El pasado martes, un grupo de diecisiete países pidió a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que revise el acuerdo de asociación con Israel el entender que el gobierno de Benjamín Netanyahu, con sus operaciones en Gaza, está violando el derecho internacional, lo que contraviene el texto. Analizamos en qué consiste el tratado.
Cuando España e Irlanda llamaron hace poco más de un año a suspender el acuerdo, se quedaron prácticamente solos. Catorce meses, más de 50.000 muertos, un alto el fuego fallido, y varias semanas de total bloqueo a la ayuda humanitaria, incluidas agua, alimentos y medicinas después, diecisiete países han decidido presionar a la Comisión para que examine si Israel viola los derechos humanos y el derecho internacional y, así, el acuerdo.
El Acuerdo de Asociación UE-Israel es un tratado que sienta las bases legales de la cooperación política y económica entre el país y el bloque. Firmado en noviembre de 1995 y en vigor desde el año 2000, se traduce en un plan de acción que identifica áreas de trabajo y proyectos concretos. El último expiró el pasado mes de enero y está pendiente de ser renovado.
El artículo 2 establece que tanto la relación entre las partes como las disposiciones del mismo “se basarán en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, que orientan su política interior e internacional”. Ese respeto constituye “un elemento esencial del presente Acuerdo”.
Eso es lo que examinará la revisión. Por los mismos hechos que la UE estudiará ahora, un año y medio después de que se inicie el conflicto, la Corte Penal Internacional investiga a primer ministro Israelí, Benjamin Netanyahu, y al exministro de Defensa, Yoav Galant, por crímenes de guerra y contra la humanidad.
Parte de ese acuerdo es un tratado de libre comercio que regula los intercambios entre la UE e Israel. El texto impone una restricción a las importaciones de productos que provengan de territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. Esos productos no pueden beneficiarse de las condiciones preferenciales que introduce el acuerdo. Desde 2010, además, Israel y la UE pactaron facilitar el acceso a ambos mercados para los productos agroalimentarios, y en 2013, establecieron normas para el reconocimiento mutuo de los sistemas de certificación de productos farmacéuticos.
Hay que bajar hasta el puesto 27 para encontrar a Israel entre los socios comerciales de la UE, que representa apenas un 0,8%. Sin embargo, para Israel, el territorio comunitario es el principal lugar de origen de sus importaciones y también el principal punto de destino de sus exportaciones. En total, el 32% del comercio israelí, por valor de 45.033 millones de euros, es con la Unión. Estados Unidos (17%) y China (10%), segundo y tercer socio comercial del país, están muy por debajo en volumen comercial.
El flujo comercial entre la UE es Israel se ha ido incrementando progresivamente en los últimos diez años, y apenas se ha visto afectado por la ofensiva del ejército de Benjamin Netanyahu en Gaza. En 2024, el comercio de bienes entre ambos llegó a los 42.600 millones de euros, según cifras de la Comisión Europea. En servicios, con cifras de 2023, ese intercambio alcanzó los 25.600 millones.
Más allá de los aspectos puramente económicos, Israel se encuentra bajo el paraguas de la política de vecindad comunitaria. Dado el nivel de desarrollo económico del país, comparado con otros estados en la región, la mayor parte de los fondos europeos que recibe Israel van a proyectos dedicados a acercar políticas como la energética o gestión de residuos a los estándares europeos, pero sí hay una estrecha colaboración política. En total, unos 1.800 millones de euros al año, según cifras de la propia Comisión.
Israel es parte también del programa de intercambios Erasmus, y de investigación de Horizonte 2020. Tampoco los proyectos que se desarrollen en zonas ocupadas podrán optar a esta financiación. Además, la UE destina fondos también a apoyar proyectos de las organizaciones de la sociedad civil que contribuyan a promover los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia. En el marco de la cooperación regional, la UE financia también proyectos conjuntos con Palestina y Líbano con el objetivo de contribuir al proceso de paz.
El acuerdo de asociación habla de “fomentar el entendimiento mutuo”, “reforzar la seguridad regional” y contribuir a identificar áreas de colaboración nuevas. Pero también de cooperación en el ámbito de la seguridad social para facilitar el establecimiento de ciudadanos israelíes en territorio europeo, y de la necesidad de cooperar en aspectos como la lucha contra el cambio climático, la migración o el transporte.
Todo eso se traduce en medidas concretas, compromisos y áreas de trabajo en el plan de acción. Un plan que habla de la integración de Israel en el mercado único, las políticas comunitarias, o la cooperación en ámbitos como la justicia, la seguridad o la no proliferación, la energía o el transporte.
Ese texto incluye también una llamada a la lucha contra el racismo “incluida la islamofobia” o “la protección de las minorías”. En lo relativo al conflicto abierto con Palestina, inciden en “el derecho de Israel a la autodefensa,” además de hacer referencia a “la importancia de la adhesión al Derecho internacional” o de “minimizar el impacto de las medidas de seguridad y antiterroristas en la población civil”. Llama además a “seguir mejorando el acceso” de ayuda humanitaria.
El acuerdo de asociación tiene una duración indefinida, no así los planes que deben ser renovados progresivamente. El último concluyó en enero de 2025. La Comisión presentó su propuesta de renovación en marzo, pero esta sigue pendiente de ser aprobada por los gobiernos. Algunos países han mostrado ya sus reticencias a dar el visto bueno mientras dure la revisión del cumplimiento de Israel con el acuerdo de asociación.
Kallas aseguró el martes que lanzaría el proceso de revisión del acuerdo, pero no se puso una fecha límite para hacerlo. Serán en todo el propio Ejecutivo, pero también los servicios diplomáticos comunitarios quienes lo hagan. Algunos aspectos del texto, sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones políticas, se considera parte de las relaciones exteriores, bajo la tutela de la estonia. Mientras que otras, -como el ámbito comercial-, son competencia de la Comisión.
Esta división de competencias podría afectar después a una posible decisión sobre el acuerdo. De considerarse una decisión de política exterior, sería necesaria la unanimidad de los veintisiete para suspenderlo. Mientras que si se tratara de una decisión comercial, la mayoría cualificada sería suficiente.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2025-05-24 06:00:00
En la sección: El Periódico – internacional