La organización Espacio Público documentó 30 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante mayo de 2025, en un contexto marcado por las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo.
El mes cerró con un preocupante incremento del 160 % en comparación con abril y con un patrón claro de persecución, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, hostigamiento, criminalización de defensores de derechos humanos y ataques a la prensa.
En total, se registraron 13 casos que afectaron a 17 víctimas. Los principales responsables fueron cuerpos de seguridad del Estado (9 casos) e instituciones oficiales (4). Las restricciones y amenazas generaron un efecto inhibidor en medios y organizaciones.
Desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias
El caso más emblemático del mes fue el del abogado de PROVEA, Eduardo Torres, desaparecido desde el 9 de mayo. Aunque el fiscal general confirmó su detención días después, no ofreció información sobre su paradero ni permitió contacto con abogados o familiares. El patrón de desaparición se repitió con Omar Vergel y Merlina Carrero, activistas detenidos por agentes no identificados en Táchira, y con el periodista Carlos Marcano, aún desaparecido tras ser sacado de su casa por funcionarios armados el 23 de mayo.
Además, más de 70 personas fueron detenidas en distintos estados sin presentar pruebas, bajo acusaciones de conspirar contra el proceso electoral. Varias de ellas permanecen desaparecidas y sin acceso a defensa legal.
Elecciones bajo miedo y sin libertad de expresión
Durante la jornada electoral del 25 de mayo, además de ataques a la libertad de expresión, Espacio Público reportó impedimentos al trabajo periodístico, aunque en menor número que en otros procesos. Sin embargo, la reducción se atribuye al miedo y la autocensura, no a una mejora en las garantías.
En Caracas, funcionarios del Plan República negaron el ingreso de periodistas al centro de votación Edoardo Crema y solo permitieron la cobertura de medios estatales. En otras regiones, como Mérida, Maracaibo, Aragua y Apure, periodistas fueron intimidados, obligados a mostrar credenciales o impedidos de realizar su labor.
La periodista Beatriz Adrián fue hostigada por la activista Indira Urbaneja, quien también arremetió contra el Colegio Nacional de Periodistas. Casos similares ocurrieron en centros de votación donde se exigió fotografiar credenciales para ingresar.
Criminalización de ONG y discurso intimidante
El 26 de mayo, el ministro de Interior, en franca violación de la libertad de expresión, acusó a organizaciones como PROVEA, Foro Penal y Médicos Unidos de formar parte de una “estructura terrorista”. Además, amenazó públicamente con represalias a quienes denunciaran violaciones de derechos humanos, reforzando la criminalización de la sociedad civil.
La CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión condenaron estas acciones y denunciaron la anulación arbitraria de pasaportes a críticos del gobierno como parte de una política sistemática de silenciamiento.
Mayo terminó con un ambiente de censura, miedo e intimidación que afecta tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos. Según Espacio Público, la represión estatal se afianza como herramienta para controlar el espacio cívico, limitar el discurso público y evitar la fiscalización en un entorno político cada vez más autoritario.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.el-carabobeno.com
Publicado el: 2025-06-06 15:03:00
En la sección: Noticias de Venezuela.