Amnistía Internacional denuncia aumento drástico de desapariciones forzadas en Venezuela

Amnistía Internacional (AI) advirtió este martes sobre un “aumento drástico” de las detenciones cometidas de “forma sistemática” en Venezuela desde el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron las elecciones presidenciales.

La organización aseguró ver en en esos casos “elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”. “Así lo demuestra el alto nivel de organización, coordinación institucional y recursos estatales puestos al servicio de esta práctica”, indicó AI en su informe ‘Detenciones sin rastros: el crimen de desaparición forzada en Venezuela’, en el que se analizaron 15 casos de detenciones desde julio de 2024, citó EFE.

Entre las víctimas, hay ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.

La organización señaló que la implicación de “figuras del más alto nivel del Estado en la identificación y estigmatización pública de las víctimas, así como la subordinación del aparato de justicia a la política represiva del Gobierno de Nicolás Maduro, constituyen elementos fundamentales que permiten -subrayó- acreditar su carácter sistemático”.

“La desaparición forzada de corta duración -añadió el documento- habría sido no solo sistemática sino también generalizada, debido al alto número de personas reportadas como víctimas por mecanismos internacionales y organizaciones de derechos humanos y el hecho de que los casos se produjeron en un amplio rango geográfico y por distintos cuerpos de seguridad a nivel nacional”.

Amnistía Internacional recomienda que esos crímenes deben ser investigados conforme a los estándares de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

Igualmente, indicó que se deben deslindar las responsabilidades hasta el “máximo nivel en el aparato del Estado”. “Esto incluiría no solo a las altas figuras del Gobierno, sino también a aquellos funcionarios del sistema de justicia que, por acción u omisión, han facilitado, encubierto o legitimado la ejecución de esta política represiva”, indicó-.

AI sostuvo que las “estrategias” del Gobierno de Maduro para «reprimir» las manifestaciones en contra del resultado oficial de las presidenciales “siguieron un patrón recurrente”.

“Las personas eran privadas ilegalmente de la libertad, y en muchos casos inmediatamente incomunicadas, o se negaba u ocultaba su detención, suerte y paradero; además se les negaba las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, privándoles del derecho a la defensa adecuada, a ser escuchadas por un juez imparcial, a conocer los cargos o las pruebas en su contra y se les acusaba de delitos graves y ambiguos como ‘terrorismo’”, relató.