El último intento de Keiko Fujimori

Por momentos, la política peruana parece una larga conversación inconclusa con su propio pasado. Treinta años después de que Alberto Fujimori transformara el tablero político nacional, su apellido continúa ocupando el centro de la discusión pública. Ningún otro liderazgo en el Perú contemporáneo ha logrado sobrevivir con semejante intensidad al paso del tiempo, a los cambios generacionales y a las profundas transformaciones sociales que ha experimentado el país.

Por eso, la candidatura presidencial de Keiko Fujimori no puede interpretarse únicamente como una nueva campaña electoral. Es algo más profundo: representa el intento de una tradición política por recuperar el poder en medio de una de las mayores crisis institucionales de la historia republicana reciente.

Y quizás por primera vez en muchos años, el contexto parece jugar a su favor.

Un país cansado de la incertidumbre

La elección peruana de 2026 se desarrolla sobre el fondo de una sociedad exhausta.

Durante la última década, Perú ha transitado por una sucesión permanente de crisis políticas, vacancias presidenciales, enfrentamientos entre Ejecutivo y Congreso, protestas sociales, acusaciones de corrupción y una creciente percepción de inseguridad. Diversos observadores internacionales han descrito el escenario peruano como uno de los períodos de mayor inestabilidad institucional de América Latina.

Los números explican parte del fenómeno.

En apenas diez años, Perú ha tenido una sucesión extraordinaria de presidentes, reflejo de un sistema político incapaz de construir consensos duraderos. La fragmentación partidaria alcanzó niveles históricos y las elecciones de este año registraron un número récord de candidatos presidenciales, evidencia de una crisis de representación que trasciende ideologías y liderazgos individuales.

En ese escenario, la demanda dominante ya no parece ser el cambio. La demanda dominante es la estabilidad.

Y allí aparece la principal fortaleza de Keiko Fujimori.

El fenómeno de la persistencia

La trayectoria política de Keiko Fujimori constituye un caso singular en el hemisferio.

Pocas figuras han sufrido tantas derrotas electorales de alto perfil y, aun así, han conseguido mantenerse como protagonistas centrales de la política nacional.

La líder de Fuerza Popular llegó a las segundas vueltas presidenciales de 2011, 2016, 2021 y nuevamente en 2026. Ningún otro actor político peruano contemporáneo ha demostrado una capacidad semejante para conservar una base electoral estable a lo largo del tiempo.

Mientras numerosos partidos desaparecieron tras cada elección, el fujimorismo conservó una estructura nacional, una narrativa reconocible y un electorado leal.

Ese dato resulta especialmente relevante en un país donde la mayoría de las organizaciones políticas funcionan como vehículos electorales temporales más que como instituciones permanentes.

La persistencia de Keiko no se explica únicamente por el apellido que lleva.

También responde a la ausencia de alternativas capaces de construir una maquinaria política comparable.

Durante años, Keiko intentó construir una identidad política parcialmente separada de la figura de su padre.

Sin embargo, la campaña de 2026 marca un cambio evidente.

Por primera vez, el fujimorismo parece asumir sin complejos que su principal activo político continúa siendo la memoria de los años noventa.

No es casualidad.

El crecimiento de la criminalidad, el avance de organizaciones ilegales y el deterioro de la seguridad pública han revalorizado entre muchos sectores de la población la imagen de autoridad asociada al gobierno de Alberto Fujimori. Diversos reportes internacionales señalan que la candidata ha basado buena parte de su estrategia en esa percepción de firmeza frente al delito.

Se trata de una apuesta arriesgada.

Porque el legado de su padre sigue siendo uno de los más divisivos de la historia peruana.

Para millones de ciudadanos representa crecimiento económico, estabilidad y derrota del terrorismo.

Para otros simboliza autoritarismo, concentración de poder y graves violaciones a los derechos humanos.

Keiko hereda simultáneamente ambos legados.

