Javier Milei no esconde su simpatía con el experimento político salvadoreño. Se lo dijo personalmente a Nayib Bukele días atrás, cuando participó de la inauguración de su segundo mandato. Al principio, el presidente del país centroamericano intentó pactar con las Maras. El acuerdo fracasó y Bukele puso al Estado al servicio de una cacería de los delincuentes, encerrados de a miles en cárceles de máxima seguridad. La política de seguridad redujo de manera contundente la ola de asesinatos en medio de denuncias de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Bukele suele mofarse de esas impugnaciones. El Gobierno de ultraderecha argentino hace suya esa sorna. Si bien no enfrenta un problema de las pandillas, acaba de encontrar una figura peligrosa, el «terrorista», que no es otro que aquel que sale a la calle a rechazar el programa económico y social. Milei, de la mano de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha introducido en la vida política un lenguaje punitivo desconocido en 40 años de vida democrática.
La ola de detenciones durante el reciente debate parlamentario de la Ley Bases fue acompañada de agentes infiltrados entre los manifestantes que provocaron destrozos, así como policías a cara descubierta que dispararon balas de goma a mansalva, rociaron de gas pimienta a legisladores opositores o simples transeúntes, cuando no los zurraban a bastonazos. Semejante coreografía represiva ha sido justificada por las autoridades: se trató de evitar un «golpe de Estado moderno» que se basa en un «desgaste permanente» del Gobierno para que «pierda la capacidad de acción». Los organismos de derechos humanos ya han lanzado una advertencia: el derecho a la protesta pende de un hilo, y no solo por la normativa que incorpora la Ley Bases, sino una expresa voluntad del Gobierno de disuadir cualquier intento de ocupar el espacio público mientras se ejecuta un programa regresivo en materia laboral, social y cultural. Las nonagenarias Madres de Plaza de Mayo alertaron: «Argentina asume una fachada democrática que no alcanza a encubrir su rostro autoritario».
Medio siglo atrás, Bullrich había estado del lado de los jóvenes inconformes. Por entonces, formaba parte de Montoneros, la guerrilla urbana de origen peronista. Perteneciente a una familia de origen aristocrático, la «Pato» o «Mumi», retornó con el correr de los años a su mundo de pertenencia. Milei la acusó de haber puesto bombas y ser una «asesina» cuando disputaba con ella la presidencia. Una vez victorioso, tendió su mano a quien ya había sido ministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019). La convocó para que ejercitara sin miramientos la «mano dura».
Severas penas
Los protocolos de seguridad de Bullrich supusieron desde el inicio de la era Milei una novedad: no se puede cortar el tránsito de las principales avenidas de la ciudad. Los organizadores de las marchas deben pagar los costos operativos de la policía y la gendarmería. Las movilizaciones del pasado miércoles fueron repelidas de un modo inédito. Además, fueron arrestados 33 «piqueteros».
Entre los acusados hay un indigente que vivía en la calle, un extrabajador de un supermercado chino, un delegado sindical y docente, una familia de vendedores ambulantes. Desde hace décadas, las movilizaciones han incorporado el paisaje de los puestos de comidas calientes. Los chorizos (embutidos) y hamburguesas se asan a la vista de quienes se desplazan por las calles. También se ofrecen empanadas y bebidas. Eso es lo que ofertaban un hombre mayor con su hija y su nieta hasta que se lo llevaron. Lo mismo le ocurrió a un joven que hablaba por teléfono y a un estudiante de música. «Están diciendo que los chicos son terroristas. ‘La terrorista’ de mi hija es la que se ocupa de armar, junto a sus compañeros, de organizar ollas populares para que los chicos puedan comer. Mi hija es mamá de dos nenes. Mi hija le enseña a dos nietos a cortar verdura para que otros chicos puedan comer«, dijo la madre de una detenida.
En la noche del viernes liberaron a la mitad de los arrestados por falta de pruebas. El ministerio que conduce Bullrich decidió denunciar a los restantes por «desmanes» y «cuantiosos daños». Serán también juzgados aquellos que resulten identificados por las cámaras emplazadas alrededor de la legislatura.
El fiscal Luis Stornelli, quien cinco años atrás fue acusado de extorsión, pero nunca pudo ser juzgado a pesar de evidencias escandalosas, ha vuelto a los primeros planos. Prometió investigar «acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada, tendientes a incitar a la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática». Algunos son delitos contemplan penas de 15 años de cárcel.
Rechazan acusaciones
«Es inadmisible que el Gobierno hable de golpe de Estado o terrorismo», sostuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más importante de este país, Axel Kicillof. «Esto es un delirio», aseguró la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). «Golpe de Estado fue lo de Bolivia en 2019, el asalto al Capitolio de 2021 y el ataque al Palacio del Planalto en Brasil», señaló Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según Agustina Lloret, también del CELS, se verifica «un uso abusivo del derecho penal para criminalizar manifestantes«. Stornelli no ha explicado cuáles son las sospechas que caen sobre los ciudadanos por los que pide prisión preventiva. El organismo acaba de formular una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), el Gobierno intenta crear nuevos modos de neutralización de los opositores. «Estaba claramente planificado: la semana pasada el Ministerio de Seguridad modificó una resolución para que el Poder Ejecutivo pueda calificar como terrorista a quien quiera. Es gravísimo el uso del terror o del miedo al señalamiento del Estado como herramienta política. Están construyendo una institucionalidad paralela a la del Estado de derecho».
«Bullrich es una mercenaria de la violencia de todos los Gobiernos de derecha de la Argentina. Con el fiscal Stornelli están tratando que el estado de excepción se consolide a través de una causa judicial. Vamos a denunciarla ante los tribunales», anunció el diputado Leopoldo Moreau. «Son capaces de destruir todo», repitió Bullrich sobre el peronismo, los sindicalistas y la minoritaria izquierda, antes de subirse a un avión con destino a El Salvador. La ministra será recibida por Bukele y su par de Seguridad, Gustavo Villatoro. Se propone a su vez visitar este fin de semana el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel que puede albergar 40.000 presos y posee sistemas de vigilancia sofisticados. Bullrich aspira a hacer algo parecido en Argentina. En mayo pasado anunció que se edificarán dos prisiones de gestión privada. «Están ya en proceso de comienzo de licitación».
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2024-06-15 06:19:10
En la sección: El Periódico – internacional