Trabajadores piden nuevo contrato social
Los bonos que hoy reciben millones de trabajadores venezolanos a través del sistema Patria apenas alcanzan para cubrir servicios públicos, como luz, agua y gas, que son provistos por el propio Estado. Así lo denunció Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI), quien señaló que estos ingresos no representan un salario real ni garantizan condiciones mínimas para el trabajo decente.
“Es como el cuento del real y medio: el Estado te da el bono, pero te lo cobra con los servicios que él mismo presta. Al final, no te queda ni siquiera para pagar el transporte para ir a trabajar”, afirmó durante la 81 Asamblea Anual de Fedecámaras.
La dirigente alertó que, con el actual ritmo inflacionario, en menos de dos semanas el salario mínimo real de los trabajadores llegará a un equivalente de un dólar mensual.
En este contexto, León insistió en que Venezuela necesita urgentemente repensar su modelo de relaciones laborales y avanzar hacia un nuevo contrato social. “Las reglas de juego cambiaron. El salario no cubre la canasta de alimentos ni de servicios. Y los derechos de los trabajadores están desapareciendo”, advirtió.
Diálogo tripartito en marcha, pero sin propuestas estructurales
La central sindical que preside León es una de las siete reconocidas en el país, y forma parte de la mesa tripartita de diálogo con el Gobierno y el sector empleador, en el marco de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, tras dos años de reuniones, apenas se ha empezado a discutir el Convenio 26, que trata sobre el método para establecer un salario mínimo justo para los trabajadores.
“La mesa sigue abierta, pero la última sesión del foro con la OIT fue en febrero del año pasado. Aún no hemos recibido una propuesta formal del Estado para reformar la Ley Orgánica del Trabajo ni para abordar el tema de las prestaciones sociales”, señaló.
Por parte del sector empresarial, Alejandro Di Silvestro, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de Fedecámaras, defendió el diálogo social como mecanismo para revisar las normas del mercado de trabajo.
“Tiene que evaluarse qué cambios se requieren en las relaciones laborales y el sistema de remuneración, de forma consensuada entre el Estado, los empleadores y los trabajadores”, expresó.
Un país con pobreza salarial y sin estabilidad para los trabajadores
León sostuvo que el modelo laboral venezolano se fracturó por la crisis económica, política y las sanciones internacionales, pero también por la ausencia de políticas coherentes. “El ciclo económico es esquizofrénico: un día hay inflación, al siguiente recesión. No hay estabilidad que permita proyectar mejoras para los trabajadores”, denunció.
La central ASI propuso junto a Fedecámaras una ley de emergencia laboral con un régimen transitorio para proteger a los trabajadores durante la crisis, pero no ha habido avances concretos. Mientras tanto, millones de trabajadores siguen en situación de pobreza salarial.
En total, el impacto de la precariedad laboral afecta a más de 12 millones de personas, considerando a los 3,5 millones de empleados públicos, 4,5 millones de trabajadores del sector privado, y unos 5,5 millones de jubilados y pensionados cuyos derechos fueron homologados por el expresidente Chávez a los de los activos.
Prestaciones y certeza para el empleador: el debate continúa
Di Silvestro recordó que entre 1997 y 2012 existió en Venezuela un sistema de cálculo anual de prestaciones sociales que generó beneficios tanto para trabajadores como para empleadores. “La evidencia demuestra que los ingresos mejoraron, y las empresas tenían certeza sobre su obligación. En un entorno inflacionario como el actual, es casi imposible anticipar el costo laboral de aquí a cinco o seis años”, explicó.
El empresario también reconoció que, aunque el salario mínimo oficial se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares, los ingresos actuales son muy superiores. “Hoy, en el sector público se pagan cerca de 160 dólares al mes, y en el privado entre 180 y 190. Pero los beneficios como vacaciones, utilidades o prestaciones siguen calculándose sobre ese salario mínimo de 130 bolívares, y eso genera distorsiones”, señaló.
Trabajo decente no es negociable: urge revisar el sistema
Para los empresarios, como para los sindicatos, el sistema debe revisarse. “No se trata de eliminar las prestaciones a los trabajadores, sino de revisar la fórmula de cálculo. El antecedente histórico de 1997 demuestra que es posible hacerlo a través del diálogo social”, subrayó Di Silvestro.
Tanto Fedecámaras como las centrales sindicales coinciden en que el diálogo social es el único camino. “La modificación y establecimiento de reglas del mercado de trabajo tiene que hacerse de forma consensuada. Esa es la única vía para que los trabajadores reciban el salario que merecen y que las empresas puedan planificarse”, concluyó.
León, por su parte, insistió en que el nuevo modelo laboral debe construirse sobre la base del respeto a los derechos de los trabajadores. “No se puede hablar de productividad a costa del sacrificio. Trabajo decente significa dignidad, seguridad, justicia. Y ese es el objetivo que todos deberíamos tener en común”.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.el-carabobeno.com
En la sección: Noticias de Venezuela.
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