Catedráticos de derecho avisan de la quiebra del principio de igualdad con la amnistía y apelan a la reacción ciudadana | europapress.es

Fundación para la Libertad denuncia el «caudillismo» y la «soberbia» de Pedro Sánchez por aprobar la amnistía para mantenerse en el poder

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) –

Catedráticos de derecho y juristas han avisado de la quiebra del principio de igualdad recogido en la Carta Magna con la Ley de Amnistía que este jueves ha sido aprobada en el Congreso aunque con una ajustada mayoría, y han hecho además un llamamiento a la reacción ciudadana que defienda la igualdad que inspiraron los consensos de la democracia española de 1978.

Este coloquio, organizado por la Fundación para la Libertad bajo el lema ‘Amnistía: queremos decidir’, ha contado con la jurista y catedrática Teresa Freixes; el catedrático y exeurodiputado Francisco Sosa Wagner; el profesor de Derecho constitucional Germán Teruel; el catedrático de Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández; y el jurista y fundador de Ciudadanos, Francesc de Carreras, y ha tenido lugar en el Hotel AC Cuzco, moderado por el exsecretario general del PSOE de Euskadi Nicolás Redondo.

Redondo ha comenzado su intervención diciendo que este 30 de mayo es un día «especial» que formará parte de los «periodos negros» de la historia de los grandes países. «Hoy será uno de esos días oscuros para nuestra historia», ha manifestado.

Así, Redondo ha reiterado que la Ley de Amnistía, que beneficia a los líderes independentistas del ‘procés’, divide a la sociedad, debilita las instituciones y hace que los ciudadanos tengan menos confianza en el Estado de Derecho.

«Esta ley solo obedece al interés de Pedro Sánchez por gobernar, y por obtener los siete votos de Puigdemont. No hay otro motivo ni otra razón», ha apostillado Redondo, citando el manifiesto publicado este jueves por la fundación en el que cargan contra las medidas «extravagantes e inmorales» tomadas por el «caudillismo y la soberbia» de Pedro Sánchez para continuar gobernando.

«El precio por seguir gobernando ha subido hasta unos límites intolerables. Hoy, la democracia española es más débil, la separación entre españoles más profunda, la esperanza democrática que representó la Constitución del 78 se difumina en aras de una tosca e inmoral voluntad de mantener el poder, haciéndonos recordar a los españoles los peligros que Montesquieu describía cuando escribía: «no existe tiranía más atroz que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo los colores de la justicia», recoge el manifiesto.

Los exponentes han apelado en sus alegatos a una «imprescindible» reacción popular en defensa de lo que unos españoles construyeron hace décadas y otros han heredado. «Por encima de los partidos y las siglas, hoy es el día en el que estamos llamados a defender la libertad y la igualdad que inspiraron los consensos de la democracia española del 78», recuerda también la fundación que abandera Redondo.

POR ESTE CAMINO VAMOS MAL

Por su parte, Carreras ha deconstruido los argumentos esgrimidos a favor de la constitucionalidad de la amnistía que se exponen en el texto aprobado en el Congreso, asegurando que «esta amnistía» está «tácitamente prohibida en la Constitución».

Esta opinión ha sido también compartida por Tomás Ramón Fernández, que ha asegurado que los padres de la Constitución no incluyeron la amnistía no porque se les olvidara, sino «porque no quisieron», argumentando que el «silencio» en torno a este asunto en la Constitución es «explícito». Así, ha continuado explicando que en derecho todo lo que no está explícitamente permitido, «está prohibido».

«Si cualquiera puede deducir un poder del silencio de la Constitución, está todo acabado», ha apostillado, explicando que en el caso de los indultos sí que están recogidos en la Carta Magna.

Al hilo, ha cargado contra esta ley «infame y sin ninguna justificación material» y se ha preguntado para qué quiere Pedro Sánchez el poder: «¿Para ir negociando de mala manera día a día?», ha lanzado.

A juicio de Teresa Freixes, la amnistía es «la punta del iceberg» de una serie de «infracciones puntuales» del Estado de Derecho que se han ido produciendo a lo largo de estas dos legislaturas y ha alertado del «deterioro» al que se enfrenta el poder judicial.