El TPI envía a juicio al expresidente Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad

Así, ha indicado que hay indicios «significativos» para considerar que Duterte es «responsable de estos crímenes y de los delitos de asesinato y de intento de asesinato» en base al artículo 7 del Estatuto de Roma -el tratado fundacional del TPI-. «Estos delitos fueron cometidos como parte de un ataque sistemático a la población civil en el territorio filipino entre noviembre de 2011 y 2019», ha puntualizado el TPI en relación a parte de su mandato como presidente del país.

La sala ha llegado a esta conclusión tras revisar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía y después de rechazar los intentos de la defensa de presentar nuevos informes sobre el estado de salud del exmandatario, de 81 años. También han atendido a los documentos presentados por las partes interesadas, entre las que se encuentran grupos de víctimas y familiares.

El tribunal ha indicado que el caso queda ahora pendiente de juicio y ha recordado que la corte actúa de forma «imparcial y justa» y que la defensa «tendrá el tiempo suficiente para prepararse», siempre «respetando los derechos de las víctimas», tal y como recoge el texto.

Para los miembros que componen la Sala de Cuestiones Preliminares todo apunta a que Duterte es «responsable individualmente de crímenes recogidos en el artículo 25 del estatuto, los cuales habría cometido como cómplice, de forma indirecta». «Entre el 1 de noviembre de 2011 y marzo de 2019, Duterte y sus cómplices compartieron un plan para neutralizar criminales en Filipinas, incluidos aquellos supuestamente relacionados con el consumo, venta o producción de drogas», han afirmado.

En este sentido, los coautores de este plan pusieron sobre la mesa la posibilidad de «neutralizar» a estas personas también mediante «crímenes violentos que incluyen el asesinato», unas medidas que se habrían llevado a cabo de forma sistemática.

Uso de los cuerpos de seguridad

Durante su mandato como alcalde de Davao, Duterte y otros altos cargos «encargados de hacer cumplir la legislación, hicieron uso de policías de la ciudad y sicarios para asesinar a presuntos delincuentes», recoge el documento, que señala que «mediante su autoridad de iure o de facto, uno o más coautores de estos crímenes controlaban la estructura de poder».

Con esto, hace referencia principalmente a la Policía local y a otros cuerpos de las fuerzas de seguridad. «Duterte se encontraba, como alcalde, en la cúspide de las estructuras policiales y municipales, con control legal sobre las unidades de la Policía Nacional de Filipinas en la ciudad de Davao, así como sobre de funcionarios del Ayuntamiento de Davao y funcionarios de Barangay (la unidad política y administrativa más pequeña de Filipinas), que a veces participaban o facilitaban los crímenes», ha detallado el TPI.

Duterte habría encabezado este tipo de acciones y estructuras, que se extendieron cuando pasó a ocupar la Presidencia, sostiene el texto. «Durante el periodo presidencial, Duterte y sus cómplices utilizaron la red nacional, incluyendo a sus miembros de bajo nivel, como herramientas para cometer los crímenes contemplados en ese plan común», ha alertado la corte.

«En sus nuevas funciones, que ampliaron su alcance geográfico, los cómplices controlaron la voluntad de los perpetradores mediante un mecanismo que garantizaba su obediencia automática a sus órdenes. Este mecanismo se basaba en la autoridad que ejercían sobre los perpetradores a través de las cadenas de mando; el reclutamiento de personas leales y a quienes sabían que podían controlar (incluyendo subordinados ya conocidos por su participación en asesinatos en la región de Davao, trasladados a otras partes del país); amenazas y el uso de la violencia para asegurar el cumplimiento», ha especificado.

También se dio «el aprovechamiento de circunstancias que les permitían ejercer presión sobre sus subordinados; la supervisión y el reporte de las operaciones; y los pagos y otros incentivos a los perpetradores», apunta la resolución. «Los encargados de llevar estas acciones a término eran intercambiables dentro del aparato y quienes no acataban las órdenes corrían el riesgo de ser asesinados si se les percibía como opositores o una amenaza para el plan», ha zanjado.

Duterte se encuentra detenido en la ciudad neerlandesa de La Haya desde marzo de 2025. Fue entregado al TPI en marzo de 2025, precisamente, por las autoridades filipinas bajo el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr.-perteneciente a una familia otrora aliada del exmandatario-, que lo detuvieron en virtud de la orden de arresto emitida por la corte. Con todo, su detención y entrega es objeto de debate en el país, donde cuenta con una base de seguidores fieles, y su hija, Sara Duterte, ha anunciado su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en 2028.