Las protestas en contra de los resultados de las elecciones presidenciales, anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron como ganador a Nicolás Maduro, siguen dejando víctimas. Desde el mes de noviembre han ocurrido cinco muertes de presos poselectorales, sin que los órganos de justicia (Ministerio Público, tribunales) hayan investigado de forma adecuada estos decesos bajo custodia del Estado.
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, recordó que las muertes de personas privadas de libertad «son siempre responsabilidad del Estado» e hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas inmediatas «para garantizar que todos los presos bajo su custodia sean tratados humanamente».
A juicio de Murillo, el deceso de Lindomar Amaro Bustamante, ocurrido en la cárcel de Tocorón, «subraya la necesidad de la inmediata liberación de todos los presos por motivos políticos».
Esta petición también fue expresada por la organización Justicia, Encuentro y Perdón, que señaló que esta muerte se da «en un contexto de denuncias previas por maltrato, aislamiento y falta de atención médica. Esta es al menos la sexta muerte bajo custodia del Estado desde 2024, lo que evidencia situaciones muy graves que deben ser investigadas».
Muertes con responsabilidad del Estado
La abogada Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, insistió en que «más allá de los delitos por las que estas personas son acusadas o tienen responsabilidad directa, hay una responsabilidad del Estado respecto a estas muertes y lo que corresponde es que las autoridades del sistema de justicia, tanto el Ministerio Público como tribunales, iniciaran las investigaciones correspondientes sobre las causas de esos decesos y establecer la responsabilidad que haya habido en función de esas muertes».
Según una revisión hecha por TalCual, solo en una de las muertes de presos poselectorales (Jesús Martínez Medina) hubo un pronunciamiento del Ministerio Público, aunque no se indicó sobre una investigación al respecto. Mientras que en los casos de Jesús Rafael Álvarez, Osgual Alexander González y Lindomar Amaro Bustamante, sus entierros fueron controlados por funcionarios de cuerpos de seguridad.
«A las víctimas indirectas se les está negando el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a una reparación porque claramente está establecido en nuestra Constitución nacional que cuando el Estado incurre en algún tipo de responsabilidades de este tipo las víctimas no solo tienen derecho a la justicia sino también derecho a una reparación integral», aseveró en una entrevista a NTN24.
Tras este tipo de sepelios controlados, señaló Tineo, tampoco se les da a las familias algún tipo de información.
«Estas familias se quedan con una pérdida irreparable. Una madre que queda sin su hijo, sin respuestas, sin justicia, sin acceso a ningún tipo de reparación y encima aterrorizada porque empieza este sistema lamentable de represión para silencio (…) Al final esto se traduce en más impunidad, por eso insistimos en que no es solo una responsabilidad por acción, por lo que pudo haber pasado, sino también por omisión y una de las formas de omitir es no investigar, es no dar cuenta de qué ocurrió y de que las víctimas puedan obtener justicia», aseveró la abogada.
Desde 2014, organizaciones de derechos humanos han reportado al menos 20 muertes de personas detenidas por motivos políticos. De estos fallecidos, el Estado informó públicamente sobre investigaciones o supuestas causas en las muertes del exconcejal Fernando Albán, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el ingeniero Ángel Sequera, el general Raúl Isaías Baduel, Leoner Azuaje, Juan Almeida y Marino Lugo Aguilar.
Conoce aquí la lista de presos poselectorales muertos bajo custodia.
TalCual.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.el-carabobeno.com
Publicado el: 2025-05-12 11:14:00
En la sección: Noticias de Venezuela.