El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles 31 de diciembre nuevas sanciones contra cuatro empresas y cuatro buques petroleros, vinculados con la llamada «flota fantasma» que supuestamente utiliza el Gobierno de Nicolás Maduro para comerciar petróleo venezolano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) designó a estas entidades por operar en el sector petrolero de la economía venezolana, en virtud de la Orden Ejecutiva 13850.
Los buques afectados forman parte de la llamada «flota fantasma» que, según Washington, facilita la evasión de sanciones y genera ingresos para el régimen de Nicolás Maduro, calificado por el gobierno estadounidense como «narcoterrorista ilegítimo».
«El régimen de Maduro recurre cada vez más a buques de diversos países para actividades sancionables y operaciones desestabilizadoras. Esta acción refuerza la señal de que los participantes en el comercio petrolero venezolano enfrentan riesgos significativos de medidas adicionales», dice una publicación del Tesoro.
“El presidente Trump dejó claro: no permitiremos que el régimen ilegítimo de Maduro se beneficie de las exportaciones de petróleo mientras inunda Estados Unidos con drogas letales”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Estas son las embarcaciones y empresas sancionadas:
- Nord Star (IMO: 9323596), propiedad registrada de Corniola Limited y gestionado por Krape Myrtle Co LTD. Transportó petróleo venezolano. Ambas empresas recibieron designación, y el buque se identificó como propiedad bloqueada.
- Rosalind (también conocida como Lunar Tide, IMO: 9277735), propiedad de Winky International Limited. Transportó petróleo venezolano. La empresa recibió designación, y el buque se bloqueó.
- Della (IMO: 9227479) y Valiant (IMO: 9409247), propiedad de Aries Global Investment LTD. Transportaron petróleo venezolano. La empresa recibió designación, y ambos buques se identificaron como bienes bloqueados.
Estas medidas complementan acciones previas contra Pdva, designada el 28 de enero de 2019 y bloqueada el 5 de agosto de 2019. Todos los bienes de las entidades designadas en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC, indica la orden.
Esta acción cierra un año de endurecimiento de la política estadounidense hacia Venezuela, enfocada en limitar los ingresos petroleros del gobierno de Maduro.
