La defensa de los derechos humanos en Venezuela es una labor de alto riesgo que la administración de Nicolás Maduro fustiga y condena con cargos como terrorismo, incitación al odio, conspiración y asociación para delinquir. Los activistas que levantan su voz para denunciar atropellos y abusos se exponen a ser perseguidos y encarcelados.
A la fecha, siete defensores se mantienen privados de su libertad. Una situación que de acuerdo con el Observatorio para la defensa de la vida (Odevida), nunca había ocurrido en Venezuela.
Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, —a quien también le imputan intento de magnicidio—, Kennedy Tejeda, Ángel Godoy y Franyer Hernández son acusados de los mismos cargos y el procedimiento para su detención también se realizó bajo esquemas similares: fue de forma arbitraria e incumpliendo el debido proceso. Estos siete defensores llevan presos 2.796 días hasta este 4 de mayo. Esta cifra se traduce en siete años con siete meses y 24 días encarcelados injustamente.
Informes publicados por organismos internacionales durante 2025 detallan los delitos en los que incurrieron las autoridades durante los arrestos a defensores de derechos humanos y personas de la sociedad civil.
Entre ellos figuran las detenciones arbitrarias por motivos políticos contra opositores y defensores de DDHH; desaparición forzada por varios días, así como la comparecencia frente a tribunales antiterroristas.
Detenidos por defender derechos humanos
El informe más reciente fue publicado por Amnistía Internacional, en el que rechazó las detenciones de defensores por el ejercicio legítimo de su actividad.
«Los defensores de derechos humanos enfrentaron una creciente hostilidad por parte del gobierno. Se aprobó una ley que otorga amplias facultades discrecionales al Estado para restringir, sancionar o cerrar organizaciones no gubernamentales conocida como Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro», advierte Amnistía.
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En esa misma línea, el informe del Observatorio de la Organización Mundial Contra la Tortura, publicado el 20 de marzo de 2025, contabilizó más de 1.730 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en el contexto de las reivindicaciones sociales y laborales entre 2022 y 2023, y de las elecciones presidenciales de 2024.
«Estos ataques incluyen hostigamiento, difamación y estigmatización, censura, detenciones arbitrarias, restricción de derechos laborales, agresiones físicas, desaparición forzada, intimidación, entre otras. El 78,1% de estas agresiones fueron perpetradas directamente por actores estatales», señala el informe.
Un patrón sostenido
Joel García, abogado penalista, indica que como consecuencia de las detenciones de defensores de derechos humanos, los espacios públicos de la sociedad civil se están «achicando».
«Y que prácticamente a las ONG se les está imponiendo una censura porque no sabemos hasta qué punto denunciar una situación porque para el gobierno venezolano eso constituye un crimen de traición a la patria, o conspiración», expone el también defensor de DDHH.
Con García concuerda Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien a su vez rechaza el hostigamiento que padecen las ONG y personas de la sociedad civil que expresan su opinión en espacios como las redes sociales: «Tenemos que seguir denunciando y exigirle a las autoridades el respeto de la Constitución».
García enfatiza que posterior a los comicios del 28 de julio se suscitó una represión en la que se violó el debido proceso por actos de persecución, detenciones arbitrarias, muertes y heridos lo que resulta peligroso por la falta de control.
«La persecución ahora es más selectiva y va dirigida a dirigentes políticos, o que hacen vida en partidos políticos», agrega.
Crisis de derechos humanos
Por su parte, Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, señala que los derechos humanos en Venezuela atraviesan una crisis sostenida en virtud de una política de Estado dirigida de forma sistemática contra grupos de la sociedad civil, considerados como disidentes por parte de las autoridades nacionales.
«Durante esta década se han cometido crímenes en contra de los derechos humanos que van desde detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y asesinatos. Todo esto como parte de la ejecución del crimen de persecución», menciona.
En este sentido, recuerda que este tipo de actos están siendo investigados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que avanza en una investigación.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.el-carabobeno.com
Publicado el: 2025-05-04 16:15:00
En la sección: Noticias de Venezuela.