El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y su homólogo surcoreano, Cho Hyun, han mantenido este martes una reunión para abordar el futuro de los dos soldados norcoreanos capturados por las Fuerzas ucranianas tras ser desplegados por Rusia en la región rusa de Kursk.
Tras el encuentro, el Ministerio de Exteriores surcoreano ha informado en un comunicado de que ambos ministros acordaron buscar una solución «conforme al derecho internacional y a los principios humanitarios, respetando la libre voluntad de los presos de guerra norcoreanos en Ucrania». Dado que la Constitución surcoreana considera a los presos norcoreanos como sus propios ciudadanos, Seúl mantiene que estos soldados capturados pueden ser acogidos en el país si expresan su deseo de desertar.
Aunque Ucrania ha reiterado que no deportará por la fuerza a los presos contra su voluntad, todavía no ha tomado una decisión definitiva, ya que debe considerar también el tratamiento de otros presos de guerra extranjeros. Los dos soldados norcoreanos han expresado su deseo de trasladarse a Corea del Sur en varias ocasiones, a través de medios de comunicación surcoreanos y organizaciones civiles.
Yong-won Yu, MIEMBRO DEL COMITÉ DE DEFENSA
No obstante, el traslado todavía enfrenta importantes desafíos, entre ellos la necesidad de coordinar un posible tránsito por terceros países y otras cuestiones diplomáticas. El caso también plantea interrogantes sobre el principio de no devolución, recogido en el derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 118 del Convenio de Ginebra establece que los prisioneros de guerra deben ser liberados y repatriados sin demora, una vez concluyan las hostilidades activas, aunque no especifica que dicha repatriación deba realizarse de manera forzosa.
El miembro del Comité de Defensa de Corea del Sur, Yu Yong-won, quien entrevistó a los dos norcoreanos el año pasado, aseguró en un comunicado publicado en mayo de este año que fuentes ucranianas le confirmaron que los dos soldados capturados habían quedado excluidos del último intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania.
Además, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano, Oleksandr Merezhko, y la diputada Yulia Syrko afirmaron a activistas surcoreanos de derechos humanos que Ucrania no repatriará por la fuerza a los prisioneros norcoreanos.
Un antecedente inquietante
De hecho, una resolución de la Asamblea General de la ONU del 3 de diciembre de 1952 establece que no debe utilizarse la fuerza ni para impedir ni para imponer el regreso de los prisioneros a su país de origen, y que estos deben ser tratados en todo momento conforme al espíritu del Convenios. En este contexto, si Corea del Sur no expresa de forma activa su disposición a recibirlos, no puede descartarse que los soldados sean finalmente entregados de vuelta a Rusia o a Corea del Norte.
Sin embargo, el temor a que la presión diplomática termine imponiéndose sobre los derechos humanos no es infundado: en noviembre de 2019, el Gobierno del entonces presidente surcoreano Moon Jae-in repatrió de forma forzosa a dos pescadores norcoreanos que habían cruzado la frontera marítima y manifestado inicialmente su intención de desertar.
La decisión se produjo en un momento en que la Administración de Moon priorizaba la mejora de las relaciones intercoreanas y el diálogo con Pionyang, una política que supuestamente influyó en la gestión de aquel caso. Seúl justificó entonces la devolución alegando que ambos eran sospechosos de haber asesinado a 16 compañeros de tripulación y, por tanto, no podían ser considerados refugiados.
Pero esta decisión fue ampliamente cuestionada, ya que, al ser considerados ciudadanos surcoreanos por la Constitución, debían haber sido investigados y juzgados en Corea del Sur con todas las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa. La repatriación, ejecutada apenas cinco días después de su llegada, fue duramente criticada por la ONU y organizaciones humanitarias por considerar que vulneraba el principio de no devolución, al exponerlos a un riesgo evidente de tortura, desaparición o ejecución en Corea del Norte.
