Desde hace varias semanas, la provincia caribeña de Bocas del Toro tiene en vilo a los panameños y, en especial, al Gobierno de José Raúl Mulino. Durante décadas, la industria bananera y el turismo marcaron el ritmo en esta región fronteriza con Costa Rica. Ahora, Bocas del Toro se ha convertido en sinónimo de las manifestaciones que sacuden el país desde abril.
La reforma de pensiones, los planes para reabrir una mina de cobre y la firma de un memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos fueron los detonantes de las protestas, que se han traducido en paros de docentes, trabajadores bananeros y obreros de la construcción.
«La situación ha provocado una violenta polarización del país y una generalizada crispación social, que ha impactado muy negativamente todas las actividades, en especial la educación pública», observa la abogada Lina Vega, presidenta de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
«Temas que nunca se resolvieron»
«La gente está muy descontenta, pero no es solamente un descontento de lo que ha estado haciendo el Gobierno en este periodo, que no llevan más de un año en el poder. El país tiene como 50 años de estar acumulando temas que nunca se resolvieron», comenta Anastacio Rodríguez, coordinador de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert (FES), cercana al partido socialdemócrata alemán, en Panamá.
«El estallido social de hoy es la acumulación de décadas en las que no se aplicaron políticas de Estado», agrega el asesor académico Rodríguez, y explica que a las protestas se han sumado reclamos como seguridad, salud y acceso al agua potable.
Respuesta de mano dura
La semana pasada, violentos disturbios empañaron la resistencia pacífica en Bocas del Toro. El Gobierno del presidente Mulino ha respondido con mano dura, reforzando la presencia policial, cortando Internet y suspendiendo las libertades de reunión y movimiento.
Hasta ahora, las autoridades informan de un muerto, más de 300 detenidos, y decenas de heridos.
«El Gobierno decidió declarar el Estado de urgencia en Bocas del Toro, según lo permite la Constitución, cuando se producen situaciones de violencia incontroladas, debido a que las protestas y cierres de vías mantenían aislada a la provincia del resto del país, causando graves perjuicios. En ese momento, se produjeron saqueos a comercios e instituciones, lo que provocó detenciones», señala Lina Vega, en declaraciones a DW.
La abogada panameña asegura que no han sido detenidas personas que protestaban pacíficamente ni dirigentes de ninguna organización.
En cambio, Anastacio Rodríguez sostiene que, actualmente, «la represión es más evidente. Se llevan a los dirigentes, en muchas ocasiones, sin tener evidencias claras de que hayan cometido un delito».
En entrevista con DW, el asesor académico critica que el Estado aún no haya desarrollado un espacio de diálogo: «En este momento no hay un puente de comunicación, pero lo que sí se sabe es que todo el que hable en contra del Gobierno, automáticamente, es judicializado. Hay mucha incertidumbre, hay mucho temor en la población de hablar de lo que está pasando en el país», añade.
«Una situación peligrosa»
La experta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana Lina Vega coincide en que «el Gobierno ha manejado muy mal la crisis, especialmente en la forma como se comunica». «Por otro lado», prosigue, «a la oposición a la reforma de pensiones se ha sumado una larga lista de agravios y malestares de la población, desde la falta de servicios públicos eficientes, hasta la corrupción e impunidad, que hacen muy difícil saber a dónde nos dirigimos. Por momentos, parece que quienes protestan buscan la caída del gobierno. Es una situación muy peligrosa».
Por su parte, Anastacio Rodríguez está convencido de «que nunca es tarde para empezar el diálogo». El coordinador de Proyectos de la FES en Panamá insiste en la necesidad de «establecer mecanismos para construir consenso y tener una brújula de los temas inmediatos que el país debe resolver para que la población pueda sentir que hay la posibilidad de un espacio democrático».
«Conspiraciones geopolíticas»
Actualmente, Panamá no solo libra una batalla doméstica, sino que también se ha «convertido en el centro de las conspiraciones geopolíticas», sostiene Rodríguez. El memorándum de entendimiento en materia de Defensa, que el Gobierno de Mulino firmó con Washington en abril pasado, fue uno de los detonantes de las protestas.
El acuerdo permite a Estados Unidos tener presencia en áreas específicas. Sin embargo, gran parte de la población teme que se trate de bases militares camuflajeadas, explica el asesor académico. En su opinión, «hoy, hay una batalla por la ruta de la Seda y la ruta del Ártico, esas dos rutas involucran el control de puertos, de mar, de áreas estratégicas. Para Estados Unidos, el Canal de Panamá es una necesidad, y lo que ha hecho es inventarse una mentira con respecto a la presencia de China en Panamá, para generar este acuerdo de entendimiento, que evidentemente viola todas las normas de derecho internacional».
(elm)
Fuente de TenemosNoticias.com: www.dw.com
Publicado el: 2025-06-25 14:07:00
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