El chavismo triplicó las desapariciones en Venezuela en 2025: «No son hechos aislados, es política de Estado»

La exhumación duró nueve horas. El clima en esa zona montañosa oscila entre un sol que aplasta y una humedad que lo empapa todo. A los medios no se les permitió entrar. A lo lejos, los reporteros intentaban captar las imágenes mientras furgonetas policiales bloqueaban la vista. Hombres con batas azules y mascarillas, otros vestidos de negro, solo miraban. Entraban y salían patrullas. Los equipos de cámara se colocaron en un punto alto para observar el plantón de sufrimiento de una anciana que veía a pocos metros lo que pasaba. Las caras de quienes la acompañaron en ese viacrucis estaban descolocadas, con lágrimas en los ojos. Era inevitable no ser humano ante la imagen que dio la vuelta al mundo. Diez días después de enterrar a su hijo, Carmen murió el pasado 17 de mayo. No la mató la edad. La mató la espera. La mató la tristeza.

Esta es una historia de madres en busca de sus hijos. Una tragedia que evoca a las madres buscadoras de México, mujeres que escarban la tierra con sus propias manos ante la inacción oficial. Ahora ocurre en Venezuela. Tres historias que quizás sean el anticipo de algo mayor. La diferencia es que aquí el victimario no es un cártel del narcotráfico, sino el propio Estado actuando a plena luz del día.

Martha Tineo, abogada y coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, lo resume así: «No se trata de hechos aislados. Hemos documentado la muerte en custodia de al menos 27 presos políticos en los últimos 12 años. Cuando te das cuenta de que pasa en el 2014 como pasa en el 2026, entiendes de que hay una política de Estado». Tineo explica que este patrón sistemático configura el crimen de lesa humanidad, investigado actualmente por el Tribunal Penal Internacional.

En la Venezuela de 2026, la desaparición forzada ha dejado de ser una táctica exclusiva contra la disidencia para convertirse en una burocracia que engulle a opositores, ciudadanos comunes, militares activos y a sus propios creyentes. Los números lo confirman. En 2025, Provea, la principal organización venezolana de derechos humanos con más de 35 años documentando abusos del poder, registró 160 personas sometidas a desaparición forzada. El año anterior fueron 54. Un incremento del 196% que no se explica por el azar ni por una crisis puntual. Su informe anual, titulado ‘El eclipse de la Constitución’, lo documenta con claridad: los arrestos se volvieron anónimos, el aislamiento se extendió más allá de los cien días.

Tineo describe el protocolo: «Todo empieza con una detención arbitraria seguida de una desaparición forzada. En esos periodos los reportes son de torturas, porque la persona está en absoluto desamparo. Después son sometidas a procesos absolutamente injustos». Agrega que todos los órganos del sistema de justicia son cómplices.

Hugo Marino, buzo especializado

En este laberinto, las familias peregrinan buscando respuestas que el Estado se niega a dar. Beatriz Salas de Marino lleva siete años buscando a su hijo Hugo. Cuando ABC habló con ella por teléfono –reside en Miami desde hace más de una década–, fue como escuchar la voz de Carmen en cada una de sus apariciones públicas: firme, pero que se quiebra por la impotencia.

Hugo Marino no era político. Era un buzo especializado, dueño de una compañía de rescate submarino. Fue él quien encontró los restos del diseñador italiano Vittorio Missoni en Los Roques en 2013. Pero hay un detalle que atormenta a Beatriz. Señala que su hijo investigaba de forma independiente el accidente del avión donde viajaba Miguel Ángel Pérez Oubiña, hijo del exministro chavista Miguel Pérez Abad, que cayó al mar tras despegar de Maiquetía en agosto de 2017. Beatriz confesó que llegó a escribirle y llamar al propio exministro preguntando por su hijo, pero nunca respondió. Aunque el Gobierno confirmó las muertes, nunca emitió un informe transparente sobre la recuperación de los cuerpos. Beatriz se pregunta si alguien no quería que él encontrara algo en el fondo del mar.

Un día de abril de 2019, Hugo aterrizó en Maiquetía proveniente de Miami. Llamó a su madre para avisar de que había llegado. Fue la última vez que escuchó su voz. «Hoy justamente son 85 meses. Y nosotros no sabemos por qué desaparecen a Hugo. Hugo no es político», dice Beatriz. «Cuando desaparecen a una persona, se llevan a toda la familia con él».

Beatriz confiesa que, al ver el desenlace del caso Quero, sintió un doloroso alivio ajeno. La madre de Quero descansó al saber dónde estaba su hijo, incluso si eso significaba confirmar su muerte. Es la lógica cruel de la desaparición forzada: obligar a una madre a desear la confirmación de la tragedia como única vía hacia la paz.

