Solicitan aplicar Ley de Amnistía a 204 presos políticos militares

Mientras las puertas de los centros de reclusión comienzan a abrirse para más de un centenar de civiles, una sombra de incertidumbre se cierne sobre los cuarteles. La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alzó la voz este 24 de febrero para denunciar que la reciente Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática mantiene en el olvido a 204 militares presos por motivos políticos.

Pese a que la Asamblea Nacional celebró la aprobación del instrumento legal el pasado 19 de febrero como un paso hacia la reconciliación, la redacción del texto ha resultado ser un cuello de botella. Al limitar el perdón a 13 eventos específicos, la gran mayoría de los oficiales y tropas procesados por presunta conspiración o rebelión han quedado fuera del radar judicial.

Para la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, esta omisión no es un error de cálculo, sino una «exclusión discriminatoria» que contraviene el espíritu de igualdad ante la ley. «No puede haber una paz verdadera si se segmenta a quienes reciben la libertad basándose en el uniforme que vestían», señalaron representantes de la ONG.

El balance de las primeras 72 horas de aplicación de la ley muestra una brecha de datos común en estos procesos: El Gobierno reporta la excarcelación de 179 ciudadanos, mientras que el Foro Penal hace referencia a que ha verificado y confirmado nombre por nombre la salida de 109 personas.

Mientras los familiares de los 204 militares esperan una fe de vida jurídica, el activismo de derechos humanos advierte que la ley, tal como la está, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de liberación selectiva que deja intacta la estructura de persecución dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La petición formal ya estás sobre la mesa de la Comisión de Política Interior.

Periodistas en la lupa

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) presentó ante la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía una lista de 40 periodistas y trabajadores de medios para que sus casos sean revisados. La solicitud exige la nulidad de los procesos penales y el levantamiento de restricciones judiciales contra estos profesionales.

El documento fue entregado formalmente a la comisión parlamentaria presidida por el diputado Jorge Arreaza.

La organización gremial reportó que tribunales con competencia en terrorismo han rechazado recibir solicitudes de sobreseimiento amparadas en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Esta situación afecta tanto a comunicadores que permanecen detenidos como a quienes mantienen medidas cautelares tras haber sido excarcelados.

El sindicato busca que se aplique el marco legal vigente para cerrar estos expedientes judiciales.La propuesta entregada por el SNTP incluye también mecanismos de reparación e indemnización para los afectados, junto con garantías de no repetición.