Durante el mes de abril de 2025, la organización Espacio Público documentó cinco casos que involucraron 10 violaciones a la libertad de expresión, incluyendo hostigamiento judicial (4), intimidación (4) y censura (2).
Aunque hubo una reducción en la cantidad de incidentes, persiste un patrón alarmante: las detenciones arbitrarias se mantuvieron como mecanismo recurrente de silenciamiento, afectando tanto a periodistas como a ciudadanos.
Las instituciones del Estado fueron señaladas como los principales responsables, involucrados en los cinco casos registrados. Además, cuerpos de seguridad del Estado participaron directamente en tres de estos hechos, vulnerando el derecho de las personas a manifestarse, informar y estar informadas.
Las víctimas incluyeron ciudadanos, técnicos de medios y reporteros, todos en ejercicio o apoyo al ejercicio del periodismo y la comunicación.
Casos que evidencian la represión contra la libertad de expresión
Uno de los hechos más graves contra la libertad de expresión en abril fue la detención arbitraria de la periodista Nakary Mena, de Impacto Venezuela, y su esposo, Gianni González. Ambos desaparecieron tras producir un reportaje sobre robos en Caracas y fueron privados de libertad bajo acusaciones de “instigación al odio” y “publicación de noticias falsas”.
Este tipo de respuesta del Estado revela una intención clara de criminalizar el trabajo periodístico y silenciar las voces que exponen la realidad del país.
Luis López, un ciudadano de 83 años, fue detenido desde enero por portar un cartel con cifras de las elecciones presidenciales ofrecidas por la oposición. Su caso ilustra otra dimensión de las detenciones arbitrarias, utilizadas no solo contra periodistas sino también contra personas comunes que ejercen su derecho a la libertad de expresión. La salud del señor López está en riesgo, agravada por enfermedades crónicas y la falta de atención médica en su sitio de reclusión.
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El periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas cumplió un año detenido sin acceso a su expediente, en un proceso marcado por irregularidades judiciales y ausencia de garantías. Su caso refleja lo que su abogado llamó “el triángulo de la injusticia” en Venezuela.
Libertad de expresión: un derecho bajo asedio
El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Édgar Cárdenas, denunció que al menos 13 trabajadores de la prensa están detenidos sin defensa legal adecuada y con graves violaciones al debido proceso. Las detenciones arbitrarias se han convertido en una herramienta de censura estructural, que busca infundir miedo y paralizar el ejercicio de un periodismo libre.
También se evidencian restricciones indirectas a la libertad de expresión: la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) impuso sanciones económicas a proveedores de Internet, medida que limita el acceso a la información, en un contexto ya golpeado por la crisis humanitaria, la inflación y el deterioro del sistema de telecomunicaciones.
La detención arbitraria como método de control social
La ratificación de la sentencia de 15 años contra el activista político Nelson Piñero, sin orden judicial ni respeto al debido proceso, es otro ejemplo de cómo la detención arbitraria se usa como castigo y disuasión. Su familia ha denunciado que tampoco ha recibido el tratamiento médico requerido por sus múltiples patologías.
Esta práctica de represión institucionalizada pone en riesgo no solo el ejercicio del periodismo, sino también el derecho de toda la ciudadanía a expresarse y a recibir información. La libertad de expresión, consagrada en la Constitución venezolana y en pactos internacionales, debe ser garantizada y respetada.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.el-carabobeno.com
Publicado el: 2025-05-06 15:59:00
En la sección: Noticias de Venezuela.