Un tribunal impone 30 años de cárcel al expresidente surcoreano Yoon por enviar drones a Corea del Norte | elperiodico.com
El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol ha sido condenado este viernes a 30 años de prisión por aprobar el envío de drones a Corea del Norte para provocar a Pionyang y justificar su fallida declaración de la ley marcial de finales de 2024, por la que ya fue condenado a cadena perpetua.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró culpable a Yoon de los delitos de favorecimiento al enemigo y abuso de poder, aplicando la misma sentencia que habían pedido los fiscales especiales. «El acusado Yoon Suk-yeol aprobó desde el principio la ejecución de esta operación destinada a crear una situación de ley marcial», indica el documento oficial de la sentencia, donde el exministro de Defensa Kim Yong-hyun recibió el mismo castigo por su implicación en las operaciones.
El tribunal agregó que la operación provocó a Corea del Norte, creando así «un riesgo de bajas y daños materiales» para los ciudadanos y militares surcoreanos como consecuencia de «un conflicto militar». Yoon consideraba necesario crear una situación equiparable a una emergencia nacional para activar los requisitos legales de la ley marcial que impuso efímeramente en diciembre de 2024, según la sentencia.
Filtración de secretos militares
Además, el fallo señaló que la operación provocó la filtración de secretos militares y expuso capacidades surcoreanas ante Corea del Norte, además de consumir recursos que debían estar disponibles para una eventual contingencia.
En febrero de 2025, Pionyang acusó a Seúl ante la ONU del supuesto sobrevuelo de drones surcoreanos, realizados el año previo, que habrían esparcido propaganda sobre su territorio. Los medios estatales norcoreanos publicaron entonces fotografías de los restos de un aparato que era similar a un modelo exhibido públicamente por el Ejército surcoreano.
La sentencia se suma a la cadena perpetua dictada en febrero contra Yoon por insurrección al imponer el estado de emergencia de manera anticonstitucional y a la pena de cinco años de cárcel recibida en enero por obstrucción de la justicia, dentro de los cuatro casos judiciales relacionados con su fallida aplicación del estado de excepción.
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