¿un proceso de paz estancado? – DW – 12/06/2025

La sociedad y el mundo político no salen de su conmoción por el atentado contra el senador colombiano y aspirante a la presidencia Miguel Uribe Turbay. En las últimas horas, se suman una serie de ataques, explosiones y tiroteos, que ya dejan siete muertos y decenas de heridos en la zona de Cauca.

La violencia se toma las calles y la escena política, con el conflicto armado en la memoria. A casi diez años del acuerdo de paz con las FARC de 2016, este no ha sido implementado en plenitud, y viejos y nuevos conflictos amenazan el proceso de paz.

El año pasado, Colombia tuvo una tasa de 25,4 homicidios por cada cien mil habitantes, la tercera más alta de América Latina, según la organización Insight Crime. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, 179.000 personas fueron desplazadas.

«Ya se veían indicios, desde finales del año pasado y enero de este año, de que la violencia en contra de la población civil en general, en el marco de los conflictos armados en Colombia, y también en contra de personas defensoras de derechos humanos y del mundo político van en aumento. Lo que sucedió el fin de semana pasado confirmó lo que se veía», dice a DW Matthias Schreiber, coordinador de la ONG alemana Kolko-Derechos Humanos por Colombia, con sede en Berlín.

Para Stefan Peters, director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), en diferentes zonas de Colombia, como el Cauca o la frontera con Venezuela, la situación de seguridad es muy difícil. «Lastimosamente, la violencia todavía no está fuera de la política de Colombia y eso lo vimos el sábado de una forma horrible», indica a DW.

«En la sociedad, hay indignación y temor que tiene fundamento. En los próximos días, semanas o meses, probablemente la violencia va a seguir. Espero equivocarme, pero vemos que diferentes actores buscan mostrar que tienen capacidad de causar miedo en la sociedad», añade el también profesor de relaciones internacionales y estudios de paz de la Universidad de Gießen.

Violencia en tiempos de campaña

«Los procesos electorales en Colombia muchas veces en la historia han sido muy violentos», indica Peters. También Schreiber observa que, «en el pasado, se han presentado aumentos de violencia política en contra de personas que se lanzaban a cargos públicos. La situación de seguridad en Colombia en general está en crisis y el Gobierno de Gustavo Petro no ha logrado avanzar mucho en los diálogos con los distintos actores armados».

En opinión del coordinador de Kolko, los últimos episodios de violencia son especialmente preocupantes, considerando que se celebrarán elecciones legislativas y presidenciales en 2026. «Muchos grupos han vuelto a entrar en combate. Entre ellos, pero también con la fuerza pública. Todo apunta a que la violencia va a ir aumentando de aquí en adelante», dice.

«Informes indican que hay presencia de distintos grupos armados en dos tercios de todos los municipios del país y también han ido en aumento todos los indicadores de violencia: asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento forzado, confinamiento, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes», subraya Schreiber.

Proceso de paz estancado

Diferentes factores explican el estancamiento del proceso de paz, que hoy se ve amenazado por la violencia. «Los Gobiernos no han logrado llevar a cabo por completo el acuerdo de paz de 2016. Sí se han cumplido algunas de las disposiciones, pero todavía ni siquiera se ha empezado con la implementación de muchas de ellas, y muy pocas se han logrado por completo», observa Schreiber. El experto ve pocos avances en la repartición y restitución de tierras, en el apoyo a comunidades en zonas rurales, a personas afrocolombianas y campesinas, y en disposiciones de género.

A esto se suma que hay numerosos grupos armados que todavía no han firmado ningún acuerdo de paz, y que ven que no se ha implementado mucho de lo acordado con las FARC, lo que pone mayores obstáculos en las negociaciones que empezó el Gobierno de Petro. La constante fracturación de estos grupos dificulta el diálogo con el Gobierno y además mantienen disputas por el  control territorial.

«Hay varias divisiones internamente, y complica que no hay una contraparte que tenga control sobre sus propias tropas. Nuestra lectura y lo que nos están diciendo las organizaciones de derechos humanos en Colombia es que estos grupos en su mayoría ya no tienen un proyecto político, su proyecto es beneficiarse de economías ilegales, narcotráfico, la minería ilegal y otros negocios», plantea Schreiber, de la ONG Kolko.

El director de CAPAZ apunta también a las economías ilícitas, basadas en las drogas, pero también la trata de personas, la minería ilegal o la extorsión. «Es un problema que no se ha podido resolver. Tenemos que constatar que la guerra contra las drogas del norte global ha fracasado, y la idea de la sustitución en Colombia tampoco ha tenido los resultados esperados», afirma.

«Sabemos que el proceso de paz con las FARC tiene sus fallas. Algunas cosas funcionan, pero la implementación tiene muchos problemas. Y hay un tema que va más allá. Necesitamos cambios a nivel político, social y cultural. Son cambios que requieren una larga duración», afirma.

En su opinión, se deben considerar también los paramilitares, excombatientes del otro proceso de desmovilización: «Muchos han sido asesinados o viven con amenazas. Es una tragedia, y también permite entender que algunos de los firmantes de paz ahora estén en la guerra de los disidentes. Además, es un obstáculo para otros procesos de desmovilización, para quienes ven que después de dejar las armas les puede pasar esto».

Rechazo unánime a la violencia

«Uno de los factores estructurales de la violencia en Colombia es la impunidad», señala Schreiber. Los expertos consultados concuerdan en la importancia de una investigación que permita establecer los móviles y los autores intelectuales del atentado contra Uribe.

Asimismo, la necesidad de que todo el espectro político condene el crimen en forma unánime y rechace la violencia. «Que tanto los representantes del Gobierno colombiano, como de la oposición lleguen a acuerdos mínimos, para evitar una polarización de la sociedad todavía más aguda de lo que ya se está viendo. Todos los que tienen responsabilidad política debieran mandar un mensaje de cero tolerancia a la violencia», postula el coordinador de Kolko.

Por su parte, Peters apunta a un debate serio sobre seguridad en la campaña, sin aprovechamientos políticos: «Estoy consciente que la política de paz ha tenido muchos problemas y relativamente pocos resultados. Pero se necesita mantener el debate en torno a la paz y las lecciones que podemos sacar de los últimos años en materia de paz y seguridad, y cuáles deberían ser las respuestas políticas a corto, mediano y largo plazo para reducir los niveles de violencia y llegar a acuerdos de paz y de desmovilización».

(rml)