El último monarca cuasifeudal de Europa, contra la despenalización del aborto en su país | elmundo.es

Una Monarquía constitucional hereditaria sobre una base democrática y parlamentaria. Así es como se define la forma de Estado del Principado de Liechtenstein, pequeño país de apenas 160 kilómetros cuadrados atravesado por una espectacular cordillera alpina y enclavado entre Austria y Suiza. Pero la realidad es que, en algunos aspectos, es la última nación cuasiabsolutista de la Vieja Europa, en la que su soberano tiene amplísimas prerrogativas, como la de nombrar jueces, destituir a los miembros del Ejecutivo, conceder medidas de gracia a su antojo o vetar todas y cada una de las leyes si no son de su gusto.

Y es lo que el príncipe Alois de Liechtenstein ha advertido ya que va a hacer si en su feudo sigue adelante la iniciativa popular promovida por un comité que agrupa a organizaciones de mujeres y a miembros del partido opositor Lista Libre -de adscripción socialdemócrata y ecologista- y que pretende la despenalización del aborto. Contra la voluntad del regente, que ejerce como jefe de Estado interino desde 2004 en nombre de quien sigue siendo el príncipe soberano, Hans Adam II. Su hijo primogénito, Alois, les ha mandado el recadito de que por encima de su cadáver la interrupción del embarazo va a despenalizarse dentro de las fronteras liechtensteinianas.

Hablamos de un país con una de las legislaciones más restrictivas en esta materia de toda Europa. El aborto es ilegal en todos los casos, salvo contadas excepciones, como embarazos fruto de una violación o que la vida de la madre corra peligro en caso de continuación del embarazo. Los médicos se enfrentan a tres años de cárcel en caso de participar en una intervención abortiva y también está prohibido que los facultativos informen sobre el procedimiento.

Pero, desde principios de año, organizaciones feministas han emprendido una campaña para remover esta situación. Y presentaron una iniciativa popular tanto al Gobierno del principado como al Landtag -Parlamento- con el fin de lograr que, como ocurre en casi todo el continente, el aborto sea legal durante las primeras 12 semanas del embarazo, se levanten prohibiciones como la que afecta a la información en los centros de salud, y los costes de la interrupción del embarazo queden cubiertos por el seguro médico.

El Landtag se acaba de pronunciar señalando que la propuesta no es inconstitucional. Y, tras ese paso preceptivo, los parlamentarios tramitarán la iniciativa, con muchos visos de no aprobarla. Pero el comité no quiere darse por vencido y ya está en marcha una recogida de al menos 1.000 firmas de ciudadanos con el fin de obligar a las autoridades a someter la cuestión a referéndum nacional. Confían incluso en que se lleve a cabo el próximo noviembre. Ante este escenario, el regente Alois ha dejado claro, en declaraciones al periódico Liechtensteiner Vaterland, que ejercería su derecho de veto a la medida. «Con la regulación del plazo límite, el Estado se desentiende de su responsabilidad de reconocer el derecho a la protección de la vida no nacida durante el periodo especificado», señaló, oponiéndose con rotundidad a la cuestión.

Peso de la Iglesia católica

La Constitución del Principado, de 1921, estipula que la Iglesia católica es la «Iglesia nacional», algo que se mantiene a pesar de que desde hace años el Legislativo trata de impulsar enmiendas para suprimir ese carácter de religión de Estado. En todo caso, se estima que casi el 70% de los ciudadanos profesan este credo y el catolicismo sigue teniendo una enorme influencia en la vida del país. En concreto, los miembros de la dinastía reinante son fervientes católicos, algo que Alois de Liechtenstein vuelve a demostrar con esta cuestión siempre espinosa. Pero los colectivos feministas denuncian la hipocresía del Estado, toda vez que la criminalización del aborto no impide que, según las estadisticas que se manejan, hasta 40 mujeres se desplacen cada año para abortar desde el Principado a otros países, sobre todo la vecina Suiza. Ojos que no ven…, deben de pensar en el imponente Palacio de Vaduz.

No es la primera vez que en Liechtenstein se intenta algo así. En 2011 ya hubo, de hecho, un referéndum, con un 52,3% de los votos en contra de despenalizar la interrupción del embarazo. Claro que entonces la participación en las urnas fue bajísima, algo en lo que, según los expertos, pesó mucho el que de antemano se supiera que el resultado no iba a servir para nada, puesto que el príncipe tiene capacidad de veto de todas las leyes. Ahora podría producirse exactamente la misma desmovilización.

El caso recuerda mucho a lo sucedido en noviembre en Mónaco, donde otro príncipe soberano, Alberto II, decidió igualmente hacer uso de sus prerrogativas y bloquear una ley que ya estaba en marcha para legalizar el aborto en el diminuto país mediterráneo. El Vaticano respondió al gesto del jefe de los Grimaldi dando luz verde al viaje de León XIV a La Roca a finales de marzo, convirtiéndose en el primer Pontífice en medio siglo que pisaba Montecarlo.

Otros precedentes de monarcas que antepusieron sus convicciones religiosas al sentir popular en sus respectivos países se vivieron en Bélgica y Luxemburgo. El episodio más célebre tuvo lugar en 1990 cuando el rey Balduino de los belgas fue incapacitado durante 36 horas como estratagema legal para sortear la crisis que supuso su negativa a firmar una ley del aborto. Y, en 2008, un sobrino suyo, el gran duque Enrique de Luxemburgo, provocó una gran crisis institucional cuando advirtió de su negativa a firmar la ley para despenalizar la eutanasia que entonces tramitaba el Parlamento, invocando convicciones profundas, ya que es un ferviente católico practicante. El entonces primer ministro, el socialcristiano Jean-Claude Juncker, tuvo que ponerse manos a la obra para sacar adelante en tiempo récord una reforma constitucional por la cual desde ese momento el gran duque dejó de sancionar las leyes, limitándose su función a refrendarlas. De ese modo, Enrique pudo sortear el problema de conciencia que le suponía dar su visto bueno a una ley que regulaba la eutanasia.

Lo más llamativo de Liechtenstein es que su soberano logró en otro referéndum, en 2003, que el pueblo le mantuviera su derecho de vetar las normas del Parlamento. Dejó bien claro que si le tocaban un pelo, abdicaba la corona y que se constituyeran en una República. Y la consulta popular se saldó con un enorme 76% de ciudadanos respaldándole. Hasta el medieval derecho de pernada le hubieran concedido si lo hubiera exigido, por lo que se ve.