Menos vivienda social y más necesidad en Europa | elperiodico.com

En Italia, muchas familias de bajos ingresos que enfrentan dificultades para pagar alquileres a precios de mercado también encuentran obstáculos para acceder a viviendas públicas y sociales. La oferta de estos alojamientos es claramente insuficiente, y además, muchos de los inmuebles disponibles a menudo permanecen vacíos, según informes y expertos.

En cifras, en el país transalpino existen 875.000 viviendas sociales públicas, casi todas construidas hace décadas, las cuales representan entre una cuarta y una quinta parte del total de viviendas de alquiler, según datos de la publicación especializada Scenari Immobiliari y el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT). Y su distribución responde más a criterios geográficos y demográficos (es decir, hay más en las regiones más pobladas) que a las necesidades específicas de quienes realmente las requieren.

Esto explica por qué las regiones de Lombardía y Campania encabezan la lista con 160.000 y 106.000 viviendas sociales, respectivamente, seguidas por Apulia con 61.000. En el otro extremo, regiones pequeñas como el Valle de Aosta y Molise, junto con Umbría y Basilicata, cuentan con la menor cantidad de viviendas sociales.

Además de esto, uno de los grandes problemas no solo es que no se prevé un aumento en el número de inmuebles destinados a este uso, sino que muchos inmuebles cuyos inquilinos mueren pasan a sumarse a la lista de propiedades inutilizadas. La causa es la falta de fondos para renovarlos antes de su asignación a nuevos inquilinos. En concreto, según una investigación de la Universidad Bocconi de Milán y de Federcasa, las viviendas públicas vacías representarían alrededor del 11.5% del total: una «ciudad fantasma» de unas 100.000 casas.

Por si no fuera suficiente, cada vez más asignaciones de estas viviendas terminan en los tribunales. Esto se debe a que, especialmente en el norte de Italia, varias regiones han intentado establecer el llamado criterio de «antigüedad de residencia». Este requisito implica que la persona que solicite una vivienda social haya residido en la región durante un periodo mínimo. Sin embargo, en una sentencia de abril pasado, el Tribunal Constitucional sentenció que este criterio no es admisible, al pronunciarse sobr los casos de la región de Véneto y de Lombardía , obligando a ambas regiones a eliminar este requisito.

Las ocupaciones de estos inmuebles públicos es una práctica en parte tolerada por las instituciones. “La ocupación de viviendas se ha convertido en un amortiguador social porque las viviendas públicas son pocas y están mal gestionadas”, explicaba recientemente Michele Giglio, miembro del sindicato Asia-Usb.

También se dan pequeños pasos que apuntan en la dirección correcta. Matera, ciudad del sur de Italia y capital europea de la cultura 2019, ha implementado estrategias de vivienda pública y social para revitalizar sus áreas abandonadas y proteger su patrimonio cultural.

Francia bate récord en su crisis de vivienda social: 2,7 millones de familias esperan una vivienda pública en estos momentos, según la Unión Social de la Vivienda. Un aumento de 100.000 solicitantes respecto a 2023.

La creciente demanda de este tipo de viviendas producida por la pérdida de poder adquisitivo de los franceses, la caída de subvenciones, el aumento de los costes de construcción, y el bloqueo de la creación de vivienda social han provocado que las listas de espera se engorden causando una demora de entre 5 a 6 años. Una espera que aumenta en la región parisina de Ile-de-France llegando a ser de hasta 10 años.

«Estamos construyendo cada vez menos (alrededor de 82.000 viviendas sociales este año, frente a 120.000 hace cinco años) y, mientras tanto, la demanda de vivienda social ha seguido creciendo, porque muchos hogares no pueden permitirse encontrar alojamiento fuera de las viviendas sociales», explica la presidenta de la Unión Social de la vivienda en RTL, Emmanuelle Cosse.

A la evidente falta de construcción de vivienda social, que ha pasado de 120.000 viviendas por año a 70.000, se une la crisis política de los últimos meses que ha provocado un bloqueo de las medidas presentadas por el gobierno dimisionario de Gabriel Attal.

