En el Afganistán talibán, maltratar a la esposa sale más barato que pegar a un animal

Tras prohibir a las mujeres poder estudiar más allá del sexto grado (a los 11-12 años de edad), trabajar en la mayoría de puestos públicos, viajar sin un acompañante masculino e incluso acceder a parques o gimnasios, parecía que el código de conducta talibán no podía ir más allá de lo que ya estaba estipulado. Si usted creía eso, se equivocaba. La maldad no tiene límites y el ensañamiento contra una población, la suya propia, tampoco.

Hace unas semanas, el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, firmaba un conjunto de normas que recibieron el nombre de Código de Procedimiento Penal para Tribunales Talibanes. Este documento consta de 119 artículos organizados en varias secciones que regulan procedimientos judiciales, delitos y castigos. El régimen promulgó este código de forma discreta y solo en pastún (una de las dos lenguas oficiales), yendo tribunal por tribunal del país informando de estas nuevas formas de conducta que consagran la desigualdad entre los ciudadanos afganos en función de su género, clase social y religión.

«El contenido de estos documentos es realmente preocupante y entra en contradicción con los estándares de los derechos humanos», denuncia la organización Rawadari, que trabaja para «la igualdad y la paz en Afganistán» y ha podido filtrar a los medios el nuevo código.

Jerarquías sociales

De los diez capítulos y 119 artículos con los que cuenta este código penal, estos pueden ser los más escalofriantes:

El nuevo Afganistán que dibujan los talibanes establece jerarquías sociales divididas en cuatro categorías: eruditos religiosos, élite o nobleza, clase media y clase baja. Es en el artículo 9 donde se ordena a los jueces variar el castigo según la clase social. Por ejemplo, para un mismo delito, el único castigo para los ulemas y las personas de clase alta será una advertencia. Por su parte, los nobles, como los ancianos tribales y los comerciantes, deben ser citados ante el tribunal. Las personas de clase media deben ser citadas ante el tribunal y pueden ser encarceladas. Y, por último, los criminales de clase baja deben estar sujetos «a lenguaje amenazante y palizas».

No es la única distinción que se hace. También se habla de la discriminación religiosa, la que define a los musulmanes de la escuela hanafi (una de las ramas islámicas) como los «musulmanes correctos». Por el contrario, quienes siguen otras escuelas o creencias son definidos como herejes, lo que abre la puerta a la persecución arbitraria de minorías religiosas.

Esclavos en el siglo XXI

El código menciona hasta en dos ocasiones la palabra ‘esclavos’, lo que, según la ONG Rawadari, «constituye el reconocimiento de un estatus legal absolutamente prohibido que contradice el principio de igualdad, dignidad humana y todas las normas fundamentales de los derechos humanos».

Sobre las mujeres, como se podría imaginar viniendo de estos fundamentalistas, el código se guarda la máxima crueldad. Sin protección ni dentro ni fuera de casa, hay algún artículo, como el 32, que estipula que en caso de violencia contra una mujer, el marido puede ser encarcelado durante 15 días, pero solo si presenta hematomas o fracturas visibles.

Esta pena es menos severa, por ejemplo, que para quienes dañen a animales (hasta cinco meses de prisión) o para quienes bailen públicamente (hasta dos meses). La norma no reconoce ningún tipo de violencia física, psicológica o sexual contra las mujeres como delito por sí mismo. Es más, se otorga poderes extremadamente amplios a los maridos, ya que les permite imponer a ellos mismos castigos contra sus esposas.

Siempre contra las mujeres

El código, además, criminaliza a las mujeres que viajen o visiten a sus familiares sin permiso del marido, incluso si el motivo de ese desplazamiento es buscar refugio de la violencia contra ellas.

¿Y qué piensan las mujeres afganas sobre todo ello? Aunque parece que aún no se ha implementado en el país este código, ya que está pendiente de ser publicado en el Boletín Oficial, hace meses, incluso años, que las mujeres del país vienen sufriendo las consecuencias de este tipo de conductas contra ellas.

«No salgo de casa, no puedo trabajar porque nos lo tienen prohibido, pero no tengo marido y no tengo cómo vivir», escribe a través de Whatsapp una abogada afgana miembro del movimiento Justicia para las Mujeres Afganas. No quiere que su nombre sea publicado porque aún vive en Kabul y tiene miedo, con razón, a represalias. «De vez en cuando trabajo para ayudar a alguna mujer que me pide ayuda, pero mi tiempo lo he invertido en estudiar a través de grupos de Whatsapp en inglés», comenta. Sobre el nuevo código es tajante: «Los talibanes ya nos han quitado la posibilidad de vivir. Esto solo es una muestra más. No puedo trabajar, ni salir a un parque, ni hablar en público…»

Parece que las reacciones internacionales están tardando en llegar. Con motivo de este nuevo decreto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo el jueves un llamamiento en Ginebra para «poner fin a la persecución de mujeres y niñas en Afganistán». Tal y como denunció, «las mujeres y niñas de Afganistán se enfrentan a una extrema discriminación y opresión de género que equivale a persecución. El sistema de segregación evoca el apartheid, basado en el género y no en la raza».

Antes de este texto, la única ley promulgada oficialmente por los talibanes era la conocida como Prevención del Vicio y Promoción de la Virtud, que entró en vigor en agosto de 2024. En esta ley, por ejemplo, hasta la voz de las mujeres se considera «vicio» cuando se escucha en público. Las restricciones establecían también que «siempre que una mujer adulta salga de su casa por necesidad, está obligada a ocultar su voz, rostro y cuerpo».

País en quiebra

La vuelta del régimen talibán, en agosto de 2021, sumió en el ostracismo a la mitad de la población del país y hoy la lista de vetos y leyes para invisibilizarlas podría ocupar todo este reportaje. Pero, además, los datos económicos y humanitarios son, si cabe, aún más preocupantes.

El Afganistán de los talibanes es un país hundido, marcado por niveles de hambre infantil nunca vistos en los últimos 25 años. Cuatro millones de niños corren ahora el riesgo de morir de desnutrición, según el Programa Mundial de Alimentos. Se han cerrado más de 450 centros de salud y más de 17 millones de afganos (el 40% de la población) se enfrentan a niveles agudos de hambres, dos millones más que el año pasado.