la dinámica el conflicto se ha intensificado. En Ábrego, por ejemplo, entre el 11 y 12 de junio, varios sujetos armados colocaron un artefacto explosivo a un subgerente bancario de Bancolombia, tras retirar su cinturón de seguridad dentro de la sucursal. Aunque la víctima fue rescatada a tiempo, el hecho generó alarma sobre el uso de la violencia de alto impacto en zonas urbanas de la región.
Por otro lado, el 10 de junio en Versalles, Tibú, una mujer y su familia sufrieron el impacto de una mina antipersonal mientras transitaban por una trocha que conecta el caserío con la troncal del Catatumbo. Este episodio repitió la modalidad de terror utilizada en abril, cuando al menos cuatro civiles resultaron heridos en otro incidente similar.
Además, en el municipio Sardinata, dentro del mismo departamento, se dio el traslado de los 25 uniformados que estaban estacionados en Las Mercedes, luego de constatar que las viviendas improvisadas en las que vivían —antiguas casas abandonadas durante años de conflicto— carecían de condiciones mínimas de habitabilidad y ponían en peligro su integridad. En varios videos circulados en redes se observa cómo estos policías pasaban días sin acceso a agua potable ni energía eléctrica, durmiendo en el piso y sin contar con una estación formal que garantizara su seguridad.
Norte de Santander, Cúcuta y Tibú en la crisis humanitaria por la violencia Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa
Aunque los habitantes del corregimiento lamentan la disminución de la presencia policial en el área, entendieron que esta era la única opción viable para proteger a los uniformados de las estructuras precarias que los mantenían prácticamente encerrados. Autoridades nacionales y regionales ya realizaron visitas de inspección a Las Mercedes y anunciarán en los próximos días el nuevo esquema de seguridad para la comunidad, con el fin de equilibrar la protección de los residentes y el bienestar del personal de la Policía.
Sumando a esos hechos, las disidencias de Calarcá han tenido presentes sus movimientos dentro de ese departamento. Fuentes de inteligencia le dijeron a EL TIEMPO sobre el desplazamiento de al menos 80 guerrilleros de los frentes 24 y 37, vinculados al Bloque Magdalena Medio, hacia áreas estratégicas de Ocaña y Teorama. Esta reconfiguración sugiere una posible expansión territorial y nuevos choques entre facciones.
Entre tanto, el reclutamiento forzado y los secuestros exprés han vuelto a ser persistentes en lo que va del año. Monseñor Isarael Bravo Cortés, obispo de Tibú, le dijo a este medio que nunca ha parado el uso sistemático del reclutamiento de menores como estrategia de dominación local.
Desplazamiento y confinamiento como arma de presión
El desplazamiento forzado se ha convertido en una pieza clave del conflicto. Familias enteras abandonan sus viviendas en busca de seguridad en Cúcuta, Ocaña o San Calixto, donde sobreviven en albergues improvisados y con ayudas escasas. La Alcaldía de Cúcuta reportó que, en los primeros meses de la crisis, diariamente llegaban entre 3.000 y 5.000 personas, cifra que, aunque ha disminuido, mantiene niveles sin precedentes en la región.
91.000 personas han sufrido los efectos de esta crisis. Foto:César Melgarejo
Conmoción interior: medidas y revés judicial
Para enfrentar la crisis, el Gobierno declaró el estado de conmoción interior el 16 de enero de 2025, habilitando decretos que buscaban financiar proyectos de sustitución de cultivos, infraestructura y asistencia humanitaria con recursos de regalías regionales. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó el decreto 0131 del 5 de febrero por falta de firmas válidas de dos ministros —el de Agricultura y el de Comercio—, y por invadir competencias formales. Este fallo, emitido el 30 de mayo, paralizó la financiación de varios proyectos urgentes y generó críticas de expertos que consideraron que la suspensión dejó a las autoridades sin herramientas de respuesta.
Aunque la Corte mantuvo exequible la financiación de proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en municipios PDET, la decisión judicial redujo considerablemente los recursos disponibles para atender la emergencia humanitaria y reactivar la economía local.
Los cultivos ilícitos en el ojo del Catatumbo
El Catatumbo concentra más de 43.000 hectáreas de cultivos de coca, según el informe de la ONU publicado en marzo de 2025. El plan gubernamental de sustituir 25.000 hectáreas mediante subsidios temporales aún no logra despegar: muchos campesinos erradican las matas, pero denuncian falta de alternativas económicas claras para reemplazar esos ingresos. La entrega de subsidios de alrededor de 1.280.000 pesos mensuales durante un año no cubre la pérdida de rentas ni garantiza la compra de productos alternativos.
La ausencia de rutas de comercialización legales y precios justos ha generado desconfianza: quienes entregan sus cultivos temen quedar en la indigencia o convertirse en blanco fácil de extorsiones por parte de los grupos armados. Lucas Marín, investigador del Cesed (Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas), había advertido con anterioridad a este medio que la falta de coordinación entre las estrategias de sustitución y las operaciones militares pone en riesgo la vida de líderes sociales: durante la implementación del PNIS, el asesinato de dirigentes creció más del 400 %.
Conectividad y servicios básicos en jaque
En cuanto a temas de educación, el departamento también ha estado en crisis, por lo que, los menores no han tenido la posibilidad de recibir sus clases de forma apropiada. Monseñor Bravo ha relatado que colegios intentaron, incluso, impartir clases por virtualidad, pero la conectividad inestable hizo insostenible esta modalidad.
Desplazados de distintas zonas del Catatumbo Foto:César Melgarejo
Además, el acceso a servicios básicos ha tenido en vilo a miles de personas debido al confinamiento. Según un informe de la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), solo en Catatumbo, 91.000 personas hasta el día de hoy, han sufrido los efectos de esta crisis; 64,000 han sido desplazadas y 27.000 han quedado confinadas. Esto les impide poder acceder libremente a servicios, alimentos o atención médica.
Fuentes consultadas, como monseñor Bravo, coinciden en que la estrategia estatal debe ir más allá de la intervención militar. Urge fortalecer el aparato judicial en la región: fiscales y jueces encargados de delitos de conflicto armado, extorsión y reclutamiento forzado.
La situación del Catatumbo revela una crisis compleja, marcada por enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y un recrudecimiento de tácticas de guerra que amenazan la supervivencia de las comunidades rurales. Mientras el Estado debate la figura de la conmoción interior y subsana vacíos jurídicos, la población civil enfrenta a diario la tensión entre abandonar su territorio o exponerse a minas, secuestros y reclutamiento.
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DANNA VALERIA FIGUEROA RUEDA
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
Publicado el: 2025-06-15 23:55:00
En la sección: EL TIEMPO.COM -Colombia