El antifujimorismo sigue vivo

Si existe una constante en la política peruana del siglo XXI, esa constante ha sido el antifujimorismo.

Las derrotas presidenciales de Keiko no fueron consecuencia de la falta de apoyo popular.

Fueron producto de la existencia de una mayoría circunstancial que, elección tras elección, se articuló para impedir el regreso del fujimorismo al poder.

Esa ha sido históricamente su mayor barrera.

Sin embargo, algunos indicadores sugieren que ese rechazo podría estar disminuyendo. Los sondeos recientes muestran que la desaprobación hacia la candidata continúa siendo elevada, pero menor que en procesos anteriores.

La pregunta central de esta elección es precisamente esa:

¿Ha disminuido el antifujimorismo lo suficiente para que triunfe el fujimorismo?

La respuesta probablemente definirá el resultado electoral.

Una segunda vuelta nacida de la fragmentación

La segunda vuelta presidencial de 2026 enfrenta a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, congresista de izquierda y exministro del gobierno de Pedro Castillo. Fujimori obtuvo el primer lugar en la primera vuelta con el 17,19% de los votos válidos, mientras que Sánchez avanzó al balotaje con apenas el 12,03%, tras una larga y disputada revisión de actas electorales. Ninguno logró acercarse siquiera al 20% del electorado nacional, reflejo de una competencia extraordinariamente fragmentada.  

La distancia ideológica entre ambos candidatos es evidente. Fujimori ha centrado su campaña en la seguridad, la estabilidad económica y la recuperación del orden institucional, reivindicando parte del legado político de la cabeza familiar. Sánchez, por su parte, emergió como representante de la izquierda popular vinculada al descontento social de las regiones andinas y al electorado que en su momento respaldó al ahora enjuiciado Castillo, aunque en la segunda vuelta ha moderado su discurso para atraer votantes de centro.  

Pero el dato más revelador no está en los candidatos, sino en el sistema político. Más del 70% de los peruanos votó por otras alternativas en la primera vuelta. Que los dos finalistas sumaran menos de un tercio del voto total constituye quizás la mejor evidencia de la fragilidad política que atraviesa el Perú: una democracia donde los gobiernos cambian, pero el malestar ciudadano permanece.  

Lo que dicen los analistas

El politólogo Daniel Zovatto ha sostenido en reiteradas oportunidades que la principal amenaza para la democracia latinoamericana ya no proviene exclusivamente de las disputas ideológicas tradicionales, sino de la incapacidad de los sistemas políticos para ofrecer gobernabilidad y resultados concretos a los ciudadanos.

Perú se ha convertido en uno de los ejemplos más evidentes de esa advertencia.

La crisis peruana no es simplemente una confrontación entre izquierda y derecha. Es una crisis de representación, confianza institucional y eficacia gubernamental.

Por eso, el debate actual trasciende la figura de Keiko Fujimori.

Lo que muchos peruanos parecen estar evaluando no es únicamente quién gobierna, sino quién tiene mayores posibilidades de evitar que continúe el ciclo de inestabilidad que ha caracterizado la última década.

La elección que definirá un ciclo histórico

Toda elección presidencial es importante.Pero algunas tienen una dimensión histórica superior. La de 2026 parece ser una de ellas.

No solamente porque Keiko Fujimori compite por cuarta vez por la presidencia. Tampoco porque el apellido Fujimori continúe siendo uno de los más influyentes del continente.

La importancia de esta elección radica en otra cuestión.

Perú deberá decidir si considera que el fujimorismo todavía forma parte de la solución o si continúa siendo parte del problema.

Después de años de derrotas, crisis judiciales, reconstrucción política y resistencia electoral, Keiko Fujimori enfrenta posiblemente la batalla definitiva de su carrera.

No es simplemente una nueva candidatura. Es el intento de cerrar una historia que comenzó hace más de tres décadas.

Y de demostrar que, en la política peruana, todavía hay apellidos capaces de sobrevivir al paso del tiempo, a las derrotas y a la propia historia.