Juntas militares del Sahel aplastan los derechos básicos

Desde los golpes de Estado de 2020-2023 en Mali, Níger y Burkina Faso, los gobernantes militares han impuesto leyes antiterroristas y de difamación de amplio alcance que permiten la detención arbitraria de periodistas, blogueros y activistas. También han ordenado el cierre de emisoras independientes y plataformas online.

«Se ha vuelto más represivo, ya no es tan fácil alzar la voz», dice a DW Ulf Laessing, exdirector del programa Sahel de la Fundación Konrad Adenauer en Mali.

En Mali, el general Assimi Goita tomó el poder mediante dos golpes de Estado en 2020 y 2021, y poco a poco sometió al país al control de las fuerzas armadas. En 2025, el Consejo Nacional de Transición aprobó un proyecto de ley que garantiza el mandato de Goita por otros cinco años.

Según Laessing, la inestable situación de seguridad había mejorado inicialmente en algunas zonas de Mali, e incluso los agricultores pudieron regresar a sus campos. Sin embargo, hoy en día la situación es muy distinta y la insurgencia yihadista controla vastos territorios. «No creo que ningún gobierno logre recuperarlos», dice el experto, que ve pocas posibilidades de lograr la paz en el país, incluso aunque haya otro golpe o elecciones libres.

Para el experto alemán, si bien ha habido numerosos motivos para protestar contra el gobierno, la gente sabe que si este cae, el que llegue será más islamista. «Y eso no es lo que la gente quiere», dice Laessing.

Burkina Faso calla a la disidencia

En los otros dos países de la Alianza del Sahel (AES), fundada en 2023, los gobernantes militares también ejercen un control férreo, lo que implica que la libertad de expresión y las aspiraciones democráticas se han visto severamente restringidas.

«En el caso de Burkina Faso, diría que el espacio público ya no existe más», declara a DW la activista de derechos humanos Binta Sidibe-Gascon. «Todos están obligados a callar y autocensurarse. Cualquiera que se atreva a hablar sobre la situación nacional es enviado al frente».

Sidibe-Gascon preside la ONG Observatorio Kisal y es miembro de la Coalición Ciudadana por el Sahel, una alianza que pretende fortalecer la sociedad civil en esa región. Actualmente vive fuera de su país.

El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traore, se hizo con el poder en un golpe de Estado en septiembre de 2022 y prometió a los ciudadanos que restauraría la seguridad.

Sin embargo, eso no ha sucedido. «Los derechos de los burkineses han sido confiscados y ahora están en manos de un solo hombre que toma todas las decisiones. Los derechos civiles, los derechos humanos, los derechos de propiedad e incluso el derecho a la vida, porque la pena de muerte ha sido reinstaurada», señala Sidibe-Gascon.

Las opiniones de Traore sobre estos derechos fundamentales quedaron claras a comienzos de abril de 2026, cuando dijo en una aparición televisiva que «la gente necesita olvidarse de la democracia», porque «la democracia mata».

La libertad de prensa también está restringida en Burkina Faso. Según Reporteros sin Fronteras, los casos de intimidación contra trabajadores de medios de comunicación han aumentado y una docena de periodistas ha debido irse al exilio. «La junta también ha amordazado a medios extranjeros, especialmente los franceses», afirma la organización. En 2024, al menos diez de ellos, incluidos Jeune Afrique, Deutsche Welle y The Guardian, fueron suspendidos.

Un ejemplo de la dureza de la represión es la detención, el 26 de mayo, del imán Mohamed Ishaq Kindo, un destacado líder religioso sunita. Se dice que el imán criticó una ley destinada a regular las prácticas religiosas. El arresto provocó disturbios inusuales en la capital, Uagadugú. Cientos de seguidores exigieron la liberación de Kindo, se enfrentaron con la policía y decenas fueron arrestados.

El miedo como herramienta de control

Para Newton Ahmed Barry, periodista burkinés exiliado, estos sucesos forman parte de una estrategia de miedo. «Es la lógica de esta junta y de su líder. Infunde miedo y terror para mantenerlos a todos bajo control y gobernar en paz», sostiene.

Otra señal de represión es la suspensión, por tres meses, de la Unión General de Estudiantes de Burkina Faso. El grupo había criticado la situación de seguridad. Ahora la organización está acusada de «glorificar el terrorismo» y «desmoralizar a las fuerzas de seguridad».

Mahamadou Idder Alghabid, secretario general adjunto de la Alianza Demócrata del Sahel (ADS), considera que las acusaciones son parte de una tendencia regional. «Es absurdo acusar a estudiantes, civiles desarmados, de glorificar el terrorismo», dice a DW. «Pero es un patrón conocido en el Sahel».

En su opinión, la «propaganda»  de las juntas militares funcionó en un comienzo porque presentaba conceptos que los africanos anhelaban, como la soberanía y la lucha contra el imperialismo. «Pero hoy, todas esas promesas han demostrado ser falsas». La gente de Burkina Faso, Níger o Mali se ha dado cuenta de ello y está abandonando el «barco de los golpistas».

Pese a los riesgos -arrestos, secuestros, violencia-, persisten las críticas, aunque en su mayoría procedentes del exterior, dice Alghabid. «Somos conscientes de la magnitud de la lucha que tenemos por delante, porque enfrentamos a tres regímenes militares».

Los activistas creen que la responsabilidad no solo recae en la sociedad civil y la diáspora, sino también en la comunidad internacional. «Los socios de Burkina Faso ya no pueden escudarse en la idea de que condenar a la junta es contraproducente», dice Ilaria Allegrozzi, de Human Rights Watch. «El silencio y la ambigüedad, en última instancia, siempre legitiman los excesos autoritarios».

(dzc/cp)