Han pasado casi dos años desde que José Manuel Albares pidió a Bruselas que catalán, gallego y euskera entraran a formar parte de la lista de los idiomas oficiales y de trabajo de la Unión Europea. El ministro de Exteriores lo formalizó en una carta dirigida a la presidencia semestral del Consejo, que en ese momento ostentaba precisamente Pedro Sánchez. Era el 17 de agosto de 2023, y con esa misiva no solo puso en marcha un proceso que se venía exigiendo desde Cataluña desde hacía años; también dio el impulso definitivo al desbloqueo de las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez. Se ganó con ello el “sí” de los diputados de Junts y el nuevo Gobierno echó a andar tres meses después.
Ahora, el momento de la verdad ha llegado. Este martes, el Consejo General de Asuntos Generales de la Unión Europea (la reunión de ministros de Exteriores que se encarga, entre otros asuntos, de resolver las cuestiones de la estructura institucional de la UE) debe decidir si incluye esas lenguas en el gallego en el reglamento n.º 1/1958, que regula el régimen lingüístico de la UE. Votan formalmente si la propuesta se adopta o no.
LA MODIFICACIÓN QUE PIDE ESPAÑA
España pide añadir catalán, euskera y gallego a esta lista del reglamento número uno: “Las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de las instituciones de la Unión serán el alemán, el búlgaro, el castellano, el catalán, el checo, el danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el euskera, el finés, el francés, el gallego, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco”,.
En un primer momento, hubo dudas sobre si aquella carta era simplemente una estrategia política para engatusar a los independentistas catalanes o si el Gobierno respaldaría sus palabras con acciones concretas. Las fuentes diplomáticas consultadas a este diario corroboran que el esfuerzo ha sido muy real y constante. Los hechos y los anuncios también muestran intensidad negociadora.
Albares ha movilizado a sus embajadores en la Unión Europea para tratar de conseguirlo, y ha elevado el asunto con sus homólogos europeos. Sin ir más lejos, del tema se ha hablado “largo y tendido” en su reunión en Madrid con el nuevo ministro alemán de exteriores, Johann David Wadephul, según este mismo ha reconocido en rueda de prensa, junto con otros asuntos de calado como Gaza, Ucrania o Estados Unidos.
España presiona a los países europeos
Según el diario británico Financial Times, “España está intentando forzar a otros países de la UE para que reconozcan catalán, vasco y gallego como idiomas de la Unión, incluso poniendo en cuestión su despliegue de tropas en los países del este”. España tiene 600 soldados desplegados en Letonia.
El Ministerio Exteriores desmiente la información. “El compromiso de España con la seguridad del Este de Europa y la presencia de tropas españolas en países del Este es firme e incondicional. No está y nunca ha estado en cuestión”, aseguran fuentes oficiales a este diario. “En relación a las lenguas cooficiales, el Gobierno de España trabaja con todos los estados miembros para que la redacción final del documento resuelva cualquier duda que puedan tener».
La reunión comienza a las 10:30 y se prevé que termine alrededor de las seis de la tarde. En la agenda hay numerosos temas, como el diálogo sobre Estado de Derecho y posibles reprimendas a Hungría sobre su deriva política. Si se llega a votar, los 27 deben decidir por unanimidad si se adopta o no la propuesta española. Pero podría ocurrir que se retirara del orden del día, porque lo pida España u otro país; que España exponga sus motivos y se abra una ronda de intervenciones, tras la que se vote o, a petición de la presidencia o incluso de España, que no se vote al no tener respaldo suficiente, informa Beatriz Ríos desde Bruselas.
Orden explícita a sus embajadores
El primer debate en Bruselas sobre el asunto se produjo el 19 de septiembre de 2023. España había conseguido meterlo en la agenda del día, pero los países que se oponían eran numerosos y la discusión se limitó a un “intercambio de impresiones constructivo”, según el Consejo. Unos países se quejaban del coste que supondría, otros de que podría abrir la espita de reclamaciones similares en una UE que es ya una “Torre de Babel” con 24 lenguas oficiales y las lenguas de trabajo en el reglamento. Se acordó “seguir trabajando en la solicitud de España”.
