La viceprimera ministra británica, en la cuerda floja por un presunto caso de evasión fiscal | elperiodico.com
El presunto caso de evasión fiscal de la viceprimera ministra del Reino Unido, Angela Rayner, ha puesto de nuevo al Gobierno laborista en el ojo del huracán. La número dos del primer ministro, Keir Starmer, ha admitido que pagó menos impuestos de los que debía tras comprar una vivienda en Hove, en el sur de Inglaterra, a principios de este año. Rayner ha atribuido el desajuste —que podría alcanzar las 40.000 libras (unos 46.000 euros), según los expertos— a un error de asesoramiento, pero las explicaciones ofrecidas hasta ahora no han convencido a la oposición, que ha exigido a Starmer que aparte a su mano derecha del cargo.
El principal objeto de discusión es si Rayner declaró la nueva vivienda como su única residencia a sabiendas de que esto le supondría una rebaja sustancial del impuesto de transmisiones patrimoniales, a pesar de que técnicamente cuenta con otra propiedad, una casa a las afueras de Mánchester comprada junto a su entonces marido en 2016. La viceprimera ministra asegura que vendió su parte de la casa familiar a un fideicomiso creado en 2020 a nombre de su hijo para gestionar una indemnización del Servicio Nacional de Salud (NHS), concedida para tratar una discapacidad permanente provocada por un parto prematuro.
Vivienda familiar
El objetivo de la venta era blindar la vivienda y garantizar que su hijo, todavía menor de edad, cuenta con los recursos y la estabilidad necesarios para lidiar con la discapacidad. “Para garantizar que siguiera teniendo estabilidad en el hogar familiar, que se había adaptado a sus necesidades, acordamos que nuestra participación en la vivienda familiar se transferiría a este fideicomiso constituido por orden judicial, del que él es el único beneficiario”, ha asegurado Rayner a través de un comunicado.
A pesar de que ya no es propietaria de la casa familiar a efectos legales, la número dos del Gobierno laborista sigue residiendo allí de forma habitual: es en esa vivienda donde paga el impuesto municipal y a donde llegan gran parte de sus recibos. Además, el hecho de que sus hijos sigan viviendo allí no la desvincula del todo a efectos legales, lo cual significa que tendría que haber declarado su nuevo apartamento —valorado en 800.000 libras— como segunda residencia, pagando hasta 70.000 libras de impuestos y no las cerca de 30.000 libras que se estima que abonó al fisco.
“Reconozco que, debido a que confié en el asesoramiento de abogados que no tuvieron debidamente en cuenta estas disposiciones, no pagué los impuestos correspondientes en el momento de la compra. Estoy trabajando con abogados expertos y con la HMRC [la Hacienda británica] para resolver el asunto y pagar lo que se debe”, ha señalado Rayner. A pesar de las explicaciones, todavía no está claro si la viceprimera ministra informó debidamente de su situación familiar a sus asesores legales o si ocultó parte de la información de forma deliberada.
Golpe al Gobierno laborista
La polémica ha salido a la luz en un momento delicado para el Gobierno laborista, el cual está contemplando subir los impuestos a los propietarios de viviendas en el Presupuesto de este otoño, en un intento de hacer cuadrar las maltrechas finanzas públicas. La presunta evasión fiscal de Rayner, titular de la cartera de Vivienda, ha aumentado la indignación con el Ejecutivo, acusado de actuar de forma hipócrita. Los principales representantes de la derecha, incluida la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, han exigido la dimisión de la mano derecha de Starmer en un intento de provocar la que sería la mayor crisis de Gobierno desde la llegada de los laboristas al poder en julio del año pasado.
Starmer ha evitado ceder a la presión de sus rivales y ha defendido, junto a otros miembros destacados de su gabinete, a su número dos. Pero el escándalo está lejos de terminar. Laurie Magnus, el asesor independiente sobre la ética ministerial —un cargo creado para garantizar el cumplimiento de los códigos de conducta por parte de los miembros del Ejecutivo— ha puesto en marcha una investigación para aclarar si Rayner ha vulnerado estos códigos con su operación inmobiliaria. Unas conclusiones que se darán a conocer en los próximos días y que, en caso de ser desfavorables, podrían provocar la caída de la viceprimera ministra y asestar un nuevo golpe a un Ejecutivo muy debilitado en las encuestas.
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