▷ A cuatro años del último aumento salarial: La agonía del poder adquisitivo en Venezuela #2Abr

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Cuatro años han pasado desde el último aumento legal del salario mínimo en Venezuela, cuando en aquel entonces Nicolás Maduro, emitió un decreto en el que se anunciaba un monto de 130 bolívares como la base salarial que recibiría todos los venezolanos desde aquel 15 de marzo de 2022, una cantidad que, con el pasar del tiempo y el aumento sostenido de la inflación, se convertiría en algo meramente simbólico, llegando a ser el equivalente de solo 0,27$.

Para ese momento, el tipo de cambio oficial, era de 4.29 Bs, lo que daba un valor de 30 dólares, una cifra que de igual manera, posicionaba el ingreso mínimo de los ciudadanos, como uno de los más bajos de la región, desde entonces, su valor cayó en picada a medida que la brecha cambiaria aumentaba; a día de hoy, el BCV fija el cambio del dólar en 474,05; dejando el sueldo de los venezolanos en 0,27$, no obstante, el ejecutivo no ha tomado acciones para revertir esta situación.

Esta parálisis del salario nominal ha ocurrido en un contexto donde la inflación ya no se mide solo en la moneda local, Venezuela ha experimentado un fenómeno de «inflación en dólares», donde los costos de bienes y servicios básicos en divisas han escalado de forma agresiva.

Esto implica que, incluso para aquellos sectores que logran dolarizar parte de sus ingresos, la divisa norteamricana ha perdido capacidad de compra internamente, haciendo que el costo de la vida en el país sea comparable o superior al de naciones con economías mucho más robustas y salarios mínimos que superan los 400 dólares.

Desde entonces, en la práctica el ingreso de los venezolanos fue «bonificado», el denominado bono de guerra tomó cada vez más protagonismo, sumándose al llamado cestaticket socialista, anclado en 40$ desde mayo del 2023, han desplazado al sueldo mínimo, una situación que mantiene alarmados a los gremios y sindicatos de trabajadores, quienes alegan que esta situación perjudica los beneficios de los trabajadores.

La pulverización del poder adquisitivo se manifiesta con especial crudeza en este esquema de bonificación, al no tener incidencia salarial, los aumentos en los bonos funcionan como un analgésico temporal que no detiene la emergencia financiera del trabajador, el consumo por su parte se ha visto erosionado al punto de la precariedad, donde la clase trabajadora ha tenido que renunciar a gastos fundamentales en salud, educación y mantenimiento preventivo del hogar, destinando casi la totalidad de su flujo de caja a una dieta cada vez más restrictiva y de menor valor nutricional.

Aunque desde el ejecutivo señalan que el Ingreso Mínimo Integral (IMI) es de 190$, dividido entre el bono de guerra -aumentado a 150$ en el mes de marzo- y el cestaticket, la base del cálculo para las prestaciones sociales sigue estancada en 130 bs, pues como lo indica la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), las prestaciones, vacaciones y aguinaldos se calculan sobre el salario, este al estar en dicho monto, no aumentan, al contrario mes a mes, siguen devaluando su valor.

Por tanto, las jubilaciones a día de hoy, dan como resultado un pago que no hace justicia por los más de 20 o 30 años de servicio que una persona ha entregado a una institución, lo mismo ocurre con la retroactividad salarial, como el último sueldo no ha aumentado, la multiplicación por los años de servicio da como resultado montos que no tienen valor de cambio en la economía actual.

Economía la cual, ha destruido el poder adquisitivo de los venezolanos, en donde la canasta básica alimentaria, según datos del CENDAS-FVM se ubica en los 650$, cifra que pone muy por debajo el ingreso promedio de los venezolanos, quienes perciben unos 200-250$, incluso en el sector privado, esto sin contar los gastos de servicios, transporte o alquiler.

Por otra parte, el ahorro familiar, desde hace mucho tiempo, también se vió comprometido, muchos núcleos familiares, dejaron de ahorrar incluso en divisas, pues el gasto mes a mes, superó las capacidades de ahorro, el dinero que entra a los hogares venezolanos es gastado de inmediato para cubrir una parte de las necesidades básicas.

Esta imposibilidad de ahorro ha desarticulado la planificación a futuro de la familia venezolana, al ser el dólar una moneda que también sufre los embates de la dinámica interna de precios, el ciudadano se encuentra atrapado en una carrera donde los precios siempre corren más rápido que el ajuste de sus ingresos, la escasez de divisas ha terminado por confiscar el excedente que antes permitía afrontar emergencias, convirtiendo cualquier imprevisto médico o doméstico en una tragedia financiera inasumible para la mayoría.

De esta forma, la sociedad venezolana se mantiene a la espera de un aumento del sueldo mínimo, que les permita no solo obtener mayores ingresos, sino que también revalorice las prestaciones sociales y las jubilaciones, sin que esto se devalue con el pasar de los meses.

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