Pero España insistió. El 10 de enero de 2024, tan solo unas semanas después de inaugurarse el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, José Manuel Albares se dirigió a los embajadores españoles en el extranjero en la conferencia anual en la que se fija la estrategia para darles un encargo claro: perseguir la oficialidad de los tres idiomas como “cuestión prioritaria” de la política exterior española en la Unión Europea. “He pedido a los embajadores defender con orgullo catalán, gallego y euskera en Europa” dijo el jefe de la diplomacia en una entrevista con este diario días después.
En marzo del año pasado, Albares mandó a sus embajadores ante los 27 un telegrama, a cuyo contenido accedió EL PERIÓDICO, en el que les pedía hacer más presión. “Hagan gestiones formales al más alto nivel”, se leía en la comunicación interna, que detallaba algunas tareas concretas que debían llevar a cabo los diplomáticos españoles: dirigirse tanto a las oficinas de los primeros ministros como a los propios ministros de Asuntos Europeos que participen en el Consejo de Asuntos Generales, y hacerles entrega de una carta dirigida por el propio ministro Albares a sus homólogos. Se detallaba incluso el argumentario que debían usar.
Argumentario a los embajadores en la UE
Para España, la cuestión es importante porque “forma parte de la identidad nacional española, inherente a nuestras estructuras fundamentales, políticas y constitucionales”. Para ahuyentar los recelos de algunos de los Veintisiete ante la posibilidad de que abrir la puerta a las lenguas españolas provoque un aluvión de peticiones, se les sugería recordar que “las características específicas del caso español harán que no sirva de precedente para otros casos”. Y se añadía: “La propuesta española no pretende crear nuevos derechos, ni ahora ni en el futuro. Más bien pretende poner fin a una situación extraordinariamente anómala en el contexto lingüístico de la UE”.
Se les pedía insistir en que las lenguas son un valor cultural del continente europeo están protegidas tanto en el Tratado de la Unión Europea como en la Carta de Derechos Fundamentales. Se trata, por tanto, de proteger aspectos claves de la identidad nacional española. “Catalán, Vasco y Gallego son lenguas cooficiales con raíces históricas profundas y un elevado número de hablantes”, se leía en el telegrama. Tienen “un lugar destacado en la Constitución española”, que defiende en su preámbulo los derechos culturales, tradiciones y lenguas de las Comunidades Autónomas, “en línea con un sistema altamente descentralizado”.
El PP, en contra de la oficialidad del catalán
Sin embargo, el asunto de las lenguas no ha conseguido sustanciarse desde entonces, tras varios bloqueos de países miembros.
Para Albares, la culpa es del Partido Popular, que lo frena. Ha vuelto a insistir este lunes de forma indirecta: “Estoy seguro de que todas las fuerzas políticas españolas, no me cabe en la cabeza otra posibilidad, están hablando ahora con sus fuerzas europeas políticas hermanas para que sean reconocidas las lenguas oficiales españolas en la UE”, ha dicho en rueda de prensa.
Pero el PP no tiene ninguna intención de pedirle al presidente del PPE, Manfred Weber, o a los socios de la CDU alemana, entre otros, que faciliten a Sánchez apuntarse ese tanto. Entre otras cosas porque tendría previsiblemente repercusión nacional y daría un argumento al Ejecutivo para pedir a Junts ayudar a pasar unos presupuestos generales, el gran lastre de la legislatura para Sánchez.
España corre con los gastos del catalán en la UE
Ante las dudas de varios socios europeos, Madrid se ha comprometido a correr con los gastos que se derivarían de la implementación de las tres nuevas lenguas en la estructura bruselense, que se estima en algo más de 134 millones de euros al año. Eso ha conseguido eliminar algunas reticencias, pero no todas.
El Partido Popular ya se opuso en España a la iniciativa que llevó a aceptar el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento español, porque implicaba “desplazar al castellano como lengua oficial”, según decían en Génova. Y porque se trataba, decían, de un pago político a los independentistas para garantizar el apoyo a Pedro Sánchez en la investidura. Esteban González Pons, vicepresidente en el Parlamento Europeo, tampoco se ha movilizado en la Mesa para que se incorporen a la cámara europea.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2025-05-26 12:58:00
En la sección: El Periódico – internacional