POLÍTICA MIGRATORIA | Operaciones de búsqueda, centros de deportación y detenciones: el Parlamento Europeo da luz verde al reglamento de retornos | elperiodico.com
Entre gritos de «vergüenza» de la izquierda y «depórtenles» de la derecha, y con el apoyo de populares europeos, los conservadores y la extrema derecha, la Eurocámara ha aprobado este miércoles el nuevo reglamento de retornos de la Unión Europea que permitirá crear centros de deportación en países fuera del territorio comunitario, detener a personas migrantes durante más de dos años y llevar a cabo operaciones de búsqueda en domicilios cuando las autoridades sospechen que puede haber personas en situación irregular.
Según la Comisión Europea, de todas las peticiones de expulsión de personas migrantes que residían en territorio comunitario de manera irregular en 2025, bien porque llegaron sin un permiso o porque lo perdieron, apenas un 28% se hicieron efectivas. Aunque ese porcentaje es el más alto de la última década, los Veintisiete creen que no es suficiente. El nuevo reglamento de retornos busca abordar este problema, armonizando y endureciendo las normas.
La nueva legislación busca «simplificar, facilitar y agilizar los procedimientos de retorno». Entre otras cosas, la nueva ley crea un marco que permite reforzar la cooperación entre los gobiernos, compartiendo información o abriendo la puerta al reconocimiento de las órdenes de expulsión a nivel comunitario.
Detenciones y sanciones
El nuevo reglamento también aumenta la carga de responsabilidad de las personas objeto de una decisión de expulsión. Por ejemplo, en lo que se refiere a probar su identidad y proporcionar los documentos de viaje necesarios, algo que no siempre es posible para personas en esta situación.
La legislación contempla medidas coercitivas cuando una persona rechace el retorno voluntario ante una orden de expulsión. En la práctica, establece la «obligación» para las personas en cuestión de abandonar el territorio y cooperar con las autoridades. De no hacerlo, se enfrentan a sanciones.
Esto va desde la retirada de ayudas, la confiscación del pasaporte o la obligación de permanecer en un lugar específico y comparecer regularmente, hasta periodos de detención de más de dos años cuando la persona suponga «un riesgo de seguridad». El texto puntualiza que las personas deben recibir un trato «digno» y estar detenidas en centros específicos. De hecho, advierte que la prisión debe ser un último recurso.
En caso de que la persona en cuestión se niegue a abandonar el territorio de forma voluntaria, la legislación contempla además el uso de la fuerza para hacer efectiva la deportación. Las autoridades podrán imponer otras sanciones como la prohibición de entrar en el territorio tras la expulsión, a modo de castigo.
Aunque la legislación pide tener en cuenta «el interés del menor», la ley es la misma tanto para familias con niños pequeños como para menores no acompañados. Sin embargo, establece que la detención en estos casos debe ser «el último recurso» y llevarse a cabo en centros especiales. Por otra parte, el texto establece el derecho de estas personas a la asistencia legal y, en el caso de los menores, a la supervisión de un tutor en el proceso.
Centros fuera de la UE
Una de las principales novedades de esta legislación es que abre la puerta a que los gobiernos europeos creen centros de deportación fuera del territorio comunitario. El objetivo es «proporcionar a los Estados miembros más opciones de retorno, siempre que el tercer país en cuestión respete las normas internacionales de derechos humanos y, en caso de expulsión, el principio de no devolución».
En la práctica, serán los gobiernos europeos los que decidan si optan por este modelo. La idea es poder enviar a otros países a personas con una orden de expulsión, hasta que el retorno se haga efectivo. La ley exige que el acuerdo establezca desde cómo serán las transferencias hasta las condiciones de estancia y las obligaciones de ambas partes, pero no las especifica.
En teoría, el derecho europeo debería aplicarse en estos centros. Pero la propuesta de la Comisión de que sean organismos independientes quienes vigilen que se respeta la ley y los derechos fundamentales en ellos ha desaparecido del texto final pactado entre el Parlamento y los Veintisiete. También ha desaparecido del texto que ni familias ni menores puedan ser enviados a estos centros.
Algunos, como Austria, Alemania, Dinamarca, Grecia o Países Bajos, ya están negociando con terceros países para poner en marcha un proyecto piloto antes de que acabe el año. La legislación establece que deberán informar a la Comisión y al resto de países de los acuerdos que alcancen, especialmente si estos son con un estado fronterizo con el bloque.
El propio reglamento reconoce que la política de retornos depende en gran medida de la cooperación con terceros países. En este sentido, abre la puerta a que la UE pueda utilizar políticas como las de visados, la comercial, la de cooperación al desarrollo o las vías diplomáticas para presionar a los países de origen de las personas migrantes para que les readmitan.
Para Amnistía Internacional, «los centros de devolución conllevan graves riesgos de violaciones de derechos humanos, no pueden implementarse de conformidad con la normativa de derechos humanos y deben rechazarse por completo». Una visión que comparte buena parte de las ONG. Más de 250 firmaron una declaración el pasado año criticando la propuesta.
Países «seguros»
En paralelo a esta legislación, se aprobaron dos conceptos: país de origen seguro y tercer país seguro, con el objetivo de acelerar también las expulsiones de demandantes de asilo. Aunque la legislación establece que las deportaciones deberán ser solo de personas sin derecho a permanecer en el territorio, deja la puerta abierta a que también afecten a peticionarios de protección.
Entre los países cuyos nacionales la UE considera que no están sujetos a riesgo de persecución están Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez. Mientras que el concepto de país seguro abre la puerta a expulsar a personas que hayan demandado asilo a países que consideren seguros. Pero ese concepto se ha ampliado para incluir incluso aquellos lugares con los que la persona en cuestión no tiene conexión alguna, pero existe un acuerdo para que las autoridades examinen su petición.
ICE a la europea
Desde su vuelta a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho de la persecución de los migrantes irregulares una de sus principales políticas. Las imágenes de las redadas en casas, centros de trabajo y hasta colegios por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por sus siglas en inglés, han dado la vuelta al mundo. La UE ha copiado el modelo.
La legislación abre la puerta a que las autoridades nacionales puedan registrar a personas, el domicilio u otros lugares, además de las pertenencias de quienes puedan ser sospechosos de estar en Europa de manera irregular. La legislación requiere, eso sí, una orden administrativa o judicial. Además, matiza que solo podrán llevarse a cabo estas operaciones «cuando sea necesario, proporcional y debidamente justificado para preparar o garantizar un retorno efectivo».
Países como Bélgica se han adelantado y han propuesto ya una legislación en este sentido. Esta permitirá que la policía entre en el domicilio de personas que sean sospechosas de residir en el país de forma irregular. Alcaldes de varias ciudades o el Gobierno de la región de Valonia ha mostrado su oposición al texto y el Consejo de Estado del país duda de su legalidad.
Más allá de las cuestiones legales, este tipo de políticas corre el riesgo de caer en el ‘racial profiling’. Es decir, que personas con un cierto aspecto físico serán a menudo sujetas a este tipo de operaciones solamente por su color de piel, lo cual supone una forma de discriminación.
«Este acuerdo representa el último ejemplo de una creciente tendencia hacia políticas migratorias cada vez más excluyentes y draconianas, que convierten a las personas en chivos expiatorios —a menudo racializadas— y se apartan de las normas y obligaciones jurídicas internacionales», ha dicho Olivia Sundberg Diez, defensora de la UE en materia de migración y asilo en Amnistía Internacional, en respuesta a su aprobación. El bloque da así un paso más en el endurecimiento su política migratoria, apenas unos días después de la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
En la sección: El Periódico – internacional
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