Familiares de siete tachirenses presos en El Salvador buscan apoyo para liberarlos

El Estímulo

Ya van más de 22 días y siete familias del Táchira todavía no encuentran respuestas sobre lo que pasará con sus hijos enviados al Centro de Reclusión contra el Terrorismo (Cecot) de El Salvador desde Estados Unidos. Ninguno ha parado de recorrer organismos nacionales e internacionales para lograr el retorno de sus hijos, esposos, hermanos y sobrinos. Aparte de la esperanza, los acompaña la tristeza y la angustia.

Hay algo en común entre todas estas familias tachirenses: todos afirman que la única razón por la que sus seres queridos permanecen en esa cárcel de máxima seguridad es el hecho de tener tatuajes en la piel. Casi al unísono niegan que sus familiares tengan algún vínculo con el «Tren de Aragua». Y recuerdan que, hasta los momentos, las autoridades de Estados Unidos tampoco han mostrado pruebas que los incriminen, al menos en el caso de estos siete ciudadanos.

Desde el Táchira hacen lo que pueden: denunciar y mostrar la cantidad de pruebas de que son inocentes. Ya consiguieron sus antecedentes penales nacionales y también de los países en los que algunos estuvieron antes.

Uno de ellos, de hecho, ingresaron como refugiados por reasentamiento en Estados Unidos, cumplió todos los procesos legales, pero igualmente están presos y sin comunicación.

Las familias no dejan de pedir celeridad en una respuesta y piden que sus casos no se tomen como una bandera política.

Un “rey mago” condenado

Los padres de Andry José Hernández Romero, preso en el Cecot, narraron con marcada impotencia y tristeza lo que consideran una injusticia. Su única «acusación» ha sido tener tatuajes alusivos a los Reyes Magos de Capacho (una corona), un patrimonio cultural de Táchira y Venezuela en una de sus muñecas, además de llevar los nombres de su padre y su mamá como un símbolo de identidad familiar.

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«Andry ha sido actor desde los siete años, participando en la representación de «Los Caminos de Jesús» durante la Semana Santa. Creció dentro de la fundación y logró desempeñar papeles importantes. Además confecciona sus propios trajes y trabaja como maquillador y estilista. Se desarrolló profesionalmente en Caracas y Bogotá antes de emprender su viaje a Estados Unidos en busca de un nuevo futuro para ayudar a su familia», cuenta su madre, Alexis Romero.

Romero relató que el joven llegó a Ciudad de México a finales de julio de 2024, donde trabajó en una pizzería y un puesto de comida rápida mientras esperaba su cita migratoria. El 29 de agosto se presentó ante las autoridades, pero desde ese momento quedó detenido. «Migración lo capturó el mismo día de su cita», detalla.

Durante su detención, tuvo audiencias mensuales con una jueza y un abogado. Su defensora introdujo una solicitud de asilo político para garantizar que su estadía fuera legal. Su última audiencia estaba programada para el 20 de mayo y se le otorgaron unas semanas para recopilar documentos que respaldaran su caso.

Sin embargo, “fue engañado y deportado arbitrariamente antes de completar el proceso” y hasta entonces su familia solo sabe que fue llevado a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

Sin oportunidad de defensa

La tía de Gustavo Adolfo Aguilera Agüero comentó que el joven, oriundo de La Fría, estado Táchira, fue trasladado a El Salvador sin la oportunidad de defenderse.

«Mi sobrino emigró, como muchos venezolanos, atravesando el Darién debido a la crisis económica que hay en nuestro país, con la esperanza de encontrar una mejor calidad de vida y apoyar a su familia, esposa e hijos. Permaneció en México por siete meses, esperando su cita migratoria. Finalmente, el 17 de diciembre de 2023 ingresó a Estados Unidos, donde ya trabajaba y tramitaba su documentación de manera legal«, cuenta.

Su detención ocurrió de manera arbitraria y en su propia casa. Mientras arreglaba su vehículo y sacaba la basura, agentes de ICE se acercaron y le hicieron preguntas. Al preguntarle dónde vivía, respondió con sinceridad y permitió que los agentes ingresaran a su hogar, convencido de que no debía nada.

Allí, interrogaron a su esposa, quien se encontraba con su bebé. También le mostraron una fotografía preguntándole si conocía a cierta persona, a lo que él respondió que no. Luego, le pidieron que se levantara la franela y al ver sus tatuajes lo detuvieron para investigaciones.

Estuvo detenido aproximadamente un mes en Texas, luego fue trasladado a Río Negro, donde le notificaron que sería deportado, supuestamente lo enviarían a Venezuela. Hasta el último momento, pudo comunicarse con su madre a través de una tablet proporcionada en la prisión. Le aseguró que pronto llegaría a Venezuela, por lo que lo esperaban en casa.

Sin embargo, al ver los videos de los dos aviones que habían llegado, se dieron cuenta de que fue enviado a El Salvador. 

«Lo único que pedimos es justicia. Estos jóvenes emigran buscando mejores oportunidades y condiciones de vida, pero ahora enfrentan una situación crítica. Pedimos a las autoridades nacionales e internacionales, así como a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que actúen ante este caso y velen por las personas inocentes que han sido injustamente detenidas. No sabemos en qué condiciones están, cómo los tratan, cómo duermen o si sus derechos están siendo vulnerados», expresa su tía.

La tía de Aguilera Agüero recalcó que esta situación no debe ser vista desde una perspectiva política, sino desde la humanidad. “Como tía de Gustavo y como venezolana, hago un llamado a la conciencia y a la justicia”, dice.

Los tatuajes: el único motivo

Gabriela Mora comparte una historia similar: su esposo, Carlos Alexis Uzcátegui, asistió a su entrevista de cita CBP One para ingresar a Estados Unidos el 10 de diciembre y acabó detenido. El tatuaje fue el motivo y al instante fue puesto bajo custodia de ICE, siendo trasladado al Centro de Detención Del Valle Facility en Texas.

«Permaneció allí hasta el 15 de marzo, cuando me llamó para informarme que sería deportado a Venezuela y que no podría comunicarse más conmigo hasta su llegada. Posteriormente, no recibí noticias sobre su paradero. Al ver los primeros videos de la llegada de detenidos a El Salvador, me percaté de que mi esposo estaba en uno de los autobuses, entre las personas que fueron llevadas injustamente a ese país«, recuerda.

Carlos no tiene antecedentes penales ni vínculos con el Tren de Aragua, según su esposa. Es un trabajador minero del municipio de Lobatera, en el estado Táchira, que emigró en busca de un mejor futuro para él, su esposa y su hija. No ha cometido ningún delito en Estados Unidos, ya que ni siquiera logró ingresar al país.

«Su detención y deportación carecen de fundamento legal», destacó Gabriela Mora. Exigió que se respete el debido proceso y se demuestre su inocencia para que pueda regresar a casa.

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