casi 2.000 muertos en 2025 | elperiodico.com
Cerca de 2.000 personas han muerto entre pacientes y personal sanitario este 2025 en ataques a instalaciones sanitarias, como hospitales, ambulancias o las salas de urgencias, según un nuevo informe publicado este miércoles por Médicos Sin Fronteras (MSF). En concreto, el número oficial de muertes registradas ascensió a 1.981 personas, más del doble que el año anterior. En 2024, la misma fuente contabilizó 944 fallecidos – aunque en ambos casos se espera que sean más, con muertes no registradas.
Lo que inquieta a MSF es el clima que describe como de «desprecio creciente» por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y, sobre todo, una normalización que hace unos años habría sido impensable: asumir que un hospital no solo no es un lugar seguro sino que puede ser un objetivo directo, apuntando a los más vulnerables y causando un enorme impacto psicológico al saber que no se está a salvo en ninguna parte.
Hospitales bajo fuego
MSF sostiene que, además de aumentar la violencia, ha cambiado el relato con el que se intenta justificarla. «Las partes beligerantes han pasado de hablar de ‘ataques por error’ a sostener que las instalaciones médicas y el personal humanitario ‘han perdido la protección’ que les otorga el DIH», afirma Erik Laan, experto en incidencia política de la organización. Para él, no es un matiz: «Refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil».
Ese giro invierte la lógica de la protección: los hospitales pierden su presunción de inocencia y se ven obligados a demostrar que no están dando cobijo a combatientes.
Laan añade algo que, sobre el terreno, puede decidir quién vive y quién muere: las advertencias que no llegan. «A menudo se pasan por alto», señala. Sin aviso previo, un hospital no puede defenderse de una acusación de «pérdida de protección», ni evacuar pacientes, ni mover una UCI improvisada, no hay tiempo. Y, eso también, implica saltarse el derecho internacional.
MSF insiste en que no estamos ante daños colaterales inevitables, sino ante una vulneración sistemática de las reglas básicas de la guerra. Y si eso no tiene consecuencias, remata el informe, la guerra deja de ser solo violencia para ir un paso más allá y, sin guardarraíles que valgan, deshumanizarse por completo.
Sudán a la cabeza
Casi una década después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la resolución 2286, que condenaba los ataques contra la atención sanitaria y pedía acabar con la impunidad, el panorama que describe MSF va en dirección contraria. El informe, titulado ‘La atención médica en el punto de mira’, combina bases de datos internacionales con la experiencia directa de la organización en escenarios de conflicto.
Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntan en la misma dirección. En 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) registró 1.348 ataques contra instalaciones médicas en todo el mundo.
Sudán encabeza la lista de países más castigados, con 1.620 trabajadores médicos, humanitarios y pacientes asesinados en ataques contra la asistencia sanitaria. A mucha distancia aparecen Myanmar (148), Palestina (125), Siria (41) y Ucrania (19).
Hospital destruido en Lyman, óblast de Donetsk, Ucrania, enero 2023 / COLIN DELFOSSE / MSF cedida
Los Estados, últimos responsables
El informe pone el foco en los Estados como perpetradores de los ataques a hospitales, como responsables con medios y cadena de mando. En 2024 —últimos datos citados por MSF de la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos— se documentaron 3.623 incidentes contra la atención médica: un 15% más que en 2023 y un 62% más que en 2022. Según esa fuente, en torno al 81% de los ataques se atribuyó a actores estatales.
«La participación del Estado en los conflictos armados plantea retos específicos para la protección de la atención médica2, afirma Raquel González, coordinadora de MSF España. La explicación, dice, es operativa: los actores estatales tienen capacidad para desplegar ataques aéreos y explosivos, «especialmente en zonas densamente pobladas», donde el margen para evitar víctimas civiles se estrecha, o se ignora.
El impacto de derribar un hospital es de largo recorrido. Cuando un hospital queda fuera de servicio o una ONG se marcha por inseguridad, la población se queda sin una de las pocas redes que siguen en pie. Se cierran quirófanos, se paran consultas y vacunaciones. Y lo que en otra circunstancia se curaría con antibiótico o con una intervención sencilla —una infección, una complicación en un parto, una herida mal cerrada— se convierte en otra muerte probable, y evitable.
Personal médico local
MSF subraya además quién paga más caro este deterioro: el personal local. Médicos, enfermeras, conductores, logistas. Gente que no se sube a un avión cuando la cosa se complica. Son quienes quedan expuestos a ataques, secuestros y represalias. La Base de Datos sobre Seguridad de los Trabajadores Humanitarios contabiliza entre 2021 y 2025 1.241 trabajadores locales asesinados, 1.006 heridos y 604 secuestrados. En proporción, casi todo: el 98% de los humanitarios muertos, el 96% de los heridos y el 94% de los secuestrados son personal local que trabaja en la región de la que procede.
La organización pide medidas claras: reglas de intervención militar que protejan la atención médica, límites efectivos para impedir el uso de instalaciones con fines militares y una integración real de la misión sanitaria en la doctrina y la toma de decisiones. Y, por encima de todo, rendición de cuentas: investigaciones independientes, investigaciones propias y resultados públicos. «Estos mecanismos son esenciales para establecer los hechos y contribuir a garantizar la rendición de cuentas y contrarrestar la cultura de impunidad», concluye el informe.
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En la sección: El Periódico – internacional
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