Para las asociaciones francesas, la lista de espera crece porque la construcción de estas viviendas no está siguiendo el ritmo de la demanda, y el bloqueo político que atraviesa Francia desde hace meses dificulta la aprobación de medidas urgentes en este campo.

En julio, el gobierno dimisionario presentó un proyecto de “choque” que pretendía inyectar 1.200 millones de euros para agilizar la creación de vivienda social, pero el ministro de economía de aquel momento, Bruno Le Maire, congeló estas propuestas, por la complicada situación económica que atraviesa el país, con un déficit público que supera el 5%.

Unas medidas que pretendían apoyar a la clase media, crear una “oferta de choque” para paliar la penuria de vivienda social, y reducir el proceso administrativo para acceder a este tipo de hogares. Sin embargo, la disolución de la Asamblea Nacional y el adelanto de las elecciones legislativas en junio, que provocó la dimisión en bloque del gobierno de Macron, bloqueó todas esas propuestas, que a día de hoy siguen en pausa.  

La suspensión de la construcción de vivienda social ya fue motivo de debate en 2018, cuando el Ejecutivo aprobó la “ayuda de alquiler solidario” para paliar la falta de vivienda pública. Una ayuda económica para pagar el alquiler que pueden solicitar los hogares que atraviesan dificultades económicas. Sin embargo, de nuevo, el recorte de las ayudas sociales ha provocado que muchas familias también se queden fuera de estas listas. 

Según los datos de la Agencia Nacional de Control de la Vivienda Social (Ancols), a pesar del aumento de las solicitudes, la asignación de viviendas sociales cayó considerablemente de 467.000 en 2018 a 418.000 en 2022. Según los expertos, también influye en que las estancias en estas viviendas cada vez se alargan más y se ralentiza la rotación. A esto se suma el nuevo perfil de solicitantes: trabajadores menores de 40 años. «Los solicitantes son personas que trabajan, tienen un salario cercano al salario mínimo (1.426€/netos en Francia), muchas familias monoparentales y que buscan vivienda en todo el territorio, incluidas las ciudades medianas», explica Cosse.

Un nuevo perfil provocado por la caída del poder adquisitivo de los franceses y por el aumento de los precios de la vivienda. En ciudades como París, el metro cuadrado ya supera los 10.000 euros. En general, la vida cara en las grandes ciudades francesas pone entre las cuerdas a la clase obrera, pero cada vez más a una clase media en peligro de extinción. 

Cuando el socialdemócrata Olaf Scholz firmó su pacto de coalición con los Verdes y el Partido Liberal (FDP), en diciembre de 2021, incluyó entre sus objetivos prioritarios la construcción de 400.000 nuevas viviendas al año, de las cuales 100.000 serían vivienda social. Los alquileres se habían disparado en todo el país, muy especialmente en Berlín, una ciudad que en el país había sido un oasis frente a los prohibitivos precios de otras capitales europeas. De ser zona de alquileres más o menos estabilizados se pasó a niveles semejantes a los de las ciudades reconocidas como caras, como Frankfurt o Múnich. En diez años, el precio medio de los alquileres se había prácticamente doblado, con un incremento acumulado por encima del 90 %.

Scholz tenía el firme propósito de frenar el alza de precios con el apoyo a la construcción de esas 100.000 viviendas sociales al año. Pero quedó por debajo de ese objetivo tanto en 2022 como en 2023, con unas 25.000 y 33.000 unidades, respectivamente. El total de vivienda social en Alemania es de 1,08 millones de unidades. 

