Este martes, el pleno de la Asamblea Nacional inició su sesión en medio de una gran expectación, ya que se esperaba que el primer ministro, François Bayrou, rompiera su silencio tras la polémica sentencia contra la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, que la dejaba fuera de las elecciones presidenciales de 2027.
«Es cierto que hay interrogantes», respondió Bayrou al diputado socialista Boris Vallaud. «Desde el punto de vista jurídico, toda decisión penal con consecuencias graves debería ser susceptible de recurso, especialmente decisiones que implican potencialmente consecuencias irreversibles», afirmó el primer ministro, abriendo la puerta a una “reflexión” parlamentaria sobre las penas de inhabilitación inmediata. Bayrou quiso matizar que no condena a los jueces, puesto que “no tiene derecho a hacerlo”, pero sí a la ley que han utilizado los magistrados.
Esta primera reacción del Gobierno aplaudida levemente por Marine Le Pen, quien se encontraba sentada en su escaño, pero generó un importante rechazo del lado socialista: “nadie debe poder escapar de la ley», insistieron antes de presentar una contra petición a la de Reagrupación Nacional, en la que denuncian el “escándalo democrático” contra su partido.
“Lo que amenaza a la democracia es la impunidad, la presión sobre los magistrados, la negativa del personal político a asumir sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos”, se puede leer en el texto del Partido Socialista, que ha llamado a la “movilización ciudadana para defender y apoyar la independencia de la justicia”.
Lo cierto es que, 24 horas después de que Marine Le Pen fuera condenada y de que su partido jurara represalias por ello, Francia empieza a notar la presión y el poder de la extrema derecha. Por el lado del gobierno, François Bayrou apuesta por abrir el debate sobre la ley de la inhabilitación. El primer ministro sabe que se encuentra en minoría en la Asamblea Nacional y que el apoyo de Reagrupación Nacional es clave para su Gobierno.
Por el lado judicial, el Tribunal de Apelación de París anunció este martes que prevé una primera «decisión sobre la sentencia de Marine Le Pen el verano de 2026”, es decir, en un plazo más corto de lo habitual, aunque dentro de la norma. Esta petición de agilizar el proceso de apelación de Le Pen fue impulsada por varios políticos, entre ellos el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.
Un proyecto de ley contra la inhabilitación inmediata
En medio de una sesión parlamentaria llena de reproches, el presidente del partido Unión de la Derecha por la República, Eric Ciotti anunció que presentará en junio un proyecto de ley para eliminar la ejecución inmediata de las penas de inhabilitación que, según él, instaura una «pena de muerte política». El diputado consideró que la decisión del tribunal es de «extrema gravedad», y que «se está instaurando un Gobierno de jueces contra el pueblo soberano».
Unas declaraciones que no gustaron en absoluto al primer ministro, que respondió tajantemente que, «la ley en la que los jueces basaron su decisión fue aprobada por la Asamblea Nacional» y “es el Parlamento el que decidirá si es apropiado o no cambiar la redacción de la ley”.
En caso de que este proyecto de ley prospere, podría beneficiar no solo a Marine Le Pen, sino también a otros políticos que actualmente se encuentran investigados por las mismas razones por las que ha sido condenada la líder de la extrema derecha. De ser llevados a juicio y declarados culpables, evitarían con esta reforma de ley la inhabilitación inmediata. En 2023, François Bayrou se sentó en el banquillo acusado también de desvío de fondos del Parlamento Europeo para financiar su partido. Aunque, el tribunal cerró el caso al considerar que, pese a las sospechas, no había pruebas suficientes para condenarlo, la fiscalía apeló la decisión y el caso sigue abierto.
Situación similar vive Jean-Luc Melenchon, quien precisamente fue de los primeros en condenar la inhabilitación de Marine Le Pen: “La decisión de inhabilitar debe surgir del pueblo”, dijo. En 2018, la justicia abrió una investigación, que se mantiene en curso, contra el partido de izquierda y su fundador, por falsos asistentes parlamentarios.
Aunque este proyecto de ley, tras ser debatido en la Asamblea Nacional, necesitaría 289 votos de 577 para poder aprobarse. Algo que por el momento parece difícil que suceda.
El poder judicial dice “basta”
En un comunicado publicado este martes, el Sindicato de Magistrados denunció «numerosos cuestionamientos a la autoridad judicial, acusaciones de ‘justicia parcial’, ‘decisiones políticas contrarias al Estado de derecho’ y ‘negación de la democracia'», tras la condena de Marine Le Pen y las recientes reacciones políticas al respecto sucedidas en las últimas horas.
«Estos ataques a magistrados e intentos de desacreditar al sistema judicial bajo la acusación de ‘justicia politizada’ son intolerables en un Estado de derecho», condenó el sindicato, afirmando que se basan en una premisa que roza la teoría de la conspiración. Con este comunicado, la confederación da un golpe sobre la mesa y lanza un dardo envenenado contra la clase política: «Los jueces aplican a los casos concretos las leyes votadas por los representantes del pueblo, elegidos por la nación», sentencian.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2025-04-01 15:19:00
En la sección: El Periódico – internacional