José Manuel Nazaret García Sabino, concejal oficialista

Las desapariciones no distinguen lealtades pasadas. José Manuel García Ramos es abogado y padre. Su hijo, José Manuel Nazaret García Sabino, fue el concejal joven más votado del Partido Socialista Unido de Venezuela en Anaco, en el estado Anzoátegui. Un chavista de base que terminó asfixiado por las contradicciones internas. Fue detenido en febrero de este año en una operación que su padre describe como una «confabulación» del poder local. La saña fue tal que detuvieron a su esposa, quien cargaba a una bebé de 20 días. García Ramos recuerda que su hijo le advirtió: «Estos tipos son peligrosos». Semanas después, el concejal apareció muerto en su celda.

El certificado de defunción, que el padre recita de memoria con la precisión de un abogado que ha perdido la fe en la ley, enumera tres causas: constricción del cuello, asfixia mecánica y ahorcamiento. La versión oficial sugirió un suicidio. La familia lo rechaza tajantemente. «Nosotros estamos convencidos de que a mi hijo primeramente lo estrangularon o lo asfixiaron y luego lo colgaron», afirma García Ramos. «Esto es un crimen. Esto no es un suicidio, esto es un homicidio». La paradoja es brutal: el fiscal que ordenó la detención es el mismo que ahora investiga la muerte. «Uno no sabe quién es más malandro: el del barrio o el funcionario uniformado», sentencia el padre.

Juan Antonio Hurtado Campos, teniente coronel

La purga alcanza también al estamento militar. El teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos desapareció en septiembre de 2018 dentro del Palacio de Miraflores, donde servía como jefe del parque de armas de la Guardia de Honor Presidencial. Tenía bajo su custodia más de 500 armas. El Gobierno lo vincula con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro con drones explosivos, ocurrido el 4 de agosto de ese año.

Para el Estado, Hurtado no existe. Durante casi ocho años, su familia no ha tenido una prueba de vida. Lo único que saben es que en 2024 su nombre apareció en una lista oficial de militares degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo degradaron por decreto sin que nadie supiera si estaba vivo o muerto. Su madre, Juana Mireida Campos, se atrevió a salir a la calle nuevamente esta misma semana junto a su abogado. Fueron al Palacio de Justicia, donde hace dos meses interpusieron un recurso de amparo constitucional, un ‘habeas corpus’, en favor de su hijo. El tribunal les informó que la solicitud es improcedente. «Adondequiera que voy me dicen que no saben», declaró Juana.

Frente a este panorama, la respuesta del Estado oscila entre la negación y el silencio. Tarek William Saab, quien hasta hace pocas semanas era el fiscal general, ha rechazado las acusaciones atribuyéndolas a un gran odio. Beatriz Salas relata cómo, tras insistir enviando mensajes al fiscal, la única respuesta fue ser bloqueada en redes sociales. La madre de Quero envió una carta a la Fiscalía en febrero de 2025. Nunca recibió respuesta. El certificado de defunción jamás pasó por la Medicina Forense. El tribunal negó una solicitud de amnistía para Quero cuando este ya había fallecido.

Desde la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez admitió en febrero que «en algunos casos de personas privadas de libertad se cometieron errores». Esta declaración coincidió con una Ley de Amnistía impulsada por Delcy Rodríguez. Dos meses después, la misma funcionaria dio por concluida su aplicación.

El linaje de la resistencia

Andreina Baduel habla con la autoridad de quien lleva el dolor inscrito en el apellido. Es coordinadora del Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos. Pero, antes de eso, es hija del general Raúl Isaías Baduel, quien rescató a Hugo Chávez en 2002 y murió en 2021 bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La tragedia no terminó ahí. Su hermano, Josnars Baduel, lleva seis años preso en El Rodeo I, la misma cárcel donde estuvo Víctor Quero. Andreina denuncia que el aislamiento es un «patrón de castigo» sistemático. «La muerte de Víctor representa el horror que hemos venido denunciando», afirma. Desde su comité documentan una realidad oculta: aproximadamente 20 personas en desaparición forzada, 27 muertos bajo custodia y más de 500 familias con presos políticos. «Mientras estamos hablando aquí, todavía siguen torturando», advierte, recordando que el miedo es el principal aliado del silencio oficial.

Martha Tineo lo dice sin tapujos: «¿Qué le queda a la familia? Denunciar, visibilizar, documentar ante organismos internacionales». Señala que el Tribunal Penal Internacional podría emitir órdenes de captura selladas, estrategia implementada en otros países para garantizar su ejecución.

Cuando cuelgo el teléfono con Beatriz, me quedo pensando en Carmen. En Juana. En García Ramos. En todas las madres y padres que recorren los mismos pasillos de los mismos tribunales que les cierran las mismas puertas. Afuera, Caracas sigue su vida indiferente como si nada pasara. 85 meses. Siete años. La cuenta sigue corriendo y nadie la detiene. En Venezuela, el silencio del Estado no es una omisión. Es una sentencia.