A ojos de un europeo, la medida no podría tener más sentido. Donald Trump firmó esta semana un decreto en el que se exige que los votantes presenten alguna prueba de nacionalidad a la hora de votar: pasaporte, carnet de conducir o certificado de nacimiento. Pero la medida es en realidad una nueva barrera que disuade de ir a las urnas a millones de ciudadanos, normalmente los más pobres y de minorías étnicas. Puede ser, además, inconstitucional, porque son los Estados o el Congreso, y no el presidente los que tienen competencia para definir las reglas electorales. Y se produce tras su intento de manipulación electoral en 2020, con llamadas para pedir que se buscaran votos a su favor y un instigamiento insurreccional contra el Capitolio.
Para empezar, en Estados Unidos no existe un registro nacional para elaborar un Documento Nacional de Identidad (DNI) como en España. Así que la nueva ley hará que la gran mayoría de estadounidenses dependan del pasaporte (que solo poseen 140 de los 345 millones de habitantes), del certificado de nacimiento o de una identificación con foto emitida por el Gobierno. Pero en el país hay 69 millones de mujeres que han adoptado el apellido de su marido y cuyo nombre completo, por tanto, no coincide con el de su certificado de nacimiento. El caso será aún peor para los ciudadanos transgénero, que son una pequeña bolsa de millón y medio de personas, pero que votarán sin duda a los demócratas, después de que Trump firmara una ley anti-trans.
La medida del presidente republicano ha sido tomada por la oposición como el enésimo intento de manipular los resultados electorales, dejando a millones de americanos, los más pobres y alejados del sistema, normalmente voto demócrata, fuera del sistema.
“Si sale adelante, se dejaría a muchos estadounidenses sin poder votar: se calcula que hay cuatro millones que no tienen documentación porque está destruída, se la han robado o la han perdido. No hablamos de inmigrantes irregulares, sino de ciudadanos. Y hasta 21 millones podrían verse afectados por esta exigencia de prueba, que tendrían que solicitar”, opina en conversación con este diario Vicente Palacio, director de Política Exterior de Fundación Alternativas. “Trump da así un golpe simbólico en la mesa sobre un asunto que fue clave en su campaña: la sospecha, sin base real, de que hay un fraude masivo de votantes inmigrantes no documentados”.
Aumentar o reducir la base de votantes
El Partido Republicano y el Demócrata han chocado durante décadas por definir las reglas electorales. En general, cuando se dificulta el sufragio, se favorece a los republicanos, de mayor poder adquisitivo y mejor documentados. Cuando se amplía la base de voto, suelen salir favorecidos los demócratas: son las minorías, sobre todo las zonas donde viven afroamericanos, donde cualquier barrera burocrática (como solicitar y pagar un certificado de nacimiento) puede ser disuasoria.
Algunos gobiernos de Estados republicanos llevaron a cabo durante años una táctica conocida como “redistricting”, redibujar los distritos electorales a su favor. Si en un distrito había empate entre republicanos y demócratas, lo redibujaban para sacar los barrios más pobres, de tendencia demócrata, e incorporarlos al distrito de al lado, que ya se sabía de antemano que sería demócrata.
Deciden los estados
En la primera mitad del mandato de Joe Biden, los demócratas en el Congreso lanzaron leyes que ampliaban la masa de votantes y los derechos de votación, especialmente de las minorías. La enmienda 14 establece que todos los nacidos en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses y tienen, por ello, derecho al voto.
Son los distintos estados los que definen las reglas de voto en Estados Unidos, según el artículo primero, sección cuarta de la Constitución: “La Asamblea Legislativa de cada estado determinará la fecha, lugar y manera de celebrar las elecciones de senadores y representantes”. Solo hay una excepción, pueden ser modificadas por el Congreso de Estados Unidos: “Empero, el Congreso podrá aprobar o modificar en cualquier momento tales disposiciones mediante la legislación adecuada”.
“Trump se está arrogando una competencia que no le corresponde y dándose más poderes presidenciales de los que realmente tiene. El decreto probablemente derive en un conflicto de constitucionalidad”, apunta Vicente Palacio. “La definición de la mecánica electoral corresponde a los estados, no al presidente. Será impugnado por algunos estados, y acabará en el Tribunal Supremo donde, aunque tiene mayoría de seis a tres, el presidente John Roberts ya se ha opuesto a algunas de las iniciativas de Trump”.
En la actualidad, sólo 36 de los 50 estados piden documentos oficiales de identificación a la hora de votar. En los otros 14, las reglas son más laxas. En cualquier caso, el voto suele ser rogado: hay que ir a registrarse. Por eso, cuando llega la campaña electoral, los voluntarios van casa por casa recordando a sus vecinos que deben ir a registrarse.
Hay otra cuestión relevante en la nueva orden ejecutiva de Trump. Da aún más poderes e información sensible a su lugarteniente, el multimillonario Elon Musk. El mal llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés, que no es un órgano ejecutivo y cuyo director, Musk, no ha pasado el veto del Congreso) tendrá derecho a penalizar económicamente a aquellas administraciones que incumplan con este requisito. Además, dará acceso a DOGE y, por tanto, a Elon Musk, a la lista de votantes registrados, unos datos muy sensibles.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2025-03-31 02:22:00
En la sección: El Periódico – internacional