Aparecieron otros objetivos preferentes, en una Alemania que con la invasión rusa de Ucrania tomó consciencia de que su Ejército estaba tan desfasado como otras infraestructuras esenciales, desde la red ferroviaria a la digitalización. A los cuatro meses de formarse el nuevo gobierno, Scholz anunciaba un paquete inversor nunca visto para Defensa -100.000 millones de euros-. Los entre 38.000 y 45.000 millones previstos para apoyar la construcción de vivienda social, a repartir en cinco años, pasaron a un segundo plano. A eso se sumó la acuciante necesidad de resolver la crisis energética precipitada por la guerra, en un país hasta entonces fuertemente dependiente del gas, el petróleo y el gas ruso.

De las grandes promesas se pasó a los grandes reproches, hasta que la coalición saltó por los aires con la salida de los liberales del Gobierno, lo que abre un periodo de mayor incertidumbre. El Gobierno, ahora de socialmeLa coalición de Scholz mantiene formalmente su plan, estructurado en 14 puntos y que contempla medidas como la conversión de edificios de oficinas vacíos o la concesión de créditos a bajo interés. Pero sigue sin plasmarse en realidades.

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La vivienda pública en el Reino Unido está destinada principalmente al alquiler, aunque también existen algunos mecanismos para comprar los alojamientos, así como modelos híbridos. En el caso del alquiler, este está dividido entre el arrendamiento social –que ofrece alojamientos hasta un 50% más baratos que en el sector privado– y el arrendamiento asequible –cuyos precios pueden alcanzar hasta el 80% de su equivalente en el mercado libre–. En la actualidad existen 4,1 millones de viviendas públicas en Inglaterra, financiadas principalmente por administraciones locales y por organizaciones sin ánimo de lucro. Esta cifra representa un 16% del total del parque de vivienda (cuatro puntos menos que en el año 2000).

La oferta de vivienda pública ha sufrido cambios importantes en la última década. En el año 2011, la gran mayoría de alojamientos iban destinados al arrendamiento social, pero esta cifra se ha ido reduciendo progresivamente en favor del arrendamiento asequible hasta representar tan solo el 15% del total de viviendas públicas. Esta situación ha puesto en alerta a las principales organizaciones especializadas en esta materia. Según un informe elaborado por la oenegé Crisis y por la Federación Nacional de Vivienda, es necesaria la construcción de 145.000 viviendas públicas al año para satisfacer la demanda, de las cuales 90.000 deben destinarse al arrendamiento social. 

Por ahora, las iniciativas implementadas por los sucesivos gobiernos han quedado lejos de este objetivo. El Gobierno conservador puso en marcha en 2021 el Programa de Viviendas Asequibles (AHP, en sus siglas en inglés), que ofrece subvenciones para sufragar los costes de construcción de viviendas asequibles en Inglaterra. A pesar de la importante inversión, de cerca de 14.000 millones de euros, este programa sólo contempla la construcción de un total de 157.000 viviendas públicas hasta 2026, de las cuales 33.500 están destinadas al arrendamiento social.

Más allá del alquiler, existen algunos programas para la compra de viviendas asequibles. Uno de ellos es el ‘Right to Buy’, que permite a los inquilinos adquirir su casa de alquiler con un descuento de hasta un 70% o un máximo de 121.000 euros (162.000 euros en Londres), siempre y cuando esta sea su única residencia y hayan habitado en viviendas públicas un mínimo de tres años. Otro modelo es el ‘shared ownership’ (propiedad compartida), que permite comprar entre un 10% y un 75% de la vivienda y pagar un alquiler por el resto.

A pesar de estos programas, la caída en la oferta de vivienda pública en las últimas décadas es una evidencia. El Gobierno laborista ha fijado como objetivo la construcción de 1,5 millones de alojamientos en los próximos cinco años, pero los expertos alertan de que este objetivo no será posible si no se encuentra antes el dinero para construir al menos 90.000 pisos de arrendamiento social cada año sólo en Inglaterra. “Es una misión moral del Gobierno laborista reconocer el problema y construir las viviendas sociales que necesitamos”, reconoció a finales de septiembre la viceprimera ministra, Angela Rayner. Las listas de espera para acceder a un alojamiento asequible, sin embargo, siguen